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5.08.07
Chiquita Banana pagó US$ 1,7 millón por seguridad a grupos de ultraderecha.
El gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de que la multinacional con sede en su país Chiquita Banana realizaba pagos ilegales a paramilitares de Colombia pese a que éstos integran la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, informó ayer el diario The Washington Post.
Según la investigación periodística, el secretario de Seguridad Interna, Michel Chertoff, se reunió en abril de 2003 con Roderick Hills, alto ejecutivo de la compañía, quien le planteó el problema de los pagos al grupo paramilitar “a cambio de protección” y la posible violación a las leyes de EE.UU., que prohíben a cualquier persona u organización estadounidense negociar con grupos terroristas.
Chertoff, en ese momento en el Departamento de Justicia, le dijo a Hills que consultaría con autoridades de Washington pero nunca le dio una respuesta, dijo el Post citando fuentes judiciales.
Desde hace meses crece el escándalo sobre cómo operaban y quiénes financiaron a los “paras” colombianos que cometieron masacres en su enfrentamiento con grupos guerrilleros. Se denunciaron pagos de grandes firmas colombianas y extranjeras, así como complicidades del actual gobierno de Alvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aceptaron un polémico plan de repliegue, confesiones a cambio de impunidad y entrega de armas.
La bananera Chiquita, líder del mercado mundial del banano, es investigada por la Justicia de EE.UU. En marzo último, la transnacional reconoció ante un juzgado federal que pagó a paramilitares colombianos US$ 1,7 millón por extorsiones y recibió una multa de US$ 25 millones. Pero la investigación sigue y Hills podría enfrentar cargos crimi nales, igual que otros ejecutivos del grupo como el ex director general Cyrus Freidheim, y el ex asesor legal Robert Olson, según el Post y otro diario, The Wall Street Journal.
El juez federal Royce Lamberth debe decidir si acepta la declaración de culpabilidad de Chiquita. Ya dijo a la fiscalía y a los abogados defensores que quiere saber qué directivos aprobaron los pagos a las AUC. El lunes Lamberth dirigirá una audiencia sobre este caso.
En otra causa aquí, abogados de las familias de 173 personas asesinadas en zonas bananeras de Colombia presentaron una demanda millonaria contra Chiquita por financiar a paramilitares.
Fuente: Clarin.com, 3 de agosto, 2007
http://www.clarin.com/diario/2007/08/03/elmundo/i-03001.htm