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Proceso de Desmovilización con AUC.
22.09.05
Dicho tema será defendido hoy en Bélgica por el vicepresidente, Francisco Santos.
Santos asistirá hoy al foro titulado: “Los procesos de paz en Colombia y su marco legal” en el Parlamento Europeo (PE) para presentar, por iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE) y de la eurodiputada lituana Laima Liucija Andrikiene, la ley de Justicia y Paz aprobada en julio por el Congreso.
La CIJ presentó un informe en la sede del PE en Bruselas que asegura que “las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del Estado de derecho y a la consolidación de la impunidad”.
Con este gesto la ONG pretende llamar la atención de la comunidad internacional y de la UE para que extremen las precauciones a la hora de establecer algún tipo de acuerdo de cooperación con la política de seguridad nacional del Gobierno colombiano.
El presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la Comunidad Andina, el diputado verde Alain Lipietz, asistió a la presentación del informe para respaldar las conclusiones a las que ha llegado la CIJ tras su estudio.
El informe, realizado por el fiscal español anticorrupción Carlos Castresana y la ex responsable de Derechos Humanos mexicana Mariclaire Acosta, se centra en dos grandes aspectos: la política de seguridad nacional y el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia.
La CIJ consideró que la postura del Gobierno de Alvaro Uribe es errónea ya que pretende negar la existencia de un conflicto armado en Colombia y reducirlo a una “guerra contra el terrorismo” , por lo que no es aplicable el principio de distinción entre civiles y combatientes.
La ONG recordó que se trata de un conflicto mucho más complicado en el que cada año más de 6.000 personas son asesinadas tanto por grupos paramilitares como por la guerrilla.
En cuanto al proceso de desmovilización, la CIJ subrayó que aunque la ley de Justicia y Paz no protege a paramilitares procesados o condenados por delitos de secuestro, desaparición, tortura, genocidio o desplazamiento interno de población, en realidad, el 99 % de los arrepentidos disfrutan de impunidad.
La ley ofrece beneficios a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y sus primeros beneficiarios son las Autodefensas , que mantienen negociaciones con el Gobierno desde hace más de dos años.