Exhumaciones de desaparecidos abruman a Colombia

3.08.06

www.elnuevoherald.com

Matones paramilitares arrastraron a Rafael Barbosa de la casa de su madre un Viernes Santo acusándolo de llevarse fardos de cocaína que encontró flotando en el Caribe. Poco después, los mismos hombres “desaparecieron” a su hermano Freddy por salir con la hermana de uno de ellos.

Los Barbosa, granjeros y artesanos humildes, figuran entre los miles de colombianos que desaparecieron durante la última década en una guerra atizada por las milicias apoyadas por hacendados que golpearon las zonas rurales mientras los ricos de las ciudades gozaban de mayor seguridad.

Cinco años después que los hermanos desaparecieron, paramilitares que quieren beneficiarse de una amnistía del gobierno están guiando a las autoridades hasta fosas clandestinas en las zonas que controlaban, como este pueblo ganadero en la costa atlántica. Al tiempo, algunos parientes de las víctimas armados de valor también están señalando las tumbas.

La angustiada madre de los Barbosa puede ahora descansar conociendo el lugar donde sus hijos están enterrados.

”¿Qué es lo que queremos?”, preguntó Maruja del Carmen Pestaña bajo un techo de lámina aporreada por un aguacero tropical. “Que nos digan dónde están enterrados los cuerpos”.

Más de 400 cadáveres han sido recuperados de 20 lugares en los últimos 18 meses, una cuarta parte de ellos desde julio. Las autoridades consideran que cientos se encuentran enterrados en San Onofre, en donde por lo menos 87 cadáveres fueron exhumados en el último año.

Esos descubrimientos tienen a Colombia en una crisis forense: los investigadores no alcanzan a almacenar e identificar todos los cadáveres ni cuentan con un registro para identificar a las víctimas.

En muchos casos sólo quedan huesos, algo de ropa, un reloj, algunas joyas. La mayor parte de los restos desenterrados tienen al menos tres años bajo tierra y frecuentemente son exhumados con descuidos que destruyen las evidencias.

“Yo creo que estamos al borde del desbordamiento, de que van a aparecer fosas y cadáveres que puedan desbordar la capacidad del estado” para exhumarlos e identificarlos, dijo Eduardo Pizarro, presidente de la gubernamental Comisión de Reparación y Reconciliación creada hace ocho meses por la misma ley que impulsó la desmovilización de 30.000 paramilitares.

Mientras los rebeldes son responsables de algunas desapariciones en la “guerra sucia” colombiana, investigadores y activistas culpan principalmente a los paramilitares, nacidos en la década del 80 para luchar contra la guerrilla, pero cuyas víctimas fueron principalmente campesinos que se resistieron a sus extorsiones o que eran vistos como simpatizantes de las guerrillas. La violencia fue luego incitada por disputas de tierra y el narcotráfico.

Las excavaciones se realizan en toda Colombia en áreas que hasta hace poco eran feudos de bandas paramilitares que descuartizaban y torturaban a sus víctimas con la aprobación tácita de las autoridades locales, la policía y el ejército.

Los investigadores llegaron a los restos de San Onofre guiados por familiares y lugareños. Algunas osamentas fueron encontradas en el rancho donde se decía que el jefe paramilitar Rodrigo Pelufo, hoy fugitivo por ocho asesinatos, ataba a sus víctimas a un árbol de caucho antes de matarlas.

En los alrededores también se encontró el vehículo en el que viajaban dos investigadores de la fiscalía cuando desaparecieron en el 2001 y cuyos cadáveres nunca aparecieron.

Dos fosas comunes reveladas por ex paramilitares arrojaron 46 cuerpos desde principios de junio, 34 en Dibulla al pie de Sierra Nevada en el norte del país y 12 en Mocoa en el sur, en la provincia de Putumayo.

Según los investigadores, los muertos fueron transportados en una camioneta blanca, de doble tracción, hasta la fosa de Dibulla donde sus cuerpos fueron descuartizados con machetes.

En Mocoa, en un hoyo en forma de L, se encontraron los restos de un padre y su hija embarazada. Se calcula que hay otros 300 cadáveres en Dibulla y casi 50 en Mocoa.

Los investigadores llegaron a las fosas guiados por paramilitares de mando medio, dijo Leonardo Cabana, director de la unidad de derechos humanos de la fiscalía.

Esos combatientes, cuyos nombres se mantienen en secreto para evitar represalias, colaboran para reducir a cinco u ocho años las sentencias que podrían recibir de hasta 40 años de cárcel.

Todavía no está claro si los altos mandos paramilitares podrán acogerse a estas sentencias reducidas si resultan implicados en los crímenes sin haber admitido su responsabilidad.

Los fiscales, que hablaron con la condición de anonimato ya que su trabajo los convierte en objetivos de venganzas, revelaron que en la búsqueda de las fosas encontraron señales de que intentaron esconder la evidencia, como tumbas excavadas días antes de que los investigadores llegaran a Dibulla.

Colombia cuenta con talentosos antropólogos forenses, pero el Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía sólo tiene ocho buscando restos y se apresura para entrenar más.

Como el conflicto sigue al rojo vivo, y persisten la guerrilla izquierdista y paramilitares que se financian traficando cocaína y extorsionando, el número de desaparecidos es mucho mayor al reportado. Un equipo de las Naciones Unidas atribuyó el año pasado ese hecho a la falta de confianza en la justicia y los lazos históricos entre las autoridades y los paramilitares.

La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos registró 7.300 desapariciones forzadas entre 1997 y 2004 y sólo una décima parte fueron encontrados, dijo su dirigente Esperanza Mercha. Estimó el número total de desaparecidos en 15.000.

Una ley aprobada en el 2000 creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la autorizó para construir “un registro unificado” de casos, pero hasta ahora sólo compró el programa de informática necesario, de acuerdo a la secretaria de la comisión, Marta Moreno.

Las desapariciones continúan siendo reportadas “y esto abre un hueco enorme en los argumentos del gobierno de que el conflicto está bajando de intensidad o de que los paramilitares se han desmovilizado”, dijo María McFarland, especialista en Colombia del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

“Comisiones de la verdad” han develado la suerte de miles de desaparecidos en guerras sucias de Guatemala, Perú y Chile. Pero Colombia es un reto único.

“Nosotros no hemos acabado la guerra pero estamos dentro de la guerra en un proceso de paz y estamos dentro la guerra en un proceso de investigación y de identificación de desaparecidos, entonces ¿qué hay allí?”, expresó Pestaña.

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