Desmovilizados pagarán 20% más de pena por los delitos no confiesados

22.09.05

Anunció que su despacho tiene lista una circular que será enviada a sus subalternos encargados de instruir los procesos objeto de esta ley, en la que se advierte que el 20 por ciento de más, en la pena alternativa, se hará sobre el máximo de esta, que corresponde a 8 años.

Aunque la ley en vigencia lo había previsto, se trata de una interpretación relativamente nueva, que sorprendió por el hecho de que si los imputados oculten la verdad sobre sus crímenes, la sanción podría crecer de manera sistemática y, por consiguiente, rebasar el tope máximo que la misma norma había señalado. El anuncio del Fiscal tiene especial sentido, por haber sido él uno de los arquitectos de la Ley, como viceministro de Justicia de la época.

Iguarán anunció además que será implacable en su aplicación pues no está dispuesto a tolerar su desconocimiento.

El funcionario también anotó que la aplicación de la Ley tiene que ser severa en la reparación de las víctimas. Y ejemplificó que, a estas alturas, “‘Don Berna’ no puede venir a decir que solo tiene dos carros, dos casas y dos vacas”, para responder por la reparación, porque la Fiscalía no se atendrá solo a la versión, sino que investigará con todo su aparato judicial.

Dijo, además, que aunque le parece que 60 días son muy pocos para investigar a los ‘peores criminales’ de todas las épocas, prefiere entender ese término como el plazo para realizar una “verificación” de los hechos, y que en todo caso, concluido este lapso la justicia podrá continuar los procesos por la vía ordinaria.

También resaltó que aunque la Ley de Justicia y Paz permite la expropiación de los bienes ilícitos de manera expedita y así se procederá, de igual manera serán objeto de la Ley de Extinción de Dominio.

Ante la inquietud de Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados, sobre el cálculo de que de 22.0000 paramiliatares desmovilizados sólo 200 sean juzgados a la luz de la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal señaló que esa cifra no depende ni de la Fiscalía, ni de la Procuraduría, ni de la Defensoría, sino de la voluntad que ellos tengan para colaborar con la justicia

Cuestionamientos a la Ley

Durante el foro también hubo duros cuestionamientos a la Ley de Justicia y Paz, como los hechos por Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP, Manuel Cepeda, y Amérigo Incalcaterra, el director encargado de la Oficina en Colombia del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Incalcaterra señaló que la ley no hace referencia ni al conflicto armado interno ni al Derecho Internacional Humanitario.

Agregó que convierte al paramilitarismo en delito político, lo que permite que los miembros de esas organizaciones puedan ser beneficiados con amnistías e indultos, “medidas que conducen al olvido o al perdón de la conducta delictiva”.

También dijo que la ley no habla del procesamiento de servidores públicos que hayan participado de alguna forma en crímenes cometidos por los paramilitares.

De la misma manera indicó que la norma aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente no establece mecanismos efectivos para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad. “Sin eso –dijo– no puede hacerse cabal justicia”.

‘Paras’ en la política

El senador liberal Rafael Pardo pidió ayer que los paramilitares jueguen en política por encima de la mesa. Dijo que no tiene ninguna legitimidad que se ubiquen en listas o a través de terceras personas.

Pardo propuso crear una circunscripción especial para los desmovilizados. Sin embargo, interpuso como requisitos que esto solo tuviera vigencia a partir del 2007 y con el compromiso de que los ‘paras’ estarían alejados de la contienda del 2006.

Por su parte la periodista María Jimena Duzán señaló que la mayoría de quienes tienen vínculos con los ‘paras’ y aspiran en la política, están en las listas uribistas, pero no por vocación sino por ganas de poder.

A su turno Carlos Alonso Lucio, asesor de los ‘paras’, dijo que las autodefensas eran federadas por lo que no tienen identidad para un partido único.

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