
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
17.07.11: Nuevamente Tribunal Superior de Bogotá definirá curso del caso de los niños de Tame
7.07.11: Sentencian a 60 años de prisión a ocho militares por ’falsos positivos’
7.07.11: A juicio oficial por 'falso positivo' en Tolúviejo, Sucre
20.06.11: Tribunal Superior de Bogotá niega nulidad en caso Tame
12.04.11: Corte ordena traslado de caso niños Tame a Bogotá
25.03.11: Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame
24.03.11: "No hay garantías de justicia"
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
16.03.11: A juicio César Pérez García por la masacre de Segovia
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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10.09.09
Por la Asambla por la Paz
El 7 de septiembre las organizaciones colombianas de defensoras y defensores
de los derechos humanos y la paz presentaron a la Relatora Especial para las
defensoras y los defensores de los Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, testimonios, indicadores y análisis
que evidencian una situación de grave violación a sus derechos humanos que
no se puede interpretar como un asunto de polarización entre gobierno y
sociedad civil. Esta grave crisis tiene su origen en la negación del
conflicto armado y el desconocimiento del principio de distinción entre
civiles y combatientes.
Las plataformas también expresaron su preocupación por el aumento de
aviones, tropas y mercenarios estadounidenses que se deriva del acuerdo de
cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que aleja las
posibilidades de una solución política y negociada al conflicto armado en
Colombia y representa un grave riesgo para la seguridad regional de América
Latina e incluso de África, como se evidenció en al reciente cumbre de
UNASUR en Bariloche, Argentina.
En la reunión, realizada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, participaron voceras y voceros
de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Minga, Justicia y Paz,
el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CODHES, la Organización
Femenina Popular, la Corporación Reiniciar, la Federación de Estudiantes
Universitarios, el Comité Regional por al Defensa de los Derechos Humanos,
CREDHOS, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Corporación
Jurídica Yira Castro, así como familiares de sindicalistas desparecido
Guillermo Rivera Fúquene.
Estas organizaciones, integrantes de las plataformas que integran la
iniciativa del Techo Común1, presentaron testimonios y datos sobre
asesinatos, amenazas, montajes judiciales, robos de información,
señalamientos, estigmatizaciones, persecución contra ellas, ellos y sus
familiares incluyendo hijas e hijos menores de edad que hacen parte de una
“guerra política”, emprendida desde las más altas instancias del Gobierno
Nacional, para neutralizar y deslegitimar la labor de defensa de los
derechos humanos en Colombia.
“El año pasado fueron asesinados 15 defensoras y defensores de derechos
humanos y 24 sindicalistas.” indicó Gustavo Gallón director de la Comisión
Colombiana de Juristas, quien hizo la intervención central de la reunión a
nombre de las plataformas. Añadió que esta realidad ha sido resultado de la
promoción de una “cultura contraria a los derechos humanos” por parte del
Gobierno Nacional que se expresa tanto en el fallido proceso de paz con los
grupos paramilitares2, como en los señalamientos públicos contra las y los
defensores, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, las
operaciones de espionaje contra Magistrados de esta Corte, integrantes de
la oposición, defensoras y defensores de derechos humanos.
Durante la reunión se dio a conocer a las Relatora el contexto de la crisis
humanitaria y de derechos humanos en el país, donde en los últimos siete
años, 14.000 personas fueron asesinadas fuera de combate en hechos de
violencia sociopolítica. 75% cometidos por grupos paramilitares y Fuerzas
Estatales, y 25% restante por las guerrillas. En el último año 380 mil
personas han sido desplazadas, sumándose a la tragedia del desarraigo que
viven tres millones de colombianas y colombianos. De igual manera, indicó
que en Colombia persiste un alto nivel de exclusión social y que es el
segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, con un
índice GINI de 0, 59, y advirtió que las cifras oficiales de pobreza se han
reducido del 63 al 45% por un cambio en los indicadores para medirla y no
por una mejora real de la situación.
Las y los defensores de derechos humanos y paz concluyeron que su trabajo es
hoy aún más urgente y necesario, e indicaron que son necesarias
investigaciones oportunas desde la Fiscalía General de la Nación así como
mecanismos legales eficaces de rectificación y protección del Habeas Data de
las y los defensores.
También solicitaron la verificación por parte de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas del cumplimiento de las recomendaciones
en materia de defensoras y defensores de los derechos humanos y solicitaron
acompañamiento internacional para seguir ejerciendo su derecho a defender
los derechos humanos y trabajar por la paz en Colombia.
[1] Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y
Afines.
[2] La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado calificando la
extradición de los principales líderes de estos grupos como una violación al
Derecho Internacional Humanitario que impide la el logro de la verdad la
justicia y la reparación para las víctimas.