Una golondrina no hace verano

31.08.07

Los jóvenes Juan Pablo Ordoñez Cañón Subteniente del Ejército Nacional, Jhon Jairo Hernández Suarez, Walter Loaiza Culma y Oscar Saúl Cuta Hernández Soldados profesionales y el civil Daniel Caballero Rozo, fueron condenados el pasado 23 de agosto a cuarenta años de prisión cada uno, por el delito de homicidio agravado al haber acribillado en estado de indefensión a estos destacados líderes sociales araucanos, el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco, Saravena. Fueron tres de los 96 trabajadores sindicalizados asesinados el mismo año.

Estos jóvenes militares actuaron bajo las ordenes del Teniente Coronel Luis Francisco Medina Corredor Comandante del Grupo Mecanizado Reveiz Pizarro del Ejercito Nacional en Saravena (Arauca), del Capitán Isnardo Alberto Bravo Zambrano encargado del Servicio de Inteligencia S2 del mismo Grupo y del Capitán Luis Eduardo Castillo Arbelaez Oficial de Operaciones, altos oficiales quienes permanecen cubiertos por el manto de la impunidad.

Saludamos este mínimo resultado, que valga señalar tiene como impulsor, la rápida y consistente labor de denuncia desarrollada por familiares, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos a nivel regional, nacional e internacional, y no una política de estado, pues la reacción inmediata del Vicepresidente y el Ministro de Defensa fue justificar el crimen, señalando a las víctimas como guerrilleros dados de baja combate.

Sin embargo resulta evidente que una golondrina no hace verano, pues según información de las centrales obreras colombianas presentada en junio de 2007 ante la OIT, entre 1986 y 2006 se tiene registrado el asesinato de 2545 trabajadores y trabajadoras sindicalizados, de los cuales solo 1547 están siendo investigados, de éstos tan solo 77 de las investigaciones han llegado a etapa de juicio y solo en 29 se dicto sentencia, y en 11 de estos, la sentencia ha condenado a los responsables. De suerte que si el gobierno tiene la intención de usar esta condena como carta de juego en la negociación del TLC, bien puede abstenerse pues en ningún modo tiene peso suficiente.

Entre tanto, la situación para activistas sociales y sus organizaciones en Arauca continúa siendo dramática pues la persecución de su legítimo accionar continúa, mediante amenazas y judicializaciones.

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