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1.08.11: Herido campesino en bombardeo en Arauquita
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30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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11.03.07
redcolombia.org
La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:
El 7 de Marzo de 2007, a eso de las 7:00 p.m., aproximadamente, fueron ejecutados extrajudicialmente los señores JAVIER ZÚÑIGA GARAVITO y JHON FREDDY SANABRIA LOZANO, ambos de 26 años de edad, en la vía que de Saravena conduce al municipio de Cubará –Boyacá, por miembros del Ejército Nacional, al parecer adscritos a la sección segunda de inteligencia S2.
Javier Zúñiga, era un joven dedicado a la profesión de conductor, manejando un taxi público afiliado a la Cooperativa de Transporte COOTRANSARARE, y gozaba de gran reconocimiento por la comunidad saravenence, por lo cual su trágica muerte ha causado consternación entre sus familiares y la comunidad en general, quienes han expresado enfáticamente que no se trataba de ningún guerrillero, sino de un humilde trabajador.
Según versiones de la comunidad los jóvenes fueron vistos cuando estaban detenidos por hombres de civil, quienes les apuntaban con armas largas, mientras los jóvenes en estado de indefensión estaban con las manos en la nuca. Posterior a su muerte, el ejército como acostumbra en estos casos, informó dos días después por los medios de comunicación que fue una muerte en combate, de supuestos guerrilleros del ELN, efectuada por miembros del Batallón Plan Energético y Vial N. 1.
El cadáver del joven Zúñiga Garavito, presentaba signos de tortura.
A pesar de que se ha insistido por parte de la fuerza pública, que los jóvenes llevaban armamento y algunos dineros producto de una extorsión, no resultaría ello, causal de justificación para que habiéndolos detenido y estando estos en estado de indefensión se les asesinara.
Esta fundación denuncia con preocupación, que ya es el noveno caso de ejecución extrajudicial, y las autoridades y organismos de control parece no interesarse en el tema y la comunidad araucana está inerme frente a este tipo de acciones criminales provenientes del mismo Estado.
Exigimos una vez más, a la Fiscalía General de la Nación que asuma la investigación por este y los demás hechos de ejecución extrajudicial, que no pueden ser investigados por la justicia penal militar sino que por la magnitud y lo sistemático de éstos amerita, que sea la Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H., la que avoque el conocimiento. De igual forma solicitamos a la Procuraduría General de la Nación asuma de manera inmediata su competencia preferente para adelantar la investigación disciplinaria de los servidores públicos responsables de estos hechos. A la Defensoría del Pueblo, adelantar las gestiones inmediatas que permitan un monitoreo y seguimiento a dichas investigaciones. Insistimos que el Estado colombianos, a través de la Vicepresidencia y del Ministerio del Interior y de Justicia tomen las medidas administrativas de urgencia que permitan que esta clase de vulneraciones graves a los Derechos Humanos, no se sigan presentando.
A la comunidad nacional e internacional, solicitamos su acompañamiento permanente y monitoreo constante de la situación de vulneración de Derechos Humanos que vive la región, y que además se unan a nuestras exigencias de verdad justicia y reparación.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACION COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”
NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA