Humo y espejos - Ayuda militar britanica a Colombia

24.06.08

By Joanne Crouch
IPO – International Peace Observatory

Como ciudadana británica viviendo en Bogotá y expuesta a las duras realidades de la crisis de Derechos Humanos aquí en Colombia, he tenido muchas ganas de saber qué están haciendo mi gobierno y mis impuestos en este país. Me encantaría decir que la inversión de mi tiempo leyendo sobre este tema ha revelado algunas verdades. Sin embargo, la verdad real es que toda la información que hay sobre la temática está clasificada, lo cual lleva a los británicos a preguntarse si es que su gobierno estaría tal vez financiando abusos de derechos humanos en Colombia.

No soy la primera persona que busca información acerca de la participación del Reino Unido en el conflicto civil continuo que pasa aquí en Colombia. Diferentes personas, políticos y organizaciones con mucho más peso político que yo han intentado conseguir la verdad y las realidades de la financiación británica. No han llegado a ningún lado. Hace poco tiempo, en julio del 2007, el canciller Kim Howells se negó a revelar los detalles financieros de esta ayuda, y más importante, quién la recibe finalmente, argumentando que esto podría dañar las relaciones internacionales. (Guardian, 29 de agosto de 2007).

La Información ha sido clasificado por que podría dañar las relaciones con Colombia y por tanto, podría poner en peligro los intereses británicos en el país andino. Como ciudadana del Reino Unido, con pasaporte británico, pagando impuestos británicos y viviendo por la mayor parte de mi vida en Inglaterra, encuentro esto algo alarmante.

Colombia tiene antecedentes muy inquietantes en materia de violación de derechos humanos, y aunque una parte de esta historia de violencia puede ser atribuida a las fuerzas insurgentes, son las fuerzas del Estado y los paramilitares los que han cometido la gran mayoría de los abusos contra la población civil, como numerosas investigaciones de grupos internacionales de derechos humanos y las Naciones Unidas han demostrado.

Si la ayuda militar británica está llagando al gobierno colombiano con el propósito específico de financiar, apoyar, o mejorar operaciones militares, y sabemos que el ejército comete cantidades significativas de violaciones atroces de derechos humanos, hay que preguntar si Inglaterra está implicada en apoyar y facilitar estas violaciones. El gobierno británico no está depuesto a revelar la verdad, pero cuando salen noticias de “15 soldados colombianos entrenados por instructores británicos masacran a 10 policías antinarcóticos en 2006”, desacredita la teoría de mi gobierno de que la ayuda militar se da para suprimir el tráfico de cocaína y mejorar la situación de derechos humanos aquí.

En este caso particular, el Coronel Bayron Carvajal y 14 soldados más han sido condenados, y están esperando sus sentencias. Han sido vinculados directamente a grupos paramilitares y se sabe que llevaron a cabo la masacre por intereses de capos del narcotráfico. Este batallón particular ha recibido ayuda británica desde su fundación en 2003. El canciller Howells afirmó que sólo reciben entrenamiento en derechos humanos. Sin embargo, parece que dicho entrenamiento es, en el menor de los casos, ineficaz.

Mientras emergen este tipo de contradicciones, Inglaterra tiene una obligación de reconsiderar su apoyo financiero a la región e investigar a dónde va. Sabemos de este masacre en Jamundi en el 2006 porque fue la policía colombiana la que fue afectada. Pero ¿cuántas violaciones más han tenido lugar que no conocemos? El gobierno se niega a revelar la cantidad de dinero, cómo se gasta, y dónde va. Pero aun más preocupante es que el gobierno británico se niega a decir qué mecanismos de protección de derechos humanos utiliza para evitar abusos a este tipo de derechos. Como mínimo, tiene la obligación de asegurar que la ayuda británica no financia violaciones a los derechos establecidos en la Declaración Universal firmada en París.

Ya que abunda la impunidad y no parece que haya una metodología para impedir el uso de la ayuda militar sin cometer abusos a los derechos humanos, la ayuda militar británica esencialmente se da sin condiciones, y esto contradice la misma postura del gobierno de haber identificado a Colombia como “país de preocupación”.

La resistencia del gobierno británico a tomar una posición mas fuerte que una declaración superficial sobre el escándalo de derechos humanos aquí, solo sirve para preservar la impunidad que existe dentro de Colombia. Tal vez lo que pretende es preservar su propia impunidad. Si no nos dicen la verdad ni nos proporcionan hechos, ¿cómo podemos acusar al gobierno británico de apoyar abusos de derechos humanos? No hay transparencia y, por lo tanto, no tienen que reconocer su responsabilidad por las violaciones a estos derechos.

Inglaterra tiene muchos intereses económicos aquí en Colombia, sobre todo en carbón, petróleo y oro, a través de empresas como el Anglo Gold Ashanti, BP y BHP Bilton. Estas empresas han sido vinculadas una y otra vez con violaciones de derechos humanos que pasan en las regiones donde trabajan. Un caso ejemplar de esto es la mina de carbón El Cerrajón en la Guajira, donde, en el 2001, después de su compra por parte de tres empresas británicas –BHP Bilton, AngloAmerican y Xstrata- el pueblo de El Tabaco fue destruido para abrir paso a la expansión de la mina. Con el gobierno británico actuando por sus intereses económicos, nos sale la pregunta de si este prioriza el dinero por encima de la vida de los habitantes, y por encima de las obligaciones internacionales a los derechos humanos que tiene.

Según el informe de la organización War on Want, Fanning the Flames, de noviembre de 2007: “el gobierno británico ha sido un fuerte defensor del régimen colombiano, y proporciona ayuda militar y de inteligencia a las fuerzas de seguridad responsables no sólo por abusos de los derechos humanos, sino también por crear condiciones favorables a la inversión de empresas británicas, que han invertido más de 16 mil millones de dólares en Colombia, según cifras de la cancillería británica, con la minería y el petróleo como sectores claves”.

¿Realmente es una sorpresa que los hechos sobre la ayuda militar a Colombia sean clasificados, cuando los intereses británicos aquí, como las industrias del petróleo y el oro estan vinculados a abusos de derechos humanos, en su facilitación e incluso promoción?

Si el gobierno británico realmente cumpliera con sus obligaciones al Derecho Internacional Humanitario, y tomara acciones preventivas para evitar que se financien abusos de derechos humanos en Colombia, uno pensaría que Inglaterra confesaría los detalles. El hecho de que todo esté escondido en la sombra sólo aumenta la especulación sobre que intereses reales está apoyando, con el enorme costo humano que supone esto.

Mientras Inglaterra esté cada vez más vinculada a los abusos de los derechos humanos, y salgan más pruebas de su financiación directa a este tipo de violación, el país debe tomar una decisión. O debe confesar qué está haciendo realmente y a dónde va el dinero, o debe dejar de mandarlo. Los secretos en cuanto a su financiación de la fuerza pública colombiana no són una postura que el gobierno británico puede defender con legitimidad cuando tantas vidas humanas están en juego.

Leer más En evidencia

International Peace Observatory  |  Observatorio Internacional de la Paz  |  Bogotá, Colombia  |  NIT: 900.013.419-3

www.peaceobservatory.org  |  info@peaceobservatory.org  |  Telefax: (+57) 1 232 10 06   |  Móvil: (+57) 314 296 47 69