Arauca: nueva ola de detenciones masivas

31.10.06

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La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:

1 Durante los días 27 y 28 de octubre, se desató otra jornada de persecución, estigmatización y judicialización por parte del Estado colombiano contra los dirigentes sociales y comunidad sarareña en general. Esta vez en el municipio de Saravena, más de 120 personas, con el pretexto de averiguarles antecedentes penales, fueron sacadas de sus casas de habitación y de comercio, bares y cantinas, y retenidos por parte de la fiscalía, DAS, CTI, policía y ejército nacional, fueron llevados a la sede del Batallón Revéiz Pizarro, donde supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición, fueron los que seleccionaron a las 19 personas que hoy se encuentran judicializadas y rindiendo indagatoria en las instalaciones del DAS y la Policía de Arauca capital.

Las personas judicializadas son: – VICENTE VERA afiliado al gremio de los CONDUCTORES – MARIELA PANBÓN Madre cabeza de hogar – DORIS GARCÍA Trabajadora social del Hospital San Ricardo Pampuri de Saravena y afiliada a ANTHOC. – DONALDO ARIZALÓN RUEDA trabajador de la Construcción. – ALVARO PINTO secretario de la J.A.C. de Playas del Bojabá. – WILLIAM EFRAIN HIGUERA Trabajador del Hospital San Ricardo Pampuri de Saravena y afiliado a ANTHOC – ORLANDO PAEZ DURÁN Afiliado a SINDICONS – EDUARDO APONTE Ganadero – PABLO APONTE Ganadero – GILDARDO RAMOS Ganadero – JOSÉ VARGAS – FREDDY PINTO – MANUEL PINTO – LUIS FRANCISCO PORRAS – WILLIAM ANDRES CALDERÓN – CARLOS MORENO – JOSÉ LIZARDO VARGAS – LUIS ALBERTO GALINDO – JOSÉ MANUEL PATIÑO

Es oportuno anotar que el señor ALVARO PINTO es el secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda playas de Bojabá, de donde era presidente el señor NELSON ORTIZ, asesinado el pasado jueves 26 de octubre, en inmediaciones del puente de la quebrada Caño Rojo, sin que al momento se tenga conocimiento de los autores y motivos del crimen.

DONALDO ARIZALÓN RUEDA, afiliado al sindicato de los constructores SINDICONS, detenido el 6 de enero de 2004, por parte de miembros del ejército nacional del Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, con sede en Saravena, llevado al batallón y allí le hicieron señalamientos de ser miliciano de la guerrilla, fue amenazado por el sujeto Reinaldo Alarcón, quien se encuentra en el programa de reinserción, en esa oportunidad le advirtieron que la próxima vez que lo agarraran iba para Arauca o Combita.

El señor ORLANDO PAEZ DURAN, afiliado a SINDICONS, fue capturado y judicializado el pasado 21 de agosto de 2004, juzgado por el delito de rebelión, y había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes.

WILLIAM HIGUERA, afiliado a ANTHOC, fue detenido el 12 de noviembre de 2002, procesado por el delito de rebelión, fue dejado en libertad luego de 15 meses de cautiverio por no tener pruebas en su contra, estando en libertad la persecución y las amenazas por parte de la fuerza pública no cesaron; aún el Juzgado no ha dado el fallo y hoy es capturado nuevamente.

2. El 27 de octubre, a eso de las 8:30 p.m., fue detenido el presidente de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOJER, por miembros de la Policía nacional, quienes de manera arbitraria lo hicieron subir a la camioneta haciéndole alusión que si no se montaba a las buenas lo motaban a las malas, fue conducido hasta la Estación de Policía y allí le dijeron que lo llevarían hasta las instalaciones del Batallón Reveíz Pizarro para hacer la verificación de antecedentes, cosa que no sucedió pues el mencionado líder juvenil fue obligado por los policías a descender del vehículo en inmediaciones de la Institución educativa Concentración de Desarrollo Rural y el Hospital San Ricardo Pampuri, zona ésta que carece de alumbrado público además de ser semi-despoblada. Cómo organización defensora de los derechos humanos nos preguntamos: si lo que se quería, era verificar antecedentes ¿por qué no lo llevaron a las instalaciones del Batallón?, ¿cuáles eran las verdaderas intensiones de la policía al dejar a Eduardo Sogamoso casi a las afueras del pueblo? 3. El 28 de octubre, a eso de las 12:30 p.m. aproximadamente, en la casa del dirigente social VICTOR JULIO LAGUADO BOADA, fue realizado un allanamiento arbitrario por parte de integrantes de la Fiscalía, DAS, CTI, policía y ejército nacional, además iban acompañados de un hombre de civil y armado, quien no se identificó, y quien según la fiscal dijo que pertenecía a la SIJIN. 4. En la sede de ANTHOC en Saravena, han recibido varias llamadas donde insultan y amenazan a los directivos del sindicato en mención. 5. Ayer 29 de octubre, al puente caído Banadías 1, llegaron un grupo de 8 hombres armados y encapuchados procedentes del lado de Fortúl, quienes inicialmente se identificaron como miembros de las AUC y posteriormente de pertenecer al 45 frente de las FARC, pasaron el río y llegaron a la caseta donde requisaron y pidieron documentos a las personas que allí se encontraban y luego procedieron a sacar al señor MIGUEL GUTIERREZ, quien trabajaba como canoero y lo asesinaron en presencia de los pobladores, luego tomaron un carro y se dirigieron hacia el casco urbano de Saravena.

En nuestra alerta temprana de fecha 11 de Octubre de 2006, denunciamos la presencia de hombres de civil y armados que se movilizan por el casco urbano de Saravena, y que se han identificado como miembros de las AUC, además de haber sido vistos dentro del cordón de seguridad de la policía, para nada sería raro que sena estos mismos hombres los autores de los crímenes antes mencionados.

6. Una vez más queda demostrada la estratégica de persecución del Estado colombiano con el ánimo de desarticular el tejido social que históricamente han construido la población civil araucana, pues no es la primera vez que a base de montajes urdidos por la fiscalía Unidad Estructura de Apoyo de la Fiscalía, con sede en la Brigada XVIII, quienes con testimonios pagados, capturan y se judicializan a líderes sociales y pobladores en general, quienes su delito a sido jalonar propuestas encaminadas al verdadero desarrollo social y levantar su voz de protesta contra las violaciones de sus derechos y el de sus comunidades. 7. Exigimos a las autoridades judiciales respetar el debido proceso de los capturados, ser imparciales en las investigaciones y conforme a derecho. 8. A los organismos de control del Estado y organizaciones defensoras de derechos humanos del orden nacional e internacional, estar atentos para que no se cometan más arbitrariedades contra la población civil y hacer un seguimiento a la gravísima situación por la que atraviesa la región. POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACION COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”

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