Pereira: Autoridades desalojan por la fuerza a familias pobres

13.12.06

www.elturbion.modep.org

El invierno recrudece y las familias que se encuentran en la ladera del río Otún no sólo padecen sus consecuencias, sino la angustia de verse enfrentadas al desalojo a la orden de desalojo impartida por las autoridades locales desde el inicio de este año, como en el caso de los barrios de invasión Bosques del Otún y Bosques de Combia.

Estas familias ven agravada su ya dura situación cuando la Corporación autónoma regional de Risaralda (Carder) define estos terrenos como zonas de protección ambiental y, por ello, la administración municipal reubica a la mayoría de familias en una nueva urbanización, llamada Ciudadela Tokio. Sin embargo, no todos los habitantes de la zona están dispuestos al traslado: consideran que los predios que han habitado por más de 10 años les pertenecen, de acuerdo a la ley, y que las mejoras que han realizado, junto con la legalización de los principales servicios públicos –agua y luz– y las constantes luchas por la legalización del barrio, que incluso pasa por el pago del impuesto predial de algunas de las viviendas, son muestra suficiente de su derecho a habitar los hogares por los que han luchado toda una vida.

La nueva Ciudadela Tokio se encuentra en una zona muy alejada y peligrosa. Se sabe que allí hay presencia de grupos urbanos de narco paramilitares, que estarían ‘vacunando’ a las personas desde su llegada para engordar su lucrativo negocio de extorsiones. De otro lado, cada familia deberá endeudarse en $2’500.000, suma que pagarían a plazos, para costear los gastos relacionados con la entrega de los predios, más las conexiones de servicios públicos. La nueva urbanización se encuentra en un lugar que no cuenta con la infraestructura social básica, ni centros de salud, ni escuela, pues están proyectados para ser construidos en próximos años.

A los habitantes que no fueron beneficiados con el proyecto Tokio se les prometió la entrega de lotes y de un subsidio de construcción de $8’000.000. Sin embargo, estas ayudas no se materializaron y las autoridades municipales ordenaron que estas familias sean desalojadas ates del próximo 10 de diciembre, sin tener en cuenta los pocos recursos con los que cuentan estas familias y que los habitantes de la zona manifiestan no tener donde ir, ni dinero para pagar un arriendo, dado que no tienen trabajos fijos: los hombres son carretilleros, vendedores ambulantes o constructores y las señoras trabajan en el servicio doméstico o arreglando apartamentos de vez en cuando. De las casi mil personas que habitaban en Bosques del Otún y Bosques de Combia, la mayoría son ancianos y niños que viven de la solidaridad de la gente.

Aunque el desalojo está avisado para el día 10 de diciembre, desde el día 8 se iniciaron los operativos. El día de hoy, hacia a las 3 pm, ya se observaban las primeras casas derrumbadas y el desplazamiento de una gran cantidad de gente hacia Ciudadela Tokio. En el cumplimiento de las órdenes del gobierno del municipio se observaba a los funcionarios de control físico de la Alcaldía de Pereira, junto con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía y a miembros del cuerpo de bomberos prendiendo fuego a las casas que se mantenían en pie y a los restos de las que fueron desbaratadas por los mismos pobladores. Algunas familias no alcanzaron a sacar sus pertenencias que fueron consumidas por la voracidad de la acción oficial.

Los residentes que aún se mantienen en los alrededores relatan como, desde hace tres días, les fueron suspendidos los servicios de energía y agua, teniendo que salir a pasar la noche y el día a la orilla de la troncal del café, vía que se encuentra custodiada por la policía, que les impide, además, la entrada a lo que queda del barrio. También se mantienen allí algunas familias que se niegan a abandonar sus lotes, pues derivan su sustento de los sembradíos que allí han trabajado.

La situación para las 77 familias de Bosques de Combia y las 40 de Bosques del Otún es incierta. La comunidad se ha organizado en comités de trabajo, en los que cuentan con la solidaridad de organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos (Sintraemsdes), que, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Pereira, han interpuesto una tutela para que se respete el derecho a la vivienda de esta comunidad y su propiedad sobre los terrenos.

De momento, se mantiene la tensión por la acción de los uniformados y los funcionarios del municipio en esta zona. Se teme por la posibilidad de un desalojo sorpresivo y violento a los habitantes que quedan, sin la presencia de organismos control que protejan a la comunidad y vigilen la legalidad de las acciones emprendidas.

Leer más En evidencia

International Peace Observatory  |  Observatorio Internacional de la Paz  |  Bogotá, Colombia  |  NIT: 900.013.419-3

www.peaceobservatory.org  |  info@peaceobservatory.org  |  Telefax: (+57) 1 232 10 06   |  Móvil: (+57) 314 296 47 69