Dos años de la masacre de Caño Seco, Arauca

9.08.06

Camilo Rueda Navarro
Prensa Rural

Hace dos años, el 5 de agosto de 2004, en la vereda Caño Seco, del
municipio de Saravena, Arauca, tres reconocidos dirigentes sociales
fueron asesinados por el Ejército oficial. Un auténtico crimen de
guerra que fue tratado de ocultar, pretendiendo hacer creer que se
trató de muertes en combate.

Héctor Alirio Martínez se desempeñó como presidente de la Asociación
Departamental de Usuarios Campesinos. Leonel Goyeneche era directivo
de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Arauca, y estaba
vinculado al magisterio del departamento. Jorge Eduardo Prieto
pertenecía a la junta directiva de la seccional Arauca de la
Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia. Estos
tres líderes, que habían sufrido el seguimiento y la persecución
militar, fueron criminalizados y presentados como delincuentes que
habían perdido la vida en combate, como lo afirmó el propio
vicepresidente, Francisco Santos, y como lo repitieron el entonces
ministro de defensa Jorge Alberto Uribe y los mandos militares.

Pero los verdaderos hechos habían sido otros, y se trataban de ocultar
con la “verdad oficial”, replicada por los medios tradicionales, la
que poco a poco se fue develando y derrumbándose, hasta conocerse la
verdad real. Según informa el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, “se han practicado pruebas técnicas que permiten concluir
que la versión dada por los miembros del batallón presentes en Caño
Seco el 5 de agosto de 2004 no obedece a la realidad. En el proceso
penal se han observado innumerables contradicciones entre la versión
de los miembros del Ejercito Nacional y las pruebas técnicas
practicadas”, las cuales concluyen que la escena del crimen fue
alterada por los militares y que los tres líderes sociales fueron
colocados en situación de indefensión, y fusilados por la espalda, a
quemarropa. Actualmente se desarrolla una investigación penal por
parte de la Fiscalía en contra de los soldados y el comandante de la
unidad militar responsable del hecho.

El gobierno, que sostuvo la tesis de los militares de que se trató de
un combate, justificó la masacre por el hecho de que Héctor Alirio,
Leonel y Jorge Eduardo tenían orden de captura por el delito de
“rebelión”. Pero lo que se concluye de este hecho es que, para el
régimen, primero, ser líder social, sindicalista o dirigente campesino
equivale a incurrir en rebelión y ser delincuente; y segundo, esto se
paga con la vida, valiéndose de las Fuerzas Militares y recurriendo a
los montajes si es necesario. Así como en Caño Seco. Así como en
Cajamarca, Tolima, donde el asesinato de cinco campesinos, entre ellos
un niño de seis meses, fue justificado como un “error militar”. Y así
como en muchos otros lugares del país. Esta es la verdadera aplicación
de la “seguridad democrática” uribista.

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