El Estado colombiano es responsable de genocidio político y del exterminio sistemático de organizaciones sociales

19.07.07

Durante el último medio siglo en Colombia numerosas organizaciones de carácter político o social, así como comunidades étnicas y campesinas, han sufrido persecuciones y crímenes de carácter sistemático. En algunos casos las campañas represivas se han transformado en procesos de genocidio y de exterminio de grupos enteros o de estructuras significativas de estas colectividades. El Estado colombiano ha negado siempre que estos procesos de eliminación de los grupos opositores o alternativos provengan de políticas de Estado, o de la acción coordinada de sectores y agentes estatales. En algunos casos ha argumentado que se trata de hechos aislados o atribuibles a la delincuencia común y al narcotráfico. No obstante, tanto los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, como la creciente jurisprudencia nacional e internacional demuestran la existencia de patrones de criminalidad sistemática por parte del aparato estatal. A la luz de esta realidad, la condición democrática del Estado y del sistema político queda cuestionada severamente. La supresión de la pluralidad de actores sociales y políticos mediante la perpetración del genocidio y del exterminio sistemático es por esencia incompatible con la democracia.

Diversos estudios sociopolíticos coinciden en ubicar el origen de la actual violencia desde mediados de los años 40 del siglo pasado. La violencia institucional estimulada por el partido conservador dejó más de 300 mil muertos sin investigar, miles de desarraigados, un régimen político excluyente, una nación sumida en la desigualdad y la miseria, y un alzamiento armado de sectores rurales contra el establecimiento; todo lo cual sumió al país en un conflicto interno que continúa hoy desangrando a la sociedad.

Esta larga y dolorosa confrontación entre colombianos ha demostrado la imposibilidad del triunfo militar de alguna de las partes sobre la otra, por ello hemos sostenido la propuesta de una solución política negociada al mismo en el cual se pueden y deben aplicar los usos y costumbres de la guerra en cuyo contexto cabe la posibilidad de implementar acuerdos humanitarios, entre ellos un acuerdo para la liberación de los secuestrados en poder de las guerrillas y de los prisioneros insurgentes en poder del Estado.

En el desarrollo del conflicto armado el Estado Colombiano ha implementado una concepción de seguridad nacional, además de leyes y normas que permitieron a las fuerzas militares crear durante distintos periodos verdaderas estructuras paramilitares, las cuales funcionan hasta el día de hoy, con diferentes nombres.

El Estado es responsable por los crímenes del paramilitarismo

En muchos informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, documentos de misiones Internacionales al país, lo mismo que en diferentes procesos penales y disciplinarios internos se ha demostrado la relación directa de miembros de las fuerzas militares y paramilitares; como ejemplo de algunos de ellos podemos citar: asesinatos de Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León-Gómez; de Manuel Cepeda; masacres como las de: Uvos, el Naya en Cauca; Caloto, Riofrío y Trujillo en el Valle del Cauca; Red de la Armada, 19 comerciantes, Rochela, 16 de Mayo, en el Magdalena Medio; Segovia, El Aro, Ituango, San José de Apartado, en Antioquia, Mapiripan y en el Meta, etc.

En el plano internacional se han producido importantes decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en procesos tales como: Los 19 comerciantes del Magdalena medio, El Aro, Ituango, Mapiripan y la Rochela donde esta tesis del paramilitarismo como política de Estado se reconfirma. En algunos de sus apartes la Corte afirma:

“101. Con base en todas las anteriores consideraciones y tomando en cuenta el reconocimiento efectuado por Colombia, la Corte considera que, en el presente caso, es atribuible la responsabilidad internacional al Estado con fundamento en que:

El Estado estableció un marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa, que contaban con el apoyo de las autoridades estatales y que derivaron en paramilitares. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas (supra párrs. 82 a 87);

Las violaciones se cometieron en el marco de reglamentos y manuales de combate contra las guerrillas, adoptados por la máxima autoridad de las Fuerzas Militares, que establecían como funciones de los agentes militares el organizar “en forma militar” a la población civil en grupos o juntas de autodefensa y ejercer control y autoridad sobre tales grupos, los cuales debían cumplir funciones de patrullaje y apoyo a la ejecución de operaciones de combate y de inteligencia militar (supra párrs. 88, 89, 96 y 97);

El Estado reconoce que los miembros del grupo paramilitar “Los Masetos” contaron con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales para ejecutar la Masacre de La Rochela;

103. Finalmente, es importante resaltar que los hechos del presente caso (infra párrs. 106 a 120) revisten una particular gravedad porque estaban dirigidos a impedir la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos y fueron cometidos de la forma más inhumana, acabando con la vida de los funcionarios judiciales. Aunado a ello, la masacre de La Rochela tuvo la grave consecuencia de intimidar a los funcionarios del Poder Judicial en la investigación de este y otros casos . ”

En el proceso de legalización y legitimación del paramilitarismo en Colombia desarrollado por el Presiente Álvaro Uribe Vélez, hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas declaraciones y versiones de importantes voceros paramilitares dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes:

“.. nosotros solo cumplíamos ordenes de los miembros del ejército en la zona.” Palabras de Ramón Isaza, entrevista publicada en el periódico el tiempo.

“Nosotros queremos que se nos presente públicamente como la esposa y no que se nos siga manteniendo oculta como la amante de los militares”. Palabras de Ivan R. Duque (entrevista en el tiempo).

“…El 35% del Congreso es nuestro…” palabras de los voceros paramilitares Salvatore Mancuso y de Vicente Castaño.

En la versión de Justicia y paz escuchamos y leímos: “…nosotros pagábamos a los militares mil millones de pesos mensuales por colaboración, información o por trabajos conjuntos…””… Nosotros asistíamos a todas las reuniones sociales convocadas por la Brigada, conjuntamente con políticos, empresarios, etc. La prueba fehaciente de que el paramilitarismo es una política de Estado soy yo…” Declaraciones de Salvatore Mancuso.

Con estas declaraciones queda absolutamente claro que el paramilitarismo es una política, explícita en algunas ocasiones y encubierta en otras, del Estado. Ya existen copiosas investigaciones y denuncias acerca de los vínculos con los paramilitares de numerosos funcionarios de la fiscalía, miembros del Ejército Nacional, del DAS, funcionarios del Incoder, un número significativo de congresistas, familiares del Presidente de la República, cuatro ministros y el Vicepresidente de la República. A nuestro modo de ver, queda pendiente discutir no solo la responsabilidad del Estado en este fenómeno, sino además la responsabilidad internacional y de poderosos sectores económicos del país. Tal es el caso, entre otras, de las empresas transnacionales -como la Drumond, Chiquita Brands y Coca-cola-, de las grandes empresas nacionales, y de la forma en que ha sido utilizada la estrategia paramilitar en el contexto del Plan Colombia. Esto significa que no es solo el Estado sino el establecimiento el que se comprometió con este modo de delinquir para eliminar toda forma de organización social, y oposición política por parte de los sectores populares.

Un conjunto de investigaciones ordinarias, y las realizadas en el desarrollo del escándalo de la llamada “parapolitica”, vienen demostrando que desde el Estado se planearon en forma fría y sistemática innumerables crímenes, entre ellos el genocidio de todo un movimiento de oposición como la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; el exterminio de cientos de organizaciones sindicales y mas de 2500 lideres obreros; la masacre de centenares de indígenas y campesinos. La participación de entidades Estatales y funcionarios públicos en muchos de estos crímenes confirma lo que habíamos advertido desde hace años: en Colombia si existe y actúa el terrorismo de Estado.

Las víctimas de genocidio y de procesos de exterminio

Hasta hoy no existe una estadística precisa del número de organizaciones y colectividades que han sido exterminadas o gravemente destruidas por el genocidio y los procesos de exterminio sistemático. Sin embargo, de los estudios realizados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia (proyecto Colombia Nunca Más, Banco de Datos de Justicia y Paz y Cinep; Comisión Colombiana de Juristas, Codhes.) podemos presentar como base inicial las siguientes modalidades de crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado por acción y omisión contra pobladores de diferentes regiones y organizaciones: tortura, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias individual o colectivamente, detenciones-desapariciones, genocidio y otras violaciones como: desplazamiento, amenazas, incendios, violaciones sexuales, etc, en el periodo comprendido entre 1965 y 2006:

4’000.000 de desplazados y refugiados políticos.
Al menos 65.000 homicidios.
Al menos 10.000 detenidos desaparecidos y personas sepultadas en fosas comunes.
6’000.000 de hectáreas robadas a las víctimas.

En el caso particular de los paramilitares se les atribuyen desde 1988 al 2002 la cantidad de 14.700 casos de homicidios y desapariciones y de 2003 a 2006 la cantidad de 3100 casos de homicidios y desapariciones.

Análisis del marco jurídico de desmovilización y legalización del paramilitarismo

Para el Movimiento de Víctimas es claro que desde el año 2002 cuando se expide la ley 782 de 2002 y el decreto 128/03, mediante el cual se faculta al Gobierno para otorgar indultos, cesación de procedimiento o autos inhibitorios que se le había otorgado un estatus político a los paramilitares y por esta razón es que se inician los diálogos y se pactan acuerdos secretos con ellos.

• La ley de Justicia y Paz (975 de 2005) es de carácter residual y solamente se le va a aplicar a quienes hayan cometido crímenes atroces. Esta ley inicialmente desconocía totalmente los derechos de las víctimas, por lo cual fue demandada ante la Corte Constitucional por muchas organizaciones y víctimas. En el fallo C-370 la Corte en algo mejoró dicha ley, sin embargo ella no garantiza los derechos a la verdad histórica, la justicia y la reparación integral y garantías de no repetición.

Un primer balance del proceso de desmovilización paramilitar en el marco jurídico aprobado indica que se presentan las siguientes cifras:

Según Cifras del Gobierno Colombiano, desde el año 2002 hasta agosto del año 2006 se desmovilizaron 31.671 personas en 38 actos de desmovilización colectiva y 9.964 en desmovilizaciones individuales. De este total aproximadamente 36.000 son paramilitares.

Por su parte el Ministerio de Defensa Nacional señala que para el año 2002, los grupos paramilitares contaban con 12.175 hombres y que entre agosto del 2001 y diciembre del año 2006, las Fuerzas militares capturaron a 12.842 paramilitares, así mismo que durante este mismo periodo fueron abatidos 1513 paramilitares. Como se explica que en un lapso de un año los grupos paramilitares hayan pasado de 12.000 a mas de 30.000 integrantes aproximadamente?.

De Estos paramilitares 33.500 han sido beneficiados con la ley 782/02 y su Decreto 128/03.

De los que reconocieron crímenes atroces o de quienes se tenían ordenes de captura el Alto Comisionado para la paz ha presentado a la ley de Justicia y Paz a 2.679, los cuales fueron dejados en libertad y gozan de todos los beneficios. El deber del Estado era capturarlos y dejarlos en las cárceles a órdenes de la nueva jurisdicción. Luego de las denuncias solo logra que se presenten 59, de los cuales ya han dejado en libertad a 6.

Por otra parte de los que estaban presos inicialmente presentaron una lista de 1600 aproximadamente y hoy dicha lista de cabecillas paramilitares se ha incrementado hasta llegar el listado 3.377. Esto significa que la impunidad es de aproximadamente el 99%.

Lo más grave es que informaciones oficiales reconocen la persistencia en todo el país de mas de 40 estructuras paramilitares, entre ellas las águilas negras, los rastrojos, los machos, AUC nueva generación etc. Estos grupos continúan delinquiendo en complicidad con la fuerza pública. El paramilitarismo no solo no se ha desmovilizado realmente, sino que continúa delinquiendo desde la cárcel, traficando con drogas, lavando activos que circulan libremente en renglones de la economía sin que haya ningún rastreo de las autoridades. El poder político del paramilitarismo aun se mantiene en cientos de municipios y diversos departamentos del país bajo la mirada indiferente del Estado.

Mientras tanto las victimas son desconocidas, se les niega sus derechos, no se les ha permitido retornar a sus terruños, son intimidadas por grupos de desmovilizados en las audiencias publicas y se mantienen sin garantías de seguridad hasta el punto que mas de 15 de ellas han sido asesinadas.

La sociedad en su conjunto debe movilizarse para rechazar la perspectiva de un Estado mafioso y autoritario que busca perpetuar la hegemonía de ultraderecha, el paramilitarismo y la impunidad.

Sin la solución negociada del Conflicto y el logro de verdaderos cambios políticos y sociales en el país no será posible avanzar en la lucha contra la impunidad, el logro de la justicia, la reivindicación de los derechos de las victimas y el ejercicio de la democracia y el bienestar colectivo.

La ruta del Movimiento de Víctimas

1.- El Movimiento de Víctimas, ha planteado la necesidad de organizar a las víctimas directas, a sus familiares y a las organizaciones de donde eran afiliadas para que en forma conjunta se organicen en los municipios, departamentos y a nivel nacional para que sin excepciones, sin exclusiones se pongan de acuerdo para exigir el conocer la verdad histórica de lo sucedido con todas sus implicaciones, para que se investigue, juzgue y sanciones a los autores intelectuales y materiales, se repare integralmente el daño causado, en lo psicológico, la memoria y la dignidad de la víctima, en los daños morales y materiales y en todo sentido para poder reconstruir todo lo que destruyeron con sus delitos.

Pero sobre todo para que se brinden garantías de no repetición de los crímenes. Sobre esto consideramos que por ahora no se puede confiar sino en las mismas víctimas y en las organizaciones de derechos humanos, procurando mecanismos de autoprotección.

Algunos sectores plantean hoy como prioridad la reparación colectiva, que si bien consideramos fundamental, no puede abordarse sin partir del reconocimiento y garantía de los derechos irrenunciables a la Verdad, la Justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición, pues de lo contrario estaríamos legitimando los discursos que afirman que nos encontramos en una “etapa post –conflicto” y de “justicia transicional “ donde estos derechos ya estuvieran resueltos y no fuera necesario discutirlos. Tampoco estamos de acuerdo con el criterio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre la “reparación simbólica” o reparación humanitaria que se convierte en una burla y desconocimiento a los derechos de las victimas.

Cualquier proceso de auténtica superación del genocidio y de los crímenes contra la humanidad perpetrados contra grupos y movimientos sociales exige de transformaciones políticas. Estos cambios de fondo requieren una nueva concepción del Estado colombiano en la que se renuncie definitivamente a la perpetración del genocidio y de todas las formas de criminalidad sistemática. También requiere la renuncia a las estrategias de tipo paramilitar y la depuración general de todas las instituciones estatales. En el plano de la equidad social exige una verdadera reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra y los territorios.

Nuestra postura no niega la existencia de otras víctimas en el conflicto armado, pero consideramos que ellas ya tienen un proceso organizativo de muchos años y en consecuencia lo que creemos es que podemos relacionarnos y en la medida de lo posible coordinar trabajos frente a la defensa de nuestros derechos pero respetando siempre la autonomía, la independencia y la especificidad de los crímenes cometidos. La experiencia nos ha indicado que en las acciones públicas y en las giras nacionales e internacionales se puede y debe trabajar. En lo que no estamos de acuerdo – por ahora- es en que estemos en una sola organización ya que tenemos planteamientos distintos y experiencias diferentes.

2.- Nuestra estrategia frente al marco jurídico de impunidad (ley 975/05). Al respecto consideramos que no validamos el marco jurídico expedido por el Estado Colombiano, ya que no se nos ha consultado nunca, no hemos participado en su discusión y aprobación, es decir, se nos excluyó totalmente. Por otra parte, nuestros derechos no están garantizados en el actual marco legal y la Administración de Justicia en Colombia no es autónoma e imparcial. Por el contrario, ella garantiza que el 99.6% de los Crímenes de Lesa Humanidad se encuentren en la impunidad.

Creemos que las víctimas deben presentar las peticiones sobre los hechos cometidos y agotar en esta forma los recursos internos para poder reclamar en las instancias internacionales nuestros derechos, de la misma manera creemos que es valido y legitimo que las víctimas por el mecanismo que consideren adecuado reclamen estos derechos dejando claro que no liberan de responsabilidad, en ningún sentido, al Estado, la Fuerza Pública, o los paramilitares.

Consideramos en este sentido importante determinar que todo lo que se haga para explicar este marco jurídico, y los derechos de las víctimas debe hacerse. Nuestra disposición es la de participar en dichos procesos para compartir la experiencia nacional e internacional que hemos acumulado en la defensa de los derechos humanos y promover así el proceso de organización de todas las víctimas.

3.- El Estado, la Iglesia, los partidos tradicionales, el empresariado y los medios de comunicación se han movilizado para rechazar el secuestro. Lo han hecho con nueve años de retardo, que es el tiempo que muchos retenidos llevan internados en las selvas. Sin embargo es legítimo también preguntar por qué nunca convocaron a la movilización contra los centenares de masacres efectuadas por el paramilitarismo en asocio con fuerzas militares oficiales, contra la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento de 3.5 millones de ciudadanos y el despojo violento de más de 6 millones de hectáreas de tierra cultivable. El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado considera sin temor a equivocarse que el secuestro y la desaparición forzada deben desterrarse como práctica de las partes en la actual confrontación. Exigimos el encuentro inmediato y sin condiciones previas entre las partes para acordar un Acuerdo de Intercambio humanitario que ponga fin a este fenómeno.

Propuestas del Movimiento de Víctimas

En su tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado definió 8 estrategias de lucha contra la impunidad, por la verdad, la Justicia, la reparación integral y la no repetición, que son un instrumento de trabajo permanente. Entre esas propuestas figuran las acciones jurídicas para buscar la sanción de los máximos responsables de la criminalidad de Estado, la realización de audiencias ciudadanas por la verdad, la conformación de la Comisión Ética Internacional, la elaboración de un proyecto de ley de no repetición, la creación del Catastro Alternativo de Tierras, el diseño de estrategias alternativas para la exhumación de fosas comunes, la lucha contra el genocidio político, y la creación de casas locales de la memoria histórica. Estas ocho propuestas estratégicas han sido elaboradas por las organizaciones de víctimas y por lo tanto expresan su visión autónoma sobre los cambios que requiere Colombia para superar los crímenes contra la humanidad, y para superar el actual estadio predemocrático del sistema político. Adicionalmente a estas estrategias hacemos las siguientes diez propuestas:

1. Promover y participar en el proceso de organización y capacitación en el conocimiento de sus derechos y en su defensa, por las víctimas, sus familias, sus organizaciones y a la población en general, apoyando en esta forma el proceso que han iniciado ya las víctimas de crímenes de Estado. De la misma manera se debe promover que presenten las peticiones ante la Fiscalía Unidad de Justicia y Paz, Procuraduría, Oficina ONU en DH en Colombia, Comisión Interamericana de DH de la OEA, organizaciones internacionales de DH, ante la Corte Penal Internacional, etc. Para dejar constancia de las violaciones a sus DH, así estos crímenes queden en la impunidad, dejando claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

2. La lucha contra la impunidad y por la democracia requiere armonizar las acciones jurídicas, la movilización de las victimas, la lucha política y la gestión internacional. Es imprescindible lograr que esta lucha deje de ser solo un problema de las victimas y las organizaciones de derechos humanos y pase a convertirse en una preocupación y movilización de toda la sociedad.

3. Trabajar por un amplio consenso social sobre la prohibición de todo tipo de justificación pública del genocidio y de los crímenes contra la humanidad. El Estado colombiano debe reconocer públicamente su responsabilidad en las atrocidades que se han perpetrado contra los grupos y movimientos sociales. La sociedad colombiana no puede seguir concibiendo el paramilitarismo como un mal menor, e incluso necesario. Las audiencias de versión libre de los jefes paramilitares bajo el sistema de la ley de justicia y paz no pueden ser tribunas para justificar o festejar los crímenes cometidos, ni para hacer una nueva apología del genocidio.

4. La comunidad internacional debe exigir que el Presidente de la Republica, el Alto Comisionado de Paz, el Ministro del Interior y de Justicia y la Fiscalía respondan por la totalidad de los 2777 paramilitares que confesaron crímenes de lesa humanidad o que tenían ordenes de captura vigentes por parte de la Fiscalía. Recordemos que solamente los 24 miembros del estado mayor negociador tenía suspendidas las ordenes de captura, los demás no. Esto penalmente es una conducta constitutiva de prevaricato.

5. Solicitar el acompañamiento internacional al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones sociales, políticas de oposición y de derechos humanos para garantizar su existencia en este contexto de aplicación de la ley de Justicia y Paz. Igualmente se deben realizar visitas periódicas a los Tribunales de Justicia y Paz en Barranquilla, Medellín y Bogotá y a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal y al Fiscal General para garantizar la correcta aplicación de la ley penal a los políticos y funcionarios públicos comprometidos con el paramilitarismo. Se recomienda que las visitas al país sean coordinadas internacionalmente con la OIDHACO Y A NIVEL NACIONAL CON LA CORDINACIÓNCOLOMBIA EUROPA – ESTADOS UNIDOS.

6. Si es del caso y se puede constatar que lo que hay es un juicio simulado y lo que se ha buscado por el Estado es evitar que actué o que hay un proceso de impunidad; como mecanismo de agotamiento de los recursos internos; presentar los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) o el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ONU), a la jurisdicción Universal o la Corte Penal Internacional, solicitar ante estas instancias que inicien los procesos respectivos. En este caso si llamamos a la comunidad internacional para que desarrolle sus buenos oficios ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que inicie los respectivos procesos y si es del caso se coadyuven las peticiones por nosotros formuladas.

7. Promover y apoyar las iniciativas que se vienen adelantando nacional e internacionalmente por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. (proyecto de ley de prohibición del paramilitarismo, catastro alternativo, comisión ética internacional, audiencias públicas por la verdad, galerías de la memoria, etc.).

8. Exigirle al Estado Colombiano el cumplimiento total de las recomendaciones internacionales que le han formulado los grupos temáticos, los relatores especiales y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Exigirle de la misma manera el cumplimiento de lo acordado para aprobar conjuntamente con las expresiones de la sociedad civil el plan nacional de Derechos Humanos.

9. Exigirle al Estado Colombiano el desmantelamiento real de la estructura paramilitar en los aspectos políticos, sociales, económicos y militares como garantía real para que los crímenes no se sigan cometiendo. En este mismo sentido se le debe exigir a la misión de la OEA, que comience a cumplir con su mandato de verificación de la desmovilización de la totalidad de la estructura paramilitar.

10. Exigirle al Estado Colombiano la solución política negociada al conflicto social, político y armado que padece el país desde hace más de 40 años; para ello debe concretar en el menor tiempo posible los acuerdos con el ELN y las FARC-EP. Estos diálogos deben ser públicos y los acuerdos deben darse a conocer nacional e internacionalmente y en ellos debe prevalecer la defensa de los derechos humanos, la democracia real, la soberanía y el Estado de Derecho.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

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