Por asesinato de senador de la UP Manuel Cepeda, Estado colombiano aceptó responsabilidad

6.03.07

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Admitió que falló por acción y omisión en el crimen del dirigente, cometido en 1994, para evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. Sin embargo, su hijo insiste en buscar esa instancia.

Es la primera vez que el Gobierno reconoce ante esta instancia internacional su rol en el asesinato de un miembro de la UP.

El Estado, además, admitirió que a Cepeda se le violaron 6 derechos fundamentales: a la vida, integridad física, libertad de expresión, dignidad y buen nombre, políticos y el derecho a la justicia.

El Gobierno, cuya ponencia fue presentada por un equipo que encabeza la vice ministra del Interior, María Isabel Nieto, y el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, insistió en la necesidad de llegar a una “solución amistosa”.

Sin embargo, Iván Cepeda, hijo del dirigente asesinado y director de la Fundación Manuel Cepeda, ha rechazado la oferta y sostiene que no descansará hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condene al Estado.

“La fase para una solución amistosa ya expiró. Lo que queremos es que haya justicia y se condene a los responsables”, dice Cepeda quien se encuentra en Washington.

Aunque dos militares terminaron en la cárcel por su participación en el crimen, Cepeda asegura que los autores intelectuales no han sido juzgados. Entre ellos, afirma Cepeda, están Vicente Castaño (hermano de Carlos), y el “grupo de los ocho”, compuesto por “altas personalidades de la sociedad colombiana”.

A ellos sumó al general® Harold Bedoya Pizarro, a quien también atribuye responsabilidad. Bedoya aseguró que nada tiene que ver en lo que pueda decir Cepeda y que nunca estuvo vinculado a ninguna investigación por el caso.

“La noticia, si bien es positiva, no resuelve los problemas de fondo. El Estado, por ejemplo, no ha admitido que actuó en concierto con el paramilitarismo para asesinar a mi padre”, sostiene Cepeda.

El activista también quiere que se investigue el llamado “Plan Golpe de Gracia”, denunciado por la UP ante el gobierno de César Gaviria y con el que, según Cepeda, el alto mando militar buscaba exterminar los remanentes de la UP, entre ellos su padre y Miller Chacón, posteriormente asesinado.

De acuerdo con el embajador Camilo Ospina, el Estado colombiano admitirá responsabilidad total, menos en el tema de justicia, pues a su juicio los otros implicados en el proceso como Carlos Castaño, están muertos y por lo tanto no pueden ser sancionados.

Caso aparte

En diciembre del 2005, Cepeda decidió separar el caso de su padre de otro proceso también pendiente ante la Cidh y que trata los asesinatos de miembros de la UP en su conjunto.

Eso, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no considerar como prueba válida (por extemporánea), el testimonio de Carlos Castaño en su libro Mi Confesión. En el libro, Castaño admite su responsabilidad en el asesinato e implica a otras personas. El año pasado, la Cidh aceptó su petición.

Para el Gobierno es mucho mejor lograr una solución amistosa, pues de llegar el caso a la Corte Interamericana la situación se complicará.

Pero este no es el único caso que agobia al gobierno colombiano. En la Cidh hoy también tendrá que ‘torear’ el caso del colectivo de la UP.

De la misma manera deberá responder por cómo están las medidas cautelares que ese organismo ordenó para el senador Gustavo Petro y los hechos registrados en febrero de 1997 con la operación militar ‘Génesis’ entre Antioquia y Chocó.

Lo que sigue

El paso siguiente, tras el anuncio de hoy, es que la Cidh le pedirá al Estado cumplir con una serie de medidas, entre ellas reparación e investigación. Si el Estado incumple, y no se produce un cierre del proceso judicial en Colombia, entonces el caso podría ser remitido a la Corte Interamericana.

De pasar a esa instancia, el Estado se podría ver sometido a una condena internacional, que además le acarrearía el desembolso de una importante suma de dinero. A manera de ejemplo, se puede tomar una de las últimas condenas proferidas por ese alto tribunal internacional contra Colombia.

La Corte condenó al Estado a indemnizar con cerca de 6,5 millones de dólares a los familiares de 19 comerciantes asesinados por paramilitares en Puerto Boyacá en octubre de 1987.

Cómo ocurrió el crimen y quiénes fueron los implicados

Manuel Cepeda fue asesinado en la mañana del 9 de agosto de 1994, cundo sicarios lo interceptaron en la Avenida de las Américas con carrera 74, en el occidente de Bogotá.

El dirigente político acababa de salir de su residencia y se dirigía hacia el Congreso.

El senador viajaba en la parte delantera de una camioneta con la ventanilla abajo, cuando las balas de uno de los sicarios lo alcanzaron.

El guardaespaldas del senador descargó los seis tiros de su revólver calibre 38, contra los agresores, pero estos lograron huir.

Las primeras investigaciones condujeron al hallazgo de un vehículo Renault 9, de placas IBC-947 de Ibagué y una pistola 9 milímetros que habrían sido utilizados por los responsables del atentado.

A la investigación fueron vinculados Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del homicidio, y como coautores Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, en ese entonces suboficiales activos del Ejército.

El 16 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Medina y a Zúñiga, adscritos a la Novena Brigada con sede en Neiva, como coautores del crimen.
Esto marca en buena parte la responsabilidad del Estado.

Con el nombre de Manuel Cepeda Vargas, las Farc designaron a uno de sus frentes que opera desde hace varios años en el Valle del Cauca.

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