Una propuesta para la crisis

1.05.08

Si se tiene en cuenta que el Congreso de la República, entre Senado y Cámara, está integrado por 260 miembros, casi la tercera parte del órgano legislativo podría quedar condenada, impedida o simplemente en tela de juicio. Esta situación no tiene antecedentes en ningún país. Y como el proceso se ha desarrollado gradualmente, no todo el mundo ha adquirido conciencia de que un país no puede funcionar así.

El Presidente de la República, quien es consciente de la gravedad de la situación, hasta ha considerado que la fórmula para solucionar el problema es la reforma constitucional que ya lleva cinco debates en el Congreso. Todos los observadores políticos coinciden en que esto no son más que paños de agua tibia. La crisis es demasiado profunda como para pretender que con medidas como la ‘silla vacía’, la rotación de las comisiones o cambios del umbral, el Congreso puede recuperar su legitimidad, o los colombianos volver a creer en este.

Para que esos dos requisitos se cumplan, será necesario recurrir a fórmulas más radicales. Estas han sido esbozadas por algunas voces independientes, pero han quedado en el aire por aparente falta de consenso o de viabilidad. El propio Álvaro Uribe ha manifestado que cualquier iniciativa que vaya más allá de la reforma constitucional podría atentar contra la estabilidad institucional del país. Igualmente, ha señalado que recurrir a esas fórmulas para satisfacer a la opinión pública es hacer política espectáculo, a lo cual él no le jala.

La actitud del primer mandatario es responsable, pero puede estar equivocada. El país se encuentra en un callejón sin salida. Los paramilitares están practicando una evidente estrategia de enlodar de para-política a cuanto congresista haya tenido contacto con ellos, por más marginal que este haya sido. Es por eso que en los últimos días se han reactivado los ventiladores de esos personajes (ver artículo siguiente). La idea detrás de esto es que si todos son culpables, nadie es culpable. Como estrategia, esta maniobra no es absurda. Pero no es fácil para los administradores de justicia definir criterios de culpabilidad o inocencia ante tal avalancha de denuncias.

Y eso tal vez es lo que ha sucedido. En el mismo costal se han metido pecados mortales y pecados veniales. Congresistas que han incurrido en hechos verdaderamente graves, como la coautoría de asesinato para eliminar un rival político, son registrados por la opinión pública al mismo nivel de otros que, de curiosos, ingenuos o imprudentes, consideraron que para seguir haciendo política era conveniente aceptar la invitación del jefe paramilitar de la región. Al llegar allá, no se hablaba de motosierras sino de un proceso de paz, con lo cual tranquilizaban sus conciencias.

La mayoría de los investigados está en una zona intermedia entre estos dos extremos: sin tener cercanía con el grupo armado, no se limitaron a una reunión protocolaria, sino que participaron en componendas y arreglos que los beneficiaron electoralmente. Eso es lo que está hoy sobre el tapete con cerca de 70 parlamentarios investigados. Y la más grave consecuencia de esto es que el Congreso como institución quedó en un limbo. Su credibilidad, tanto en el nivel nacional como en el internacional, es nula. El Parlamento en la actualidad no tiene legitimidad por su origen para-político y no es operante por sustracción de materia. Son tantos los congresistas que tienen que declararse impedidos, que se hace imposible hacer las mayorías necesarias para aprobar las leyes.

Ese es el panorama en la actualidad y es evidente que la reforma política que es tramitada por el Congreso no va a solucionar ninguno de estos problemas. Tal vez llegó el momento de pensar en forma seria en adelantar las elecciones de Congreso. Esto en la práctica es lo mismo que una revocatoria, pero esta última fórmula iría contra las normas constitucionales. Adelantar las elecciones, que es posible jurídicamente, sería visto por la opinión pública nacional y la comunidad internacional como un mensaje del reconocimiento de la gravedad de la crisis. Se vería una intención de remediar una enfermedad y de purgar desechos.

Con la nueva elección no cambiaría necesariamente la integración del Congreso, pero sí su legitimidad. Al fin y al cabo, el paramilitarismo ya no está en capacidad de definir los resultados electorales como en el pasado. Igualmente, se evitaría el triste espectáculo de estar inventando fórmulas para reemplazar a los caídos, pues la nueva elección automáticamente llenaría todas las curules. Desde el momento en que se anuncie una iniciativa de esta naturaleza, cambiaría el ambiente en el país. Y la mejoría de imagen en el nivel internacional tendría una incidencia favorable en el manejo de temas tan fundamentales como la aprobación del TLC.

El adelanto de las elecciones debería ir acompañado de una medida muy controvertida pero necesaria para que la fórmula tenga viabilidad: la conmutación de la pena de cárcel de los congresistas por la de muerte política. En otras palabras, podrían recuperar la libertad, pero nunca podrían ser candidatos para cargos de elección popular u ocupar cargo público alguno. La conmutación de la pena no es una ley de punto final, pues los procesos judiciales siguen su curso y desembocan en absoluciones o condenas. Y en el caso de estas últimas, estarían acompañadas de la sanción social. Para los congresistas la muerte política es un castigo casi comparable a la cárcel. Pero es más justo, pues en lo que respecta al fenómeno de la para-política, no todo es blanco o negro. La mayoría de los casos está en una zona gris y la manera como se percibe desde Bogotá no interpreta el contexto en que se dieron los hechos en las regiones que estaban bajo el control de los paramilitares. Adicionalmente, el día que les llegue a los para-políticos su eventual excarcelación, ya habrán pagado los años de prisión que llevan a la fecha, más el tiempo que se tome la aprobación del nuevo acuerdo. Eso podría sumar, para algunos de ellos, fácilmente dos o tres años.

La conmutación de la pena no sería aplicable para los para-políticos que por acción o por omisión participaron en delitos como homicidios, desplazamientos, masacres u otros de lesa humanidad. En términos generales, beneficiaría principalmente a los que hicieron pactos electorales.

La manera de darle legitimidad al adelanto de las elecciones y la conmutación de las penas sería un referendo. Este instrumento se creó para volver realidad constitucional iniciativas populares que cuenten con un apoyo masivo. Los siete millones y medio de votos que se requieren, aunque muy difíciles de obtener, en este caso se lograrían si el contenido es percibido como una fórmula para acabar con la crisis de la para-política y renovar el Congreso. Algunos constitucionalistas consideran que una alternativa sería una consulta popular, que por definición es una consulta que el Presidente le hace al pueblo. Esta es más fácil de poner en marcha, pues sólo requiere la firma de todos los ministros y el concepto favorable del Senado. Además no requiere un número de votos específico. Sin embargo, como sólo el Jefe del Estado puede poner este instrumento en marcha, mientras no esté comprometido será más probable el referendo.

Un referendo se podría convertir en ley en la legislatura que termina el 20 de junio. Y su votación podría estar lista para el segundo trimestre de 2009. Si es aprobado, las elecciones de Congreso podrían tener lugar a mediados del próximo año. Para que la duración de ese Congreso empate con las elecciones presidenciales de 2014, el período tendría que ser de cinco años por una sola vez. Esta solución es mucho más clara y más sólida que la que se adoptó con motivo de la Constituyente de 1991, que fue la de un ‘congresito’ temporal.

Un acuerdo de esta naturaleza podría obtener las mayorías necesarias para pasar en el Congreso. Los partidos políticos lo apoyarían porque, a pesar de su resistencia a adelantar las elecciones, consideran que la conmutación de la pena para sus militantes es un acto de justicia que amerita ese sacrificio. Con el partido de La U, Cambio Radical, el Liberal y el Polo Democrático se conseguirían las mayorías necesarias. Pero es presumible que el Partido Conservador y los otros partidos no se opongan.

Es probable que la Corte Suprema tampoco. Al fin y al cabo, no se le está recortando ninguna de sus atribuciones o funciones, ni se están suspendiendo las investigaciones. Por otra parte, aunque un sector de la población perciba esta fórmula como una amnistía o un indulto, los magistrados saben que no lo es. Finalmente, si fue aprobado en referendo, es la expresión de la voluntad popular. Además, los procesos tendrán curso hasta su fin y se impartirá justicia.

La Corte Constitucional tradicionalmente se opone a la modificación de los períodos de los cargos de elección popular. Sin embargo, esto lo hace por considerar que el que lo propone generalmente desea prolongarse en el poder. En este caso, el Congreso estaría dispuesto a darse la pela de reducir su período y asumir el costo de una nueva elección. En esas circunstancias, y ante la emergencia nacional por la crisis de la para-política, es posible que la Corte no tenga objeciones.

La mayor oposición vendría de los grupos que han convertido en una cruzada la lucha jurídica contra la para-política. En esta categoría están muchas ONG, los familiares de las víctimas y algunos sectores de izquierda. Sin embargo, si se tiene en cuenta que los delitos de lesa humanidad no estarán incluidos en la conmutación de la pena, que la renovación del Congreso es una prioridad para estos grupos y que en un referendo tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista, es factible que acepten las reglas del juego, aunque no compartan el resultado.

La verdad es que una iniciativa de esta naturaleza no se puede originar ni en el gobierno ni en el Congreso, pues los dos tendrían un aparente conflicto de intereses por el fantasma del paramilitarismo que los ronda. Un referendo como el propuesto, si bien no es la fórmula perfecta ni la panacea, sí es la fórmula más realista para doblar la página de la para-política.

¿Y qué papel jugaría el gobierno? El Presidente, quien en una época consideraba adelantar las elecciones como un salto al vacío, ha estado más flexible recientemente frente a esta alternativa. Tal vez este giro obedezca en parte a que es evidente que su reforma política fracasó. En cuanto a la conmutación de la pena de cárcel por la muerte política, él mismo la sugirió hace un año para los paramilitares rasos. Pero tuvo que recoger velas ante la interpretación por parte de sus críticos de que lo que buscaba era darles una mano a sus aliados políticos o a sus familiares.

Hoy las circunstancias han cambiado y la gravedad de la crisis vuelve aceptable lo que antes no lo era. Hasta ahora, Álvaro Uribe no ha manejado en forma atinada la encrucijada. Mientras el país está contra el Congreso y con la Corte, él ha estado en el bando opuesto: con el Congreso y contra la Corte. Independientemente de si tiene la razón o no, esa actitud no ha sido bien recibida ni en el país ni en el exterior. Liderar un referendo o una consulta popular con la fórmula propuesta en este escrito le permitiría retomar la iniciativa en términos que no afectarían ni sus mayorías en el Congreso ni su popularidad. Y, de paso, le ahorraría al país el choque de trenes y la distracción que ha producido la crisis en el gobierno, lo cual ha afectado su capacidad de acción.

El único obstáculo grande que existe para que esta iniciativa llegue a buen puerto es la reelección presidencial. El Partido Liberal, Cambio Radical y el Polo Democrático no estarían dispuestos a sumarse a una salida de esta naturaleza, a menos que el Presidente renuncie en forma clara a un tercer período. Uribe ha enviado señales contradictorias al respecto. A veces dice que la única reelección que le interesa es la de la seguridad democrática; otras, que su prioridad es que en el país haya nuevos líderes y, finalmente, que es inconveniente que un presidente se perpetúe en el poder. Sin embargo, este juego ambiguo tiene que terminar si el gobierno está de verdad interesado en solucionar la crisis de la para-política. Para llegar a un consenso nacional como el que se propone, todas las partes tienen que hacer concesiones. El fantasma de la reelección hace que todas las actuaciones del gobierno caigan bajo la sospecha de un interés electoral. Medidas como la extradición de ‘Macaco’, la adjudicación de un tercer canal de televisión o la rotación de congresistas por comisiones para obtener quórum, pueden ser convenientes o necesarias, pero, con la reelección de por medio, son percibidas por algunos como jugadas políticas.

Para llegar a un referendo se necesita un acuerdo político en el cual se sienten en la misma mesa Álvaro Uribe, César Gaviria, Carlos Gaviria, Germán Vargas y otros. Esa reunión no tendrá lugar mientras los últimos piensen que todo ese esfuerzo es sólo para hacerle campaña al primero.

www.semana.com
26/04/2008

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