A propósito de la cooperación europea para Colombia y los desarrollos del paramilitarismo

27.04.07

por Amira Armenta
colombia.indymedia.org

Las organizaciones de la sociedad civil colombianas e internacionales que vienen monitoreando desde hace años la asistencia europea a Colombia siempre han puesto de presente la necesidad de asegurar que los fondos se empleen directamente en el beneficio de las víctimas, y en general de todos los que soportan el impacto del problema de las drogas y el conflicto. Esta recomendación no siempre ha sido tenida en cuenta. Hasta ahora, la mayor parte de la ayuda se ha canalizado a través del estado colombiano, con las consiguientes demoras administrativas y burocráticas que ello supone, además de la exclusión que de hecho se hace de las organizaciones civiles que trabajan con las comunidades campesinas, o con las víctimas del conflicto.

En su reciente visita a Colombia, la comisionada europea de relaciones exteriores, Benita Ferrero-Waldner, anunció un paquete de ayuda para Colombia para el período 2007-2013, de 160 millones de euros. Aparte de que esta cifra representa un pequeño incremento con respecto al período anterior, la novedad es que esta vez, según lo anunciaron los europeos, los dineros serán canalizados en un 50 por ciento a través del gobierno colombiano y el otro 50 por ciento a través de organizaciones de la sociedad civil. Este gesto ha sido saludado por diferentes miembros de estas organizaciones que esperan ahora poder jugar un mayor rol y una participación central en el debate público.

El escándalo de la llamada ‘parapolítica’ desatado desde que empezaron las denuncias de la vinculación de conocidos políticos, congresistas, altos militares y funcionarios de la administración del presidente Uribe con las mafias del narcoparamilitarismo, ha puesto a Colombia de nuevo en el centro de mira de la atención internacional. Las revelaciones han sido tan contundentes en muchos casos, que difícilmente la comunidad internacional podría hacer caso omiso de ellas en el momento de expresarle su confianza al actual gobierno. Al mantener congelado un paquete de 55 millones de dólares para las fuerzas armadas colombianas, el bloque demócrata en el Congreso estadounidense ha dejado claramente ver que se está tomando en serio las consideraciones de derechos humanos. Hay demasiadas evidencias que indican que el ejército colombiano no siempre ha tenido en cuenta estas consideraciones.

Europa no provee ayuda militar a Colombia, la asistencia, por el contrario, tiene como fin contribuir a aliviar los efectos del conflicto. Una parte de ella se destina a apoyar el proceso de desmovilización de los paramilitares. En este aspecto, Europa podría seguir el ejemplo de los demócratas estadounidenses, no para congelar los fondos que tanto se necesitan, pero sí para ejercer un monitoreo más cercano de la manera cómo se está desarrollando este proceso y condicionar la continuación del apoyo al esclarecimiento de la verdad, la debida aplicación de la justicia y los vaances en la reparación a las víctimas.

La Unión Europea y los países miembros que tienen programas bilaterales de ayuda a Colombia no pueden seguir ignorando las enormes irregularidades que han acompañado desde el comienzo el proceso de desmovilización de los líderes del paramiltarismo. Es de conocimiento público que estas personas desde la prisión siguen teniendo control armado, económico y social de las zonas. Casi a diario la prensa colombiana da cuenta de las acciones o el surgimiento de un nuevo grupo narco-paramilitar en alguna parte del país. Además, todavía está pendiente la entrega de varios de los principales jefes, quienes siguen delinquiendo. Aunque el gobierno de Uribe diga lo contrario, la verdad es que la guerra paramilitar no ha terminado. En amplias zonas se sigue asesinando –como asesinaron en febrero a Yolanda Izquierdo que trabajaba con una organización de víctimas de los paramilitares- hostigando a líderes sindicales, amedrentando a la población. Los desplazamientos, desapariciones, coacción y extorsión no son cosa del pasado sino la cotidianeidad de decenas de miles de personas. Es cierto que la Ley de Justicia y Paz se ha comenzado a aplicar, pero el proceso será largo, y mientras tanto no hay nada que garantice la restitución de bienes y tierras que las autodefensas adquirieron ilegalmente.

Entre las recomendaciones que han hecho las organizaciones de derechos humanos y entidades de la sociedad civil activas en estos procesos es la de que se obligue a los jefes del paramilitarismo a pagar la reinserción de sus 30 mil hombres desmovilizados. No es una exigencia descabellada que valdría la pena tener en cuenta puesto que estas personas tienen la capacidad financiera de cubrir efectivamente estos gastos. Esto haría que la totalidad de fondos que ingresan para alivio del conflicto se destinase exclusivamente a las víctimas de la guerra. La decisión de aumentar la cantidad de ayuda que se canaliza a través de organizaciones humanitarias es un paso importante en esta dirección.

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