Se agrava situación de derechos humanos en el Nordeste Antioqueño

14.04.07

La Corporación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR informa con profunda preocupación a la opinión pública sobre las últimas denuncias – realizadas por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referentes a las graves violaciones contra los derechos humanos de la población civil que habita las diferentes veredas que rodean el municipio de Remedios (nordeste antioqueño), cometidas por miembros del Batallón Calibio, perteneciente a la Brigada Décimo cuarta del Ejército.

Hechos

El 5 de febrero en la vereda Tamar Alto, el ejército capturó a William Hernán Sánchez Montiel. Lo llevaron a la vereda Cancha de Manila, en donde, simulando un combate, lo asesinaron, para luego hacerlo pasar como guerrillero dado de baja.

Entre tanto, el pasado 25 de marzo, a las 3:30 pm en la vereda Ojos Claros – ubicada en la jurisdicción del municipio de Remedios del Nordeste antioqueño- miembros de una de las tropas del Batallón Calibio, al mando del teniente Castellanos y del Sargento Palomino, detuvieron ilegalmente a José Yadir Mosquera y Carlos Mario García, de 16 y 21 años, respectivamente, quienes se encontraban transportando madera de una finca a otra.

Posteriormente, los soldados los llevaron a una zona lejana con el pretexto de preguntarles algo y una vez allí procedieron a dispararles. El joven José Yadir consiguió escapar, mientras Carlos Mario García – integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda – fue asesinado, luego de que se simulara un combate, con el fin de presentarlo como un guerrillero dado de baja.

El 26 de marzo, el cadáver de Carlos Mario es traslado por el ejército a la base del ejército en Barrancabermeja. Cuando su familia y miembros de la comunidad fueron a reclamarlo allí, el Teniente Castellanos, negó la existencia de dicho cadáver, argumentado que el único que se encontraba allí era el de un guerrillero muerto en combate. Finalmente, después de múltiples gestiones, la familia consigue reclamar el cadáver, en evidente estado de descomposición

Debido a estos hechos, 349 personas provenientes de las diferentes veredas, pertenecientes a la jurisdicción del Municipio de Remedios, se han visto obligadas a desplazarse – desde el 30 de marzo del presente año – hacia la de Puerto Nuevo- Ité (ubicada en la misma jurisdicción), donde han conformado un campamento humanitario. Allí se encuentran viviendo 120 niños, de los cuales hay 30 enfermos, al igual que 7 adultos. Esta situación se hace cada vez más grave debido a la falta de acceso a los servicios públicos básicos.

Antecedentes:

Según la ACVC, esta situación se ha venido presentando desde hace cuatro años, cuando el gobierno estableció un convenio con la compañía Kedahda – filial de la multinacional Anglogold Ashanti – con el fin de entregarle 21.986 hectáreas comprendidas entre los municipios de Remedios y Segovia para llevar a cabo explotación minera. La ACVC afirma que para que estos planes puedan llevarse a cabo, el ejército – a través de las amenazas, el desplazamiento y las acciones extrajudiciales – ha generado que los campesinos de la región abandonen estas tierras.

Asimismo, la ACVC asegura que desde septiembre del año pasado, miembros del Batallón Calibio han asesinado a 5 campesinos de la región, entre quienes se cuentan Pablo Emilio Agudelo, Guillermo León Benitez (en este caso- según la ACVC – la alcaldesa de Remedios, Doctora Lucía Carvajal, entregó 12 millones de pesos a la esposa de la víctima para que no denunciara los hechos) y Eliberto Correa.

En el caso de León Benitez y Sigifredo Castaño, la ACVC atribuye la responsabilidad de los hechos al Teniente Pinos y al Teniente Rojas del Batallón Calibio. El Teniente Rojas es identificado por la comunidad como comandante de los paramilitares en su base de la vereda El Pollo, jurisdicción del municipio de Remedios.

En septiembre del año pasado, el senador Alexander López – presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado – dirigió una carta al Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, informándole sobre la grave situación de la región, pero hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Solicitudes:

A la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos y a la sanción de los responsables de los mismos.

A la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta de los miembros del ejército que operan en la zona, en cuanto a los ataques cometidos contra la población civil.

Asimismo, se convoca la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, para difundir estas denuncias, con el fin de contribuir a la pronta solución de la grave problemática de derechos humanos que actualmente afrontan habitantes de la jurisdicción del municipio de Remedios.

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