Castaño condiciona su entrega

24.09.06

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Desde la clandestinidad, el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil, hermano de los desaparecidos Fidel y Carlos Castaño, condicionó su entrega a la justicia al cumplimiento de varias exigencias que él denomina garantías. Castaño argumentó que el Gobierno incumplió los acuerdos originales con el estado mayor negociador de las autodefensas y que todo debe volver al escenario que existía antes del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz.

En un comunicado público divulgado a través de la página de internet de las autodefensas, Castaño Gil sostuvo que tiene voluntad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando se les garantice a él y a sus ex compañeros de armas, por vía legislativa, el reconocimiento de delincuentes políticos, tal y como lo establecía el artículo 71 de la Ley 975. En su momento, la Corte Constitucional declaró inexequible esta norma por errores de forma en el trámite de la ley.

Además, Castaño reclamó la publicación de los decretos reglamentarios anunciados por el Gobierno y, por la vía del principio constitucional de la favorabilidad, la restitución de todas las condiciones y garantías jurídicas que los desmovilizados del paramilitarismo tenían antes de la sentencia de la Corte. Asimismo, que se les facilite la continuidad de sus tareas en la denominada zona de Villa de la Esperanza y la opción de seguir liderando sus proyectos productivos.

De igual manera, en su comunicado público y, según Castaño, para efectos de convenir el acuerdo, también exigió una reunión con el Alto Comisionado de Paz, en la cual hagan presencia monseñor Julio César Vidal, como representante de la Iglesia Católica; el jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Estados Americanos; el viceministro del Interior y el director de un medio de comunicación que actúe como testigo de la entrega.

Castaño indicó además que de llegarse a un acuerdo, éste tiene que ser suscrito por las partes, con el aval de la OEA, fijando claramente las condiciones de su entrega, el sitio de su reclusión y la forma de conducción, que sería posible con la presencia del aludido líder religioso, un observador de la OEA y un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo. Todo lo anterior, con plenas garantías de resocialización, a través de una efectiva política educativa en los centros de reclusión.

El líder paramilitar, conocido en las autodefensas con el alias de El Profe, sostiene también que el grupo armado cumplió a cabalidad con todos los compromisos adquiridos con el Gobierno, incluyendo el desarme, la desmovilización y el desmantelamiento de todas sus estructuras militares, pero que el Ejecutivo creó una situación de inseguridad jurídica que cambió las reglas de juego pactadas en los acuerdos originales.

¿Acuerdo incumplido?

Según Castaño, la mayoría de los integrantes del estado mayor negociador fueron capturados después de que se pusiera en marcha la Ley de Justicia y Paz, no se respetaron los salvoconductos a través de los cuales estaban suspendidas las órdenes de captura y el acogimiento a la referida ley se hizo en circunstancias diferentes a las que hoy existen. Además, que no se ha cumplido el compromiso del ex ministro Sabas Pretelt de construir cuatro centros carcelarios para este caso.

Extraditan a Cano

La súbita declaración de Vicente Castaño Gil se produce en momentos en que el Gobierno Nacional, ayer mismo, extraditó a los Estados Unidos al narcotraficante Johnny Cano Correa, quien había sido incluido en una de las listas de presuntos beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Según registros oficiales, otros siete capturados en espera de extradición que también habían sido incluidos en la misma lista, serán remitidos a EE.UU. en los próximos días.

Al cierre de esta edición, el Gobierno no había emitido pronunciamiento alguno sobre las exigencias de Castaño Gil. El alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista concedida a El Espectador la semana anterior, dijo que en el caso de Vicente Castaño no había plazos fatales para su entrega ni instrucciones del Gobierno para hacer efectiva su captura. Restrepo agregó, sin embargo, que quienes se resistieran a la orden presidencial de recluirse debían ser enfrentados militarmente.

Sin embargo, coincidencialmente, en horas de la mañana, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue consultado por RCN sobre la situación de Vicente Castaño, a lo cual respondió: “Si no se entrega será extraditado, una que vez sea capturado”. Ayer mismo se oficializó la petición de extradición, por el delito de narcotráfico, por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Otros líos

A las exigencias de Vicente Castaño para su entrega se suman otros problemas ocasionados después de que el Gobierno ordenara la reclusión de los jefes paramilitares desmovilizados. En concreto, el caso de Hernán Velosa, conocido con el alias de Hernán Hernández, quien a pesar de que se desmovilizó con el denominado Bloque Bananeros de la zona de Urabá, también desapareció y existen dos versiones sobre su suerte: que fue ejecutado o también exige condiciones para su entrega.

En la misma situación y con iguales exigencias están los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos, quienes se desmovilizaron con el denominado Bloque Vencedores de Arauca pero tampoco han atendido la orden de reclusión impartida por el Presidente de la República. Según fuentes allegadas a las autodefensas, los dos jefes no se recluirán hasta tanto el Gobierno no les asegure, a través de un decreto específico, que no se autorizará su extradición.

“Ellos prefieren estar en la clandestinidad y no en la zozobra que de un momento a otro se los lleven a Estados Unidos incumpliendo los pactos iniciales”, observó una fuente consultada por El Espectador. Esta postura contraviene la asumida por el Consejo Editorial de los ex comandantes de las Auc, también incluida en su página de internet, en la cual aceptan su sometimiento a la justicia, aunque piden que puedan crearse las denominadas aldeas de paz para purgar las penas que les impongan.

El asesino de su hermano

Hasta hace cuatro años, el país poco había oído hablar de José Vicente Castaño Gil. Pero una publicación de El Espectador develó que era el mandamás de las Auc, por encima, incluso, de su hermano Carlos. Después se supo que Vicente Castaño estaba detrás de los asesinatos de los congresistas Octavio Sarmiento y Alfredo Colmenares. También que, a través del sujeto Emiro Pereira, había mandado asesinar a una familia de ganaderos de Casanare. Se trataba de los señores Edinson Delgado y sus hijos Otto y Manuel. Después, igual suerte correría otro miembro de esta familia: Eduardo Delgado.

Tras varias publicaciones de prensa, Vicente Castaño empezó a figurar como miembro del Estado Mayor de las Auc. Pero sólo el año pasado dio la cara al país en un reportaje a la revista “Semana”. Entonces dijo no haber participado en ninguno de los delitos que se le endilgaban, y mucho menos ser narcotraficante. Hace poco más de un mes la Fiscalía lo vinculó a una investigación como presunto responsable de la muerte de su hermano Carlos. Desde entonces huye de las autoridades. Un sujeto apodado “Monoleche” guió a la Fiscalía hasta el lugar donde se encontraba sepultado Carlos Castaño. Después, Vicente Castaño dijo no haber estado detrás de la muerte de su hermano.

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