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13.07.07
Bogotá, 11 jul (PL) La comparecencia del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), que debía continuar esta semana ante la fiscalía de la ciudad de Barranquilla, fue aplazada hasta el próximo 21 de octubre.
La solicitud de posposición fue presentada por su abogado, quien alegó necesitar tiempo para responder a más de 300 preguntas realizadas por las víctimas del connotado criminal y estudiar unos tres mil documentos en manos de la Fiscalía.
El caso de Tovar es la más reciente muestra de las dificultades que enfrenta la justicia colombiana para llevar adelante el proceso promovido por el gobierno para conseguir, mediante beneficios penales, la desmovilización de las fuerzas paramilitares.
Aunque el presidente Alvaro Uribe continúa defendiendo la controvertida ley de Justicia y Paz, en sectores sociales y ambientes judiciales cunde la decepción a punto de cumplirse el 15 de julio cuatro años de la firma del acuerdo de Ralito, que dio vía libre a la desmovilización.
Muchos se preguntan, en especial las víctimas de los desmanes de los paramilitares, cuándo se hará justicia, pues de los casi tres mil jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que deben comparecer, solo unos 50 han expuesto ante la Fiscalía lo que se denomina versión libre.
Y ese es solo el paso inicial de un largo camino que conlleva investigaciones, búsqueda de pruebas, declaraciones de testigos y familiares de las víctimas para, finalmente, emitir sentencia.
Según reporte de los organismos judiciales, para sacar adelante todos esos casos sólo se dispone de 23 fiscales y 150 investigadores.
Si se tiene en cuanta que Jorge 40, por ejemplo, carga sobre sus hombros al menos 500 asesinatos, y que otros ex jefes paramilitares han confesado cifras mayores, la pregunta que se hacen los colombianos es cuándo se hará justicia.
Pero esa es sólo una parte del embrollo en que están sumidos las instituciones judiciales.
Sobre ellos recae también dilucidar cuales son los bienes adquiridos ilegalmente por los paramilitares para con ellos resarcir a las víctimas, y aclarar, si es posible, el grado de vinculación de decenas de políticos y jefes militares con las AUC y aplicar las sanciones pertinentes.
Mientras este proceso se alarga indefinidamente, se agregan otros problemas.
El gobierno muestra como un éxito la desmovilización de unos 32 mil paramilitares, pero ha debido admitir que una parte de ellos volvieron a sus andanzas, en las denominadas Aguilas Negras, de cuyas atrocidades se habla cada vez con más frecuencia.
Asimismo medios de prensa han denunciado que aun desde la prisión ex jefes paramilitares continúan en el negocio del narcotráfico y manejando los hilos de la política en numerosas regiones.
Mientras, los que llevan la peor parte, los familiares de las víctimas, se quejan insistentemente de que siguen siendo amenazados, para que no denuncien a sus verdugos, y de que no encuentran respuesta a sus reclamos para por lo menos recuperar los restos de sus seres queridos.
por: Rafael Calcines
Fuente: Prensa Latina, 11 de junio de 2007
http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID=%7B81D95D2B-2B51-40BF-8AB4-ED041D85A738%7D&language=ES