Seguimos en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación

6.03.07

Prensa Rural
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El pasado 28 de febrero de 2007, en la ciudad de Barrancabermeja se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, con el objetivo de dar a conocer nacional e internacionalmente la responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil, donde se pide el cumplimiento de la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de éstos crímenes. Los tres encuentros han sido organizados por la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIM), en medio de la crisis humanitaria que se ha presentado históricamente en la región. La asociación ha visto la necesidad de que las víctimas se organicen y recuperen la memoria histórica colectiva de los habitantes del Magdalena Medio.

El encuentro

Al encuentro asistieron más de 500 personas de las diferentes veredas de los municipios de Yondo, San Pablo, Cantagallo, y de las comunas de Barrancabermeja; también se contó con la presencia de distintas organizaciones de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales, junto con integrantes de la Comisión Ética del Movimiento Nacional de Víctimas, con representantes procedentes de Brasil, Argentina y Chile que han acompañado este proceso.

En el encuentro los panelistas puntualizaron que el Estado es el principal generador y promotor de los crímenes de lesa humanidad que se comenten contra la población civil, legitimando sus actos criminales con la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”. Esta Ley que profundiza la impunidad y victimiza a los victimarios, atenta contra los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, como también permite que los crímenes contra la población sigan ocurriendo, en una dinámica de “desmovilización” ficticia, donde los que ejecutan los crímenes, son los mismos que deberían velar por la vida de la población civil.

El Estado a través de sus instituciones expresa las relaciones directas que tiene con las fuerzas armadas paramilitares, siendo esta relación la responsable de la profunda crisis humanitaria por la que atraviesa el país. Asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos, es la guerra sucia que se ejecuta sobre la población civil, para beneficiar a la burguesía colombiana y estadounidense en un proceso de expansión neoliberal sobre el mundo.

Por eso las víctimas de los crímenes de Estado buscan que la verdad salga a relucir nacional e internacionalmente y que los verdaderos culpables respondan, siendo el Estado, como ya se ha demostrado en múltiples ocasiones, el que creó y consolidó los grupos paramilitares en Colombia. Como lo ha demostrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando en el año 2002 el Ministerio de Defensa dice que en Colombia hay alrededor de 13.000 paramilitares, mientras que en el 2004, en el proceso de desmovilización, se registraron más de 40.000, cifra que demuestra que con el gobierno antidemocrático de Uribe, el fenómeno del paramilitarismo aumentó en un 200%.

Esta es la razón por la cual las víctimas exigen conocer la verdad histórica de los crímenes, la aplicación de la debida justicia y la reparación integral a la sociedad colombiana, ya que la Ley de de “justicia y paz” o ley de impunidad niega los derechos de las víctimas y al contrario de hacer justicia, les otorga a los victimarios libertad, sueldos, comida y una vida tranquila, mientras que la población sigue siendo asesinada, perseguida, despezada y desaparecida.

Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas ASORVIM, buscan apoyar y defender a las víctimas de los crímenes de Estado, dando a conocer la verdad de una política de Estado criminal que involucra a la población civil como objetivo principal de persecución sistemática. ASORVIM cuenta con el apoyo de la Comisión Ética Contra la Impunidad, y como organización, rechaza el tipo de horrores cometidos por el Estado neoliberal que profundiza la guerra y la impunidad. La Comisión Ética, además de buscar la verdad, la justicia y la reparación integral, acompaña a las organizaciones en la reconstrucción de la memoria histórica, y considera importante que se denuncien públicamente todos los crímenes.

En el encuentro se recordaron los nombres de las víctimas de casos como la masacre del 16 de mayo de 1998, donde hubo siete personas asesinadas y 25 desaparecidas, o de otros casos como las acciones encubiertas de la red 007 de la Armada en los años noventa. Se recogieron también las múltiples denuncias de las víctimas de los crímenes de Estado del Magdalena Medio, se emitió una declaración final, y se convocó al IV Encuentro Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, que se llevara a cabo en la ciudad de Bogotá en el mes de junio de 2007. Se enfatizó en que hay que seguir luchando colectivamente por alcanzar la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición de los crímenes.

Declaración final del Tercer Encuentro Regional de Víctimas
Las víctimas reunidas en este Tercer Encuentro Regional declaramos públicamente:

1. Rechazamos la victimización de la población civil ya que continua siendo la estrategia de los paramilitares a pesar del mal llamado proceso de desmovilización entre el Gobierno Nacional y las autodefensas y del cual hemos sido objetivo del accionar de los grupos armados ilegales.

2. Que se suspendan las políticas del Gobierno Nacional que hoy continúan beneficiando a los victimarios y por el contrario, hoy mantienen en el abandono a miles y miles de familias victimas de la violencia y el terrorismo de estado.

3. Exigir el desmonte del proceso de desmovilización que no desarticuló las estructuras de la muerte y el terror impuesto por el paramilitarismo y tampoco ha hecho nada para impedir el apoyo por parte de instituciones de estado, de políticos y de organismos de seguridad estatal, cuyos responsables no han sido castigados ejemplarmente y por el contrario ha desatado el escándalo de la parapolítica que perjudica el estado de derecho causándole daño a la democracia.

4. El Gobierno Nacional y el sistema judicial colombiano deben esclarecer el apoyo brindado a la estructura paramilitar que ha evidenciado el apoyo económico de los gremios, comerciantes, terratenientes y multinacionales y que ni si quiera se ha sancionado a los responsables por su complicidad.

5. Denunciamos al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por su responsabilidad de todos los asesinatos que se perpetran por los paramilitares en Colombia y la región del Magdalena Medio y Barrancabermeja.

6. Establecer la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región del Magdalena Medio y que no han sido esclarecidos, investigados y menos han producido la verdad, ni la justicia y tampoco ha reconocido la reparación integral.

7. Que los asistentes en este encuentro exigen respeto de los gobiernos nacional, departamental y municipal para que no confundan las víctimas, ni la sociedad civil con los paramilitares y los grupos armados y por ello exigimos respeto a la dignidad humana.

8. Que los hechos expuestos en relación con los nexos de los paramilitares con altos y medios funcionarios del estado, incluyendo los alcaldes y gobernadores, requieren ser investigados y castigados en la búsqueda de la verdad y para salvaguardar la memoria de la población civil, en aras de la justicia y la reparación integral de la víctimas.

9. Es necesario mostrar los sistemas con que se ha perpetrado durante los últimos años la violencia para que se busque la verdad y así puedan florecer la paz con justicia social.

Tercer Encuentro Regional de Vícitmas de la Violencia y el Terrorismo de Estado del Magdalena Medio.

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