La ONU oye a las víctimas

10.06.09

El relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, el australiano Philip Alston, anunció su intención de “ir más allá” y ocuparse de todos los llamados falsos positivos cometidos supuestamente por miembros de la Policía, de las Fuerzas Militares y otros grupos armados ilegales que han quedado impunes. “Colombia ha sufrido un sinnúmero de problemas en años recientes y también es claro que el Gobierno ha empezado a explorar un enorme esfuerzo para subsanar la situación (…) mi papel consiste en identificar medidas adicionales que se podrían tomar para mejorar aún más la situación”, dijo.

Al intervenir en una audiencia pública, realizada en el Congreso de la República, en la que varios de los familiares de dichas ejecuciones extrajudiciales contaron sus experiencias, Alston anunció que estará por lo menos diez días en Colombia, en los que visitará los departamentos de Antioquia, Meta y Santander para conocer los testimonios de víctimas y testigos de algunos asesinatos. Asimismo, tiene previstos encuentros con el vicepresidente Francisco Santos, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; el procurador, Alejandro Ordóñez; el fiscal general, Mario Iguarán, y los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo pronto, durante la audiencia pública del lunes, Alstonescuchó a familiares de víctimas quienes denunciaron que los procesos de desapariciones forzadas los está llevando la Justicia Penal Militar (JPM), lo que en criterio de Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, se trata de una estrategia para evadir las responsabilidades de los falsos positivos. “Queremos decir que los responsables de estos hechos criminales deben afrontar una responsabilidad de carácter político y judicial”, anotó Cepeda.

Al respecto, el senador del Polo Democrático Gustavo Petro reveló que “de la manera más extraña”, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos nombró al coronel Édgar Emilio Ávila como nuevo director ejecutivo de la JPM, quien está acusado de tener nexos con el jefe paramilitar del municipio de Bello (Antioquia), Hugo Albeiro Quintero, y desde que asumió el cargo ha retirado a por lo menos el 30% del personal que laboraba en la JPM.

Esta acusación fue refutada por el Ministerio de Defensa, que en un comunicado respondió que el ministro nunca conoció del traslado en bloque de funcionarios de la JPM, que respetaba la autonomía del director ejecutivo de la JPM, al tiempo que recomendó a este organismo revisar los traslados denunciados por Petro, para no afectar las investigaciones.

A su vez, Astrid Sanabria –esposa de una de las presuntas víctimas de falsos positivos–, dijo que si bien su caso es llevado por un fiscal de derechos humanos, otros 56 procesos en el Casanare son tramitados actualmente por la JPM.

Según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, existen por lo menos ocho casos nuevos de falsos positivos desde el mes de diciembre, ocurridos en los departamentos de Atlántico, Cauca, Córdoba, Meta y la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el Gobierno Nacional asegura que gracias a las medidas adoptadas a finales del año anterior se ha presentado sólo un nuevo caso de ejecución extrajudicial. Sin embargo, la Coordinación asegura que los nuevos casos vienen acompañados de nuevas modalidades para encubrir las ejecuciones extrajudiciales, como son desapariciones forzadas o asesinatos bajo formas sicariales, entre otros.

Tras su visita al país, Philip Alston deberá presentar, el próximo año, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un informe sobre la situación de las ejecuciones extrajudiciales y el estado de las investigaciones de asesinatos cometidos tanto por los grupos armados ilegales como por la Fuerza Pública. Como antecedente, en febrero pasado Alston estuvo investigando situaciones similares en Kenia y al final de su visita pidió la dimisión del jefe de la Policía y del Fiscal General de ese país, revelando además que había políticos implicados en esas actividades ilegales. Igualmente, instó al presidente keniano, Mwai Kibaki, a “reconocer” públicamente los hechos.

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