Ofensiva neoliberal en marcha. Banco Mundial y política agraria

29.09.05

Por: João Márcio Mendes Pereira, historiador. (29.09.05)

Está en curso una ofensiva política del Banco Mundial (BM)
en el sector agrario, especialmente latino-americano.
Entre 1990 y el 2004, el BM suscribió con 32 países,
45 préstamos para proyectos relacionados con su política
agraria. Sumados los proyectos concluidos y en curso, se
observa que las regiones de América Latina y el Caribe
responden por un 33,3% del total; el Este Europeo y Asia Central, por un 26,6%; el este de Asia y la región del Pacífico, por un
24,4%; África y Oriente Medio, por un 13,4% y el sur de
Asia por un 2,2%. Se nota también, que el BM viene
acelerando significativamente la aprobación de tales
proyectos: entre 1990 y 1994, 3; de 1995 la 1999, 19,
totalizando US$ 700 millones; desde el 2000 hasta el 2004,
25, totalizando US$ 1000 millones en préstamos.
Paralelamente, el BM viene articulando, en diversos países,
cursos y talleres para la burocracia estatal directamente
responsable de la implementación de políticas en el medio
rural, a fin de ejercer una efectiva dirección intelectual
y moral sobre la definición de la política agraria de los
Estados nacionales.

Por haber concentrado su agenda en el ajuste macroeconómico,
el BM prácticamente abandonó el tema agrario en los años
1980. ¿Por qué, entonces, el BM volvió a interesarse por él
en la década siguiente? Básicamente, por cinco razones: a)
la oportunidad de despolitizar el tratamiento del problema
agrario existente en gran parte de los países del Sur, una
vez que el fin de la Guerra Fría, en su visión, habría
debilitado la vinculación entre la lucha por la reforma
agraria y un ideario de transformación social más amplia; b)
la necesidad de liberalizar los mercados agrarios,
eliminando las barreras legales a la libre compra y venta
y al arrendamiento de tierras, como parte de los programas
de ajuste estructural; c) la necesidad de dar respuesta a
los conflictos agrarios y, en algunos casos, a las acciones
de movimientos sociales pro-reforma agraria, con el
objetivo de garantizar la seguridad del capital; d) la
necesidad de crear programa s sociales compensatorios en el
campo en respuesta a los efectos socialmente regresivos de
las políticas de ajuste estructural; y) la necesidad de
hegemonizar la mercantilización de las tierras rurales en
las sociedades del antiguo bloque soviético, de modo de
acelerar y consolidar su transición al capitalismo
financiero.

El lector ya debe haber percibido que, en hipótesis alguna,
se debe tratar la política agraria contemporánea del BM
como un tema meramente “rural”, desligado de procesos
económicos y políticos más amplios. En verdad, tal
política agraria fue diseñada y viene operando en los
marcos establecidos por el ajuste estructural impulsado por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM. Es por eso
que esta política está subordinada a dos procesos
antagónicos a los intereses del mundo del trabajo: de un
lado, la liberalización de las economías nacionales, que
profundiza la mercantilización de la vida social; de otro,
a la contra-reforma del Estado, que sustituye su papel
redistributivo por políticas focalizadas de “alivio” de la
pobreza que no alteran las bases de la reproducción de la
desigualdad y de la explotación.

¿Como se organiza la política agraria del BM? Básicamente,
en ocho líneas de acción:

– Estímulo a las relaciones de arrendamiento. Este es un
tópico prioritario para el BM, después que la reforma
agraria de mercado entró a varios países donde fue
experimentada. Implica la suspensión de barreras legales,
normalmente creadas en el auge de lasa reformas agrarias,
para proteger a los pequeños arrendatarios. El hecho de
que este tipo de relación social fuera identificado, hace
décadas, como sinónimos de explotación del campesinado y de
retroceso económico por todas las organizaciones campesinas
latinoamericanas – no siendo reivindicado por ninguna de
ellas – no es tomado en consideración por el BM. Sus
objetivos principales son aumentar el uso productivo de la
tierra y disminuir los costes de producción de las empresas
agroindustriales. Diversas investigaciones muestran que ese
tipo de relación no está contribuyendo a mejorar el acceso
a la tierra en América Latina. – Estímulo de las relaciones de compra y venta. El objetivo
también es aumentar el grado de mercantilización de la
tierra, permitiendo, vía mercado, la salida de productores
“ineficientes” y la entrada de productores “eficientes”,
bajo la óptica del capital agroindustrial. – Titulación privada. Implica la concesión de títulos de
propiedad a los poseedores, con el objetivo prioritario de
disminuir la informalidad en el mercado de tierras, dando
más seguridad legal a las transacciones. Para el BM, no
importa si un pueblo considera que el valor de uso de la
tierra es más importante que su valor de cambio, pues su
visión de desarrollo está basada en la universalización de
la propiedad privada en todas las sociedades humanas. En
algunas situaciones, la titulación estimuló la venta de
tierras por los campesinos y su posterior concentración.
Además de eso, al contrario de lo que afirma el BM, varias
investigaciones muestran que el título de propiedad no
mejoró el acceso del campesinado pobre al mercado de
crédito en América Latina. – Cambio de la legislación agraria y creación de un nuevo
aparato administrativo. Se trata de crear las condiciones
legales y administrativas para la libre transacción
mercantil de la tierra, simplificando y abaratando los
procedimientos burocráticos y garantizando la seguridad de
los contratos. En esa lógica, todo el proceso debería ser
gestionado por los municipios. – Control de los conflictos agrarios. Se trata de la
creación de mecanismos de resolución o encaminamiento
rápido de las tensiones sociales, preferentemente por los
gobiernos municipales. – Tributación de la propiedad rural. El BM defiende la
municipalización de la tributación rural y no prioriza el
apoyo a la implementación de la tributación progresiva para
cohibir la especulación agraria. – Privatización de las haciendas estatales en el Este
Europeo y en la antigua Unión Soviética. Se trata de crear
mercados de tierra y transformar la matriz de la propiedad
en aquellas sociedades en dirección al capitalismo. – Reforma agraria de mercado. Experimentada en Sudáfrica,
Colombia y en Guatemala, entró en colapso, quedándose muy
por debajo de las expectativas de sus ejecutores. En
Brasil, programas de esa naturaleza fueron iniciados por el
gobierno FHC y continuados por el gobierno Lula. Se trata
de la concesión de crédito público a los campesinos pobres
para la compraventa de tierras, con una parte variable de
subsidio destinada a inversiones socio-productivos
complementarias. En suma, consiste en una mera relación de
compra y venta entre agentes privados financiada por el
Estado. Este modelo integra la agenda de políticas
selectivas y puntuales de alivio de la pobreza rural,
agravada por las políticas neoliberales de ajuste
estructural. Al contrario de lo que dice el BM, éste no es
otro modelo de reforma agraria, pero sí su negación, pues
reforma agraria consiste en una acción pública que, en un
corto espacio de tiempo, redistribuye a campesinado pobre
tierras privadas apropiadas por una clase de grandes
propietarios. Su objetivo es democratizar la estructura
agraria, lo que presupone transformar las relaciones de
poder económico y político, causantes de la reproducción
de la concentración agraria. Mientras la política
redistributiva implica, antes que todo, la desapropiación
obligatoria de tierras privadas que no cumplen su función
social. Redistribuir tierra y poder, alterando las
relaciones de fuerza en la sociedad en favor del
campesinado y de las coaliciones que el apoyan, nada tiene
que ver con las transacciones patrimoniales privadas
financiadas por el Estado.

Es esta la política agraria del BM, en rápida expansión,
especialmente en América Latina. No es difícil percibir
cuáles son sus implicaciones sociales y políticas.

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