"El Gobierno Colombiano Saca a los Campesinos de sus Tierras para Servir a las Empresas"

29.01.07

Silvia Torralba
www.canalsolidario.org

“Durante 23 años he trabajado con las comunidades campesinas de Arauca, en Colombia, y en esta tarea por reclamar nuestros derechos y la democracia en el país he sufrido torturas y encarcelamiento. Trabajar para organizaciones sociales y denunciar violaciones de derechos humanos ha supuesto persecuciones para muchas personas, la muerte para otras y, en mi caso, me quitó la libertad. Ahora tengo que vivir como refugiada política en Suiza.”

Quien habla es Luz Perly Córdoba, colombiana que durante años ha participado en proyectos de varias comunidades rurales de su país y que ha denunciado la violencia que los grupos armados ejercen sobre la población local. Ahora, desde Suiza, apoya a entidades como la Asociación Campesina de Arauca y colabora con organizaciones internacionales que acompañan a comunidades locales para garantizar su seguridad.

Una de estas entidades es el Observatorio Internacional por la Paz (IPO), que acaba de publicar un informe sobre su brigada de acompañamiento en 2006 y que, durante su presentación, reunió las voces colombianas de Luz Perly Córdoba y Nicolás Udugama, uno de los fundadores de IPO.

Como explican Córdoba y Udugama, el conflicto en Colombia existe desde hace más de cinco décadas por motivos relacionados con “las profundas desigualdades sociales” y el control de los recursos. “Tenemos riqueza para mantener a más de 100 millones de habitantes y, siendo únicamente 40 millones, el 90% de la población vive en la pobreza”, señala Luz Perly Córdoba.

Buena parte de ese 90% de personas que viven en la pobreza lo hace también en condiciones de inseguridad a consecuencia del conflicto armado y la desprotección del Estado. Según Nicolás Udugama, que trabaja en IPO Colombia y desde hace años acompaña a comunidades de la región de Magdalena Medio, en estos momentos en su país lo que hay es “una guerra contra los campesinos, contra las organizaciones sociales y contra sus derechos humanos” en la que también interviene el Gobierno de Álvaro Uribe.

“El Ejército y el Gobierno colombianos están al servicio del capital y de las multinacionales, sacando a los campesinos de la tierra para quedarse con los recursos naturales”, advierte el fundador de IPO, que relata que en menos de dos semanas han muerto dos campesinos en el Magdalena Medio “acusándoles falsamente de ser guerrilleros”.

Una situación similar se vive en la zona de Arauca, con una riqueza enorme en petróleo que se ha convertido en “una maldición” para la población local. “Ahora, en la región trabajan compañías internacionales y los paramilitares han desplazado a muchos campesinos del territorio”, afirma Luz Perly Córdoba, que advierte de la presencia de “300 militares norteamericanos en Arauca que generan temor entre los campesinos” y que provocan su desplazamiento.

A pesar de todas estas presiones, señala Luz Perly Córdoba, “la gente sigue ahí, gracias al gran tejido social existente y al acompañamiento internacional” en Arauca.

En estos momentos, IPO acompaña a la Asociación Campesina de Arauca y a otras dos organizaciones que trabajan en la región del Magdalena Medio. En esta zona, la organización apoya varios proyectos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra que ayudan a sobrevivir a las comunidades locales.

Así, por ejemplo, un grupo de campesinos han comprado con fondos de Naciones Unidas un rebaño de búfalos que proporcionan leche y queso que se vende a la comunidad y que se da gratuitamente a las familias más necesitadas. Otro grupo de mujeres gestiona una huerta colectiva que garantiza la soberanía alimentaria de toda la comunidad y en otra comunidad han empezado a construir entre todos viviendas dignas para todas las familias.

Tres millones de personas desplazadas

Como explican desde IPO, la organización se creó para acompañar a las comunidades del campo que viven violaciones de derechos humanos en Colombia y para denunciar esta realidad junto a las entidades locales afectadas.

Parte de las agresiones que las comunidades y la población civil han vivido durante años han salido ahora a la luz –a pesar de las denuncias constantes de ONG- a raíz de las declaraciones de Salvatore Mancuso, ex comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el juicio que estos días se celebra contra el ex jefe paramilitar, Mancuso ha reconocido ser responsable de al menos 300 asesinatos, cifra mínima si se tiene en cuenta que la policía adjudica a un sólo grupo paramilitar 7.300 muertos en una región determinada de Colombia.

“Salvatore Mancuso sólo ha hablado del 1% de las atrocidades que se cometen en el país y que las organizaciones sociales llevamos denunciando desde hace tiempo a riesgo de ser perseguidas y matadas”, advierte Luz Perly Córdoba, que dice que Colombia se encuentra en un “proceso peligroso”, en referencia al diálogo que el Gobierno de Uribe tiene en marcha con los paramilitares.

A esto se añaden los tres millones de personas desplazadas a causa de la violencia que se vive en el país y que, según Acnur, han convertido a Colombia en una de las regiones con la cifra más alta de población interna desplazada del mundo. Según la agencia para los refugiados de la ONU, sólo el año pasado más de 110.000 personas huyeron de sus hogares de manera forzada.

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