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17.07.11: Nuevamente Tribunal Superior de Bogotá definirá curso del caso de los niños de Tame
7.07.11: Sentencian a 60 años de prisión a ocho militares por ’falsos positivos’
7.07.11: A juicio oficial por 'falso positivo' en Tolúviejo, Sucre
20.06.11: Tribunal Superior de Bogotá niega nulidad en caso Tame
12.04.11: Corte ordena traslado de caso niños Tame a Bogotá
25.03.11: Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame
24.03.11: "No hay garantías de justicia"
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
16.03.11: A juicio César Pérez García por la masacre de Segovia
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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14.08.06
Así lo acaba de decidir el Consejo Superior de la Judicatura al concluir que la Justicia Penal Militar no es competente para conocer el proceso.
www.eltiempo.com
El caso por la muerte de 10 policías de la Dijín y un civil a manos de militares del Batallón de alta Montaña en Jamundí (Valle) llegó al Consejo Superior de la Judicatura por decisión del juez Cuarto Especializado de Cali, Óscar Hurtado, quien se declaró incompetente para conocer el proceso.
En su momento, Hurtado no solo envió el proceso al Consejo Superior de la Judicatura sino que renunció a su cargo argumentando falta de garantías para ejercer justicia.
Cuando todo estaba listo para abrir el juicio contra los militares, el juez anunció que enviaría el expediente a la justicia penal militar, que rechazó el expediente.
En la audiencia durante la cual anunció su determinación, Hurtado no solo se declaró incompetente para seguir con el proceso sino que impidió que la Fiscalía presentará sus argumentos de acusación contra los militares implicados en la masacre.
La sala disciplinaria del Consejo apoyó su decisión en un fallo de la Corte Constitucional según el cual en caso de duda sobre la competencia el caso debe quedar en manos de la justicia ordinaria.
El expediente será remitido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.