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3.02.07
www.nuevoherald.com
Por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desfilarán unas 60 personas, principalmente políticos, para ser interrogadas en calidad de testigos respecto a lo que saben de nexos de paramilitares con autoridades.
Entre los llamados por la magistratura está Horacio Serpa, el ex rival del presidente Alvaro Uribe en las pasada elecciones y quien lo ha acusado de ganar la contienda con apoyo del paramilitarismo, afirmación que aparentemente deberá respaldar con pruebas.
“Es normal que la Corte me llame a rendir un testimonio sobre el paramilitarismo, pues lo vengo combatiendo desde 20 años”, dijo el viernes Serpa a periodistas.
Este llamado de la corte se da en el curso de investigaciones del escándalo conocido como “parapolítica”, que tiene en prisión a tres congresistas y varios funcionarios más, por supuestos vínculos con jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, la federación de escuadrones ilegales contrainsurgentes. Las citaciones no implican que serán procesados, aclaró el vocero de la CSJ, Germán Gómez.
También está entre los convocados el ex ministro de Minas y Energía Luis Mejía, que integró el gabinete de Uribe hasta el año pasado.
Alvaro Araujo Noguera, ex ministro de Agricultura y padre del senador Alvaro Araujo, que también está investigado por la Corte, es otro de los que deberá comparecer. Sergio, hermano del senador, también declaró a la CSJ.
La canciller María Consuelo Araujo es hija y hermana, respectivamente, de los implicados en la investigación y está casada con un fotógrafo de AP.
Un ex alcalde de Barranquilla que ha denunciado la relación de autoridades del departamento de Atlántico con paramilitares de extrema derecha también figura entre los testigos.
La Corte trata de llegar al fondo del escándalo desatado al descubrirse que en 2001 los jefes paramilitares celebraron una conferencia con dirigentes políticos y acordaron “refundar” el país, para lo que suscribieron un pacto “secreto y confidencial”.
Se trata de una investigación sin precedentes que podría involucrar delitos como conformación de grupos armados ilegales, asesinatos, fraudes electorales, desplazamientos forzados, apropiación de dineros de los municipios.
El presidente Uribe a instado a la Corte a que defina la situación legal de los dirigentes políticos, legisladores y funcionarios públicos de los procesados y sugirió a quienes están envueltos en el escándalo que se marginen del Congreso hasta que diluciden su situación judicial.