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7.07.11: Sentencian a 60 años de prisión a ocho militares por ’falsos positivos’
7.07.11: A juicio oficial por 'falso positivo' en Tolúviejo, Sucre
20.06.11: Tribunal Superior de Bogotá niega nulidad en caso Tame
12.04.11: Corte ordena traslado de caso niños Tame a Bogotá
25.03.11: Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame
24.03.11: "No hay garantías de justicia"
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
16.03.11: A juicio César Pérez García por la masacre de Segovia
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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5.03.07
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Serán este lunes y martes, en Washington, y el Ejecutivo no se queire dejar sorprender. Busca parar esos procesos para que no lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso, el Gobierno envió una delegación encabezada por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto. En la capital estadounidense se les unieron la embajadora en ese país, Carolina Barco, y el embajador ante la OEA, Camilo Ospina.
Tal vez el caso más representativo de todos tiene que ver con la Unión Patriótica (UP), presentado ante la Comisión en febrero de 1994 y admitido en marzo de 1997, en el que denuncian el “genocidio” de ese grupo político.
Hasta diciembre pasado, se trabajó en una solución amistosa, pero los peticionarios (demandantes) decidieron de manera unilateral dar por terminados esos acercamientos.
Mañana, según Jael Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar (una de las peticionarias) será una audiencia para presentar pruebas. Indicó que tendrán como testigo a una ex alcaldesa de Caquetá.
Más denuncias
Durante la audiencia, explicó Quiroga, denunciarán falta de garantías por parte del Estado para los sobrevivientes y llevarán como ejemplo el caso del director del periódico VOZ, de quien Uribe dijo la semana antepasada que era “cómplice” de la guerrilla.
El Gobierno podrá controvertir y mostrará que cumplió con lo acordado mientras duró la solución amistosa. También expondrá como a sobrevivientes se les ha brindado protección ($32.630 millones desde el año 2.000) y se les ha apoyado con proyectos productivos.
Otro de los casos está relacionado con los indígenas u’wa, audiencia solicitada directamente por el Gobierno. Estos nativos alegan vulneraciones a la integridad étnica por la exploración petrolera en el bloque Samoré (Boyacá).
Los defensores del Estado quieren mostrar que se ha cumplido con las recomendaciones hechas por el proyecto OEA-Harvard, que plantea, dentro de una solución amistosa, que no se perforará dentro del resguardo u’wa. Esta denuncia está en la etapa de preadmisibilidad.
Otra de las audiencias tiene que ver con el seguimiento a las medidas cautelares (protección) que se han tomado con el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro.
Igualmente, se abordará el caso del asesinato del senador de la UP Manuel Cepeda (por fuera de la UP) y los hechos registrados en febrero de 1997 con la operación militar ‘Génesis’, en límites de Chocó y Antioquia, la cual concluyó con el desplazamiento de 22 comunidades.
Otros casos
También está el desplazamiento de un grupo de familias en Turbo (Antioquia), el seguimiento a medidas cautelares a una asociación juvenil de Cali y una solicitud de información de un ciudadano que quiere saber si tiene derecho a medidas cautelares.
El Gobierno quiere evitar que estos casos lleguen a la Corte Interamericana, pues allí los procesos son complicados y si el Estado es condenado, dichas condenas exigen pagos muy elevados, mientras que en la comisión se puede conciliar.
Los casos del país en esa comisión
Según el Ministerio del Interior y Justicia, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay actualmente
158 casos que involucran al Estado colombiano.
En condición de preadmitidos hay 109 solicitudes, mientras que 15 ya fueron admitidos por esa instancia.
Otros 10 están en calidad de solución amistosa y uno está a la espera de comentarios, Así como 23 están para seguimiento por parte de la Comisión.
Esta instancia judicial también ha dispuesto 102 medidas cautelares para igual número de personas en riesgo.