"Nos están exterminando por crear cambios"

19.06.08

Colombia

“Nos están exterminando por crear cambios”

La organización campesina ACVC, apoyada por la Unión Europea, trabaja por el derecho a la tierra que han cultivado durante décadas. Pero poderosos intereses políticos y económicos intentan a toda costa exterminar la organización, cuenta el presidente de la ACVC.
Nina Trige Andersen / Miércoles 18 de junio de 2008 / dansk

La semana pasada, campesinos colombianos apelaron por protección ante los abusos por parte del estado colombiano durante una audiencia en el parlamento de la Unión Europea.

“Nuestra región es rica en recursos naturales – petróleo, oro y minerales, y la tierra es fértil. Por eso el estado colombiano quiere expulsar a los campesinos de allí, para que las empresas multinacionales puedan asumir el control de estas tierra que hemos cultivado durante 30 años”, dice Carlos Martínez, presidente de la organización campesina ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra).

Después de la audiencia en Bruselas, Information entrevistó a Carlos en Copenhague, donde se encontraba por invitación de la organización de solidaridad Foro Internacional.

La región del Magdalena Medio donde trabaja la ACVC, ha tenido el estatus de “laboratorio de paz”, financiado por la UE desde 2002. Pero según el relato de Carlos Martínez hay más “laboratorio” que “paz”.

Desde los años 80, miles de líderes sindicalistas, líderes de los movimientos sociales y campesinos civiles han sido asesinados por grupos de escuadrones de la muerte con nexos directos o indirectos con el estado. Según Carlos Martínez, el único delito de esas víctimas es que han sido capaces de crear cambios políticos y sociales en Colombia.

Durante el último año, el estado colombiano ha iniciado una ofensiva de criminalización del trabajo de la ACVC, acusando a los campesinos de tener nexos con el movimiento guerrillero de las FARC.

“Nosotros no somos parte del conflicto armado. Somos campesinos luchando por el derecho a una vida digna y el derecho a la tierra que nos da la vida. Viajamos a la UE para hacerles a los parlamentarios entender la grave situación que vivimos. Es nuestro deseo que la UE no sólo vigile la región, sino que se dirija directamente al gobierno colombiano exigiendo el fin de las violaciones de los derechos humanos fundamentales”, dice Carlos Martínez.
Criminalizado

La mayoría de la dirección de la ACVC ha sido expulsada de la actividad política desde septiembre del año pasado. Cuatro dirigentes fueron encarcelados en ese mes, acusados por colaboración con las FARC.

Dos dirigentes más fueron encarcelados en enero, y la fiscalía ha emitido órdenes de captura contra otros seis dirigentes de la ACVC. Los cuatro que detuvieron en diciembre han sido liberados ahora por la falta de pruebas en el período de seis meses que es el límite en Colombia.

“Exigimos dos cosas con la ayuda de la UE: Lo primero es la liberación de nuestros dirigentes y la anulación de los órdenes de captura. Lo segundo es el restablecimiento de las zona de reserva campesina que fue reconocida por parte del gobierno en 2000”, dice Carlos Martínez.

Las zonas de reserva campesina se anularon después de solo tres años, por orden de un político que hoy día se encuentra encarcelado por nexos con los grupos paramilitares en Colombia [el senador uribista Carlos Clavijo, nota de Prensa Rural].
Genocidio político

Carlos Martínez fue concejal en su pueblo de 1986 a 1995, por el partido Unión Patriótica (UP), el cual hoy día está totalmente exterminado.

El partido fue creado en 1985 por una iniciativa de las FARC, como parte de negociaciones de paz con el estado, pero la UP se estableció como una alianza amplia de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones campesinas.

“Tienen que entender que la idea de crear la UP vino de las FARC, la guerrilla como organización nunca tuvo presencia en el partido”, dice Carlos Martínez, y continúa:

“La iniciativa creó espacio para que nuevos grupos participaran en la vida política abierta y en las administraciones locales. Nosotros como campesinos queríamos tomar parte de eso. Fue un importante proceso político y social que tuvo lugar durante 15 años y que conllevó grandes cambios. En un momento el respaldo a la UP era tan grande que aspirábamos a que un día uno del pueblo llegaría a la presidencia. Pero entonces empezó el genocidio político”.
La historia se repite

Uno por uno los dirigentes de la UP fueron asesinados, desde los concejales hasta los candidatos presidenciales, cuenta Carlos Martínez:

“Esa es la parte cruel de la historia. Todo se estaba cambiando y mejorando en el campo donde antes no había ni sistema de salud, ni escuelas o transporte. Y entonces la UP fue eliminada de la vida política pública por ejecuciones sistemáticas”.

Según Amnistía Internacional, más de mil colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente sólo en el año 1994. Es esta la historia que Carlos Martínez ve repetirse sin final. Un miembro de la ACVC es asesinado cada mes, en promedio. Intentan pacificar la dirección criminalizándola con acusaciones de nexos con la guerrilla.

“Los campesinos sabemos que el país ha vivido una guerra interna durante 40 años. A nosotros sólo nos queda una opción para cambiar nuestras condiciones de vida y la gran desigualdad que existe en el país —y es seguir nuestro trabajo por una participación abierta en la vida política y en la administración de la región”, dice Carlos Martínez.

Martínez espera el apoyo directo de la UE al desarrollo de la región del Magdalena Medio y agrega:

“Durante los últimos tres años ha habido una enorme escalada militar en la región, y la gente empieza a huir. Queremos que la Unión Europea reconozca nuestros sufrimientos, y que presione al estado colombiano para que respete los derechos humanos y los acuerdos que tenemos sobre el derecho a la tierra. Los colombianos muertos no pueden crear cambios”.

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