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Lista negra en Sucre

3.11.06

www.prensarural.org

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia la existencia de una lista de exterminio en la que se relacionan 26 personas entre las que se encuentran líderes del movimiento y activistas sociales del departamento de Sucre. También se encuentran en ella antiguos aliados de los grupos paramilitares que tendrían información comprometedora para los señores Álvaro García, senador de la República; Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile además de candidato a la gobernación de Sucre; Eric Morris Tabeada, representante a la Cámara; Guillermo Merlano, actual Procurador de Sucre; Muriel Benito Rebollo, ex representante a la Cámara; su hermano Edgar Benito Rebollo, actual diputado y candidato a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones; Jorge Blanco, alcalde de San Onofre; y Guillermo Gómez, presidente del concejo municipal de San Onofre.

Esta lista ha sido elaborada por los líderes políticos que se encuentran comprometidos con el paramilitarismo desde sus orígenes en la región y se halla actualmente en poder de los grupos paramilitares que continúan operando en el municipio de San Onofre (Sucre), en el marco del proceso de rearme que ha sido igualmente denunciado públicamente en días pasados. Es de anotar que nueve de las 26 personas que se encuentran en esta lista ya han sido asesinadas.

Algunas de las personas que aparecen en el listado y cuya vida se encuentra en inminente riesgo son: Arnold Gómez, Carmelo Agamez, Juan David Díaz, Adolfo Berbel, Jackeline Moguea, Roberto Serpa y Amauri Vidual, todos ellos defensores de derechos humanos y miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bolívar, Sucre, Montes de Maria y San Onofre. Según denuncias realizadas por la comunidad, esta lista también se encuentra en las instalaciones del DAS y en poder del presidente del concejo municipal de San Onofre, Guillermo Gómez.

Esta situación se presenta en momentos en que se ha comenzado a aplicar la ley 975/05, llamada de “justicia y paz”, y en que el Gobierno Nacional desarrolla un proceso de negociación con grupos paramilitares, del cual participan Salvatore Mancuso y ’Jorge 40’ [Rodrigo Tovar Pupo, nota de Prensa Rural], quienes se encuentran directamente relacionados con los graves hechos que ocurrieron durante los años 1999 a 2005 en el municipio de San Onofre. Estos sucesos dejaron más de tres mil víctimas de violaciones a los derechos humanos, según la comunidad.

Durante este periodo, hombres armados hicieron presencia en este territorio, inicialmente bajo la figura de las cooperativas de seguridad Convivir y luego como Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Rodrigo Antonio Mercado Peludo, alias ’Cadena’. Durante este tiempo, miles de personas fueron desplazadas, torturadas, asesinadas, desaparecidas y enterradas en fosas comunes, por este grupo que actuaba con absoluta libertad en el municipio debido a que contaba con la aquiescencia de las autoridades civiles, administrativas y de policía.

A través de procesos de resistencia, las comunidades reclamaron la intervención de diferentes instituciones del estado colombiano y lograron que a finales del año 2005 el poder paramilitar se retirara de San Onofre. Sin embargo, los miles de crímenes ocurridos continúan en la impunidad y las comunidades, que actualmente desarrollan un proceso de reconstrucción de su tejido social, exigen verdad, justicia, reparación y no repetición frente a estos crímenes.

Desde hace varias semanas la comunidad viene denunciando un proceso de rearme de los grupos paramilitares en la región que actualmente se expresa en la amenaza que se cierne contra sus líderes.

Antecedentes

Solicitudes

Ante las amenazas contra la vida de los líderes sociales del departamento de Sucre y en especial contra los del municipio de San Onofre, exigimos al estado colombiano detener cualquier acción contra los mismos, garantizando su vida e integridad personal.

De la misma forma solicitamos a los organismos de control del estado y a la comunidad regional, nacional e internacional que se active el sistema de alertas tempranas, así como que se inicien de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes por parte de la Fiscalí­a y la Procuraduría General de la Nación, ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social del departamento de Sucre y en especial del municipio de San Onofre.

Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados, igualmente permanecer atentos ante esta delicada situación pues es fundado el temor existente por la integridad personal y la vida de los miembros de estas comunidades.

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