Estado colombiano debe pagar $12.500 millones por matanza que ordenaron hermanos Castaño

26.02.06

El Tiempo (eltiempo.terra.com.co)

Así lo establece un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la desaparición colectiva más grande en la historia del país.

Esta es la sexta condena internacional contra Colombia por violaciones a los Derechos Humanos.

El hecho que motivó la decisión del tribunal tuvo lugar hace 16 años, cuando el jefe paramilitar Fidel Castaño ordenó desaparecer a 43 habitantes de Pueblo Bello, un caserío de Turbo (Urabá antioqueño), luego de que guerrillros del Epl le robaron igual número de cabezas de ganado.

Castaño se vengó así del caserío que, según él, estaba lleno de colaboradores de esa guerrilla. Unos 60 de sus hombres pasaron dos veces por retenes militares, sin tropiezos. De ida, cuando iban por los campesinos. Y de regreso, en dos camiones repletos de víctimas.

Ademas del pago de los 12.000 millones de pesos en indemnizaciones, la Corte Interamericana le ordenó al Gobierno de Colombia que reconozca públicamente su responsabilidad en los hechos y que les pida perdón, a través de sus más altas autoridades, a las familias de las víctimas.

También, que remueva “todos los obstáculos”, incluso los jurídicos, para evitar que siga la impunidad.

“Colombia no adoptó medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de aproximadamente 60 paramilitares –dice la Corte– ingresara a Pueblo Bello en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos y luego saliera de dicha zona, después de haber detenido al menos a las 43 víctimas, quienes fueron asesinadas o desaparecidas”.

El máximo tribunal de los Derechos Humanos en América (cuyas decisiones son inapelables para los Estados) no encontró pruebas concluyentes de que, como lo sostenían las familias y las ONG que entablaron la demanda, hubiera participación directa de miembros de la Fuerza Pública en la masacre.

Sin embargo, basó su sentencia en un punto que puede definir el futuro de los otros procesos en contra de la Nación: la Corte considera que como fue el propio Estado el que propició, en 1968, la formación de grupos de autodefensas, “creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó medidas necesarias ni suficientes para evitar que estos (los ‘paras’) puedan seguir cometiendo hechos como los del caso”. Por eso condenó a Colombia por la matanza, una de las 20 ocurridas en Urabá entre 1988 y 1990.

Buscan fosas

El tema preocupa al Gobierno, que incluso en los últimos meses reactivó la búsqueda de fosas comunes en la finca ‘Las Tangas’, propiedad de los hermanos Castaño Gil en Córdoba y cuna de los grupos paramilitares en esa zona del país.

Allí, se supone, estarían enterradas algunas de las víctimas de Pueblo Bello. Dos meses después de que los ‘paras’ se llevaron a los campesinos, una comitiva de la Fiscalía allanó ese predio y encontró 25 cuerpos. Seis de ellos eran de los desaparecidos. Del resto del grupo no se sabe nada.

En su defensa, el Estado dijo que, a pesar de que de los 60 implicados sólo tres han pagado cárcel, la justicia del país sí ha operado en el caso.

Ese argumento no encontró eco en la Corte. Los jueces señalaron, incluso, que “la negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre (...) no puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y exhumar restos mortales”.

El regaño fue aún más fuerte para la Justicia Penal Militar, que nunca encontró méritos para investigar a sus unidades en la zona, a pesar de que los ‘paras’ y sus víctimas pasaron por varios retenes.

“Esos pocos actos de investigación, así como la celeridad con que fueron llevados a cabo, evidencian poco o ningún interés de la jurisdicción penal militar en realizar una investigación seria y exhaustiva de los hechos de Pueblo Bello”, señala la sentencia.

Un ‘para’ confesó

Rogelio de Jesús Escobar
Ex ‘para’, integrante de ‘Los Tangueros’

“...Se amordazó a la gente para que al pasar por San Pedro nadie dijera nada; a unos 20 minutos de Pueblo Bello está una base del Ejército y más adelante el retén. De la base salió (sic) Fernando, alias ‘Noventa’, y un teniente. Él se subió a la cabina del carro…nos pasó del retén y cuando se bajó le dijo al conductor y a Fernando, alias ‘Noventa’, que de ahí en adelante ya no había ningún problema…”.

Rubén Díaz Romero
Padre de Ariel Díaz Delgado, desaparecido

“... Al día siguiente fui con otras personas a la base de San Pedro a buscar a los desaparecidos, pero no nos ayudaron… Meses después me avisaron sobre los restos encontrados en la finca ‘Las Tangas’... los restos los tenían en el hospital tirados en el piso… después, muchos se fueron a Turbo, Chigorodó y Apartadó... el Ejército nos dijo que debíamos salir del pueblo. Si no, éramos cómplices de la guerrilla…”.

Ángel Emiro Jiménez
Hijo de Ángel Benito Jiménez, desaparecido

“...Hablamos con un teniente de apellido Rincón, que se enfureció y dijo: ‘Y ahora por qué sí vienen. Cuando se llevaron el ganado (de Fidel Castaño) no vinieron a denunciar, pero ahora que se llevan a la gente, sí vienen a denunciar. Seguro se trata de una venganza, cambiaron la gente por ganado…”.

Otros cinco casos fallados por el Tribunal

* Puerto Boyacá, octubre 6 de 1987. ‘Paras’ interceptan a 17 comerciantes que iban de Cúcuta a Medellín. Dos familiares que los buscaban desaparecieron. La Corte dijo que pese a la evidencia, se exoneró a los militares vinculados y el Estado no buscó ni identificó a las víctimas ni hubo pronta justicia. * Guaduas, San Alberto (Cesar). Febrero 7 de 1989. Militares detienen a María Santana y a Isidro Caballero, sindicalista del magisterio en Santander. El Ejército lo niega . En el 95, la Corte dice que hay indicios suficientes que responsabilizan a la tropa de las desapariciones. * Las Palmera (Putumayo). Enero 23 de 1991. La Policía y el Ejército realizan una operación en ese caserío de Mocoa. En la escuela capturan a 6 campesinos, los ejecutan, les ponen camuflados y los presentan como guerrilleros muertos en combate. En el 2001, el Estado fue declarado responsable. * Mapiripán (Meta), julio 12 de 1997. Cien ‘paras’ llegan de Urabá a San José del Guaviare, los recoge el Ejército, los lleva al pueblo y la madrugada del 15 rodean el pueblo por vía terrestre y fluvial, asesinan al menos a 27 personas y por cinco días permanecen allí intimidando a la población” * Bogotá, agosto 24 de 1994. El Únase detiene a Wilson Gutiérrez Soler por sospecha de extorsión. La Corte dijo que hay pruebas de que fue torturado en la sede oficial por el coronel Luis Enciso Barón y un primo de este, Ricardo Dalel Barón. El Estado reconoció su responsabilidad.

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