A indagatoria, 56 militares por masacre en Urabá

25.02.07

www.colprensa.com

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a 56 militares por su presunta participación en la masacre de ocho campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Urabá), en febrero de 2005.

Entre los militares, adscritos entonces a la XVII Brigada, con sede en Carepa (Antioquia), figura un capitán que estaba al frente del grupo de uniformados.

Luego de dos años de investigaciones, la Fiscalía aseguró tener pruebas que confirman la responsabilidad de los militares en la masacre de las ocho personas, entre las que se encontraban tres niños, y desmintió las versiones que se tejieron en un principio sobre la autoría del hecho por parte de grupos guerrilleros.

Los uniformados serán investigados por los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo.

La masacre

Hace dos años un grupo de hombres armados llegó a dos veredas de San José de Apartadó y a machete mató a ocho personas, entre ellas, tres pequeños de 20 meses, cinco y 11 años de edad.

La decisión de la Fiscalía es la primera que se toma en relación con este proceso, que igualmente está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

En su momento, el caso fue rechazado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría que, a los pocos días de conocida la masacre, despacharon una comisión de funcionarios que viajó a la población desde Bogotá, para verificar lo sucedido y recoger varias versiones.

Los hechos en los que murieron Luis Eduardo Guerra, miembro del consejo interno de la Comunidad de Paz, su compañera Bellanira Areiza Guzmán; un hijo de él, Deiner Andrés Guerra; Alfonso Tuberquia Graciano; su compañera, Sandra Muñoz Pozo, y sus hijos Santiago y Natalia, se conocieron el 21 de febrero de 2005, cuando llegaron hasta el casco urbano de San José las familias desplazadas de la región.

Una comisión partió para el lugar y encontraron que los cuerpos desmembrados habían sido arrojados a un hueco.

“Si es cierto que ocurrió, lo lamentamos mucho y esperamos que organismos pertinentes hagan claridad sobre las condiciones de las muertes y los autores”, dijo en su momento el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía.

Desde 1997 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se declaró neutral; es decir, al margen del conflicto. No obstante, desde que optaron por esta alternativa han sido asesinados 172 de sus miembros.

La masacre en la que cayó uno de sus líderes originó un enfrentamiento con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien señaló que los miembros de la comunidad, nominada al premio Nobel de paz, estarían obstaculizando la justicia, pues su principio de neutralidad impedía la presencia de la fuerza pública en su interior.

A raíz de esta situación unas 300 personas optaron por dejar la comunidad y retirarse a vivir en la finca La Holanda.

A principios de esta semana, Ong nacionales e internacionales recordaron a las víctimas con diferentes actividades.

Uno de los actos se cumplió en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo (España), donde se firmó una postal gigante que será enviada al presidente Álvaro Uribe Vélez.

En Madrid, unas cien personas se concentraron frente a la Embajada de Colombia.

Los asistentes, convocados por Amnistía Internacional, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia y otras Ong, rindieron homenaje a los asesinados.

Durante la concentración, el actor argentino Federico Luppi, leyó un manifiesto en el que le exigen al gobierno de Uribe investigaciones “exhaustivas e imparciales” de los hechos denunciados y “verdad, justicia y reparación para las víctimas”.

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