Petroleo y guerra en Colombia: el caso de Repsol en Arauca

18.02.10

por Jaume Fortuño – IPO

1. Repsol YPF en Arauca

Mucho se ha dicho sobre el papel de las empresas transnacionales en el expolio que sufren los países del sur y en los conflictos que desangran a estos pueblos. Pero dicha responsabilidad no solo les corresponde a las multinacionales gringas, sin duda las más señaladas por los que criticamos la globalización. La Unión Europea, que financia proyectos de cooperación al desarrollo y sigue una retórica de respeto a los derechos humanos al mismo tiempo que hace la vista gorda ante el dudoso comportamiento de sus multinacionales, no está libre de responsabilidad. Las empresas apoyadas por el Estado Español, segundo inversor en Colombia después de EEUU, controlan sectores estratégicos como la electricidad (Fenosa o Endesa) las aguas (AGBAR, recientemente vendida a Suez Francia) los celulares (Telefonica) o las finanzas (BBVA i Banco Santander). A menudo estas transnacionales han sido responsables de sistemáticas violaciones de derechos humanos en Colombia (1).
El gigante petrolero del Estado Español es Repsol YPF (2), extrae un 80% de sus ganancias de América Latina y Colombia es parte de ese pastel. Arauca es el segundo departamento del país en producción petrolera; tan solo la más rentable de sus explotaciones, Caño Limón, ha venido aportando el 10% de las extracciones de petróleo de Colombia durante los últimos 20 años. Debido a que dicho yacimiento empieza a agotarse las empresas petroleras se han lanzado a realizar exploraciones a lo largo y ancho de la región. Repsol participa en Caño Limón y también se ocupa de dichas exploraciones. De hecho ha participado en todos los yacimientos petroleros del departamento en tres modalidades de actuación (3); – con la estadounidense Occidental Petroleum; como en Caño Limón, donde participa con un 6,25% de la Asociación Cravo Norte). – con la nacional ECOPETROL (como en Catleya donde la participación es del 50%). – en solitario (en Capachos y San Miguel, donde dispone de un 100% de participación).
La participación conjunta de Repsol con estas dos empresas es el modo en que esta se extiende también por otros territorios de Colombia. En algunos lugares como en los yacimientos de Ligia y Alcatraz (donde dispone de un 33% de participación con Occidental Petroleum), Repsol opera en regiones controladas por el paramilitarismo (4). Las actividades de Repsol se concentran sobretodo en la exploración, pero también incluyen la explotación en yacimientos como Capachos o Caño Limón, y la exportación y venta . Un 1% de la producción de Repsol proviene de Colombia (5.099 barriles diarios), país en el que dispone de reservas probadas de 5,7 millones de barriles, y se cree que podrían llegar a 8,6 millones (5).

Foto: www.quiendebeaquien.org

En Capachos, en el municipio de Tame, sus actividades se han desarrollado sobre los resguardos indígenas de los U’wá y Guahibos, forzando a comunidades enteras al desplazamiento. La grave crisis medioambiental que sufren los entornos donde hay explotación petrolera y la destrucción de las formas de vida tradicionales son parte del precio que Arauca debe pagar para que las transnacionales se roben sus riquezas. Además la bonanza petrolera acostumbra a ir acompañada de oleadas de violaciones de derechos humanos contra la población y de una verdadera guerra sucia contra las organizaciones sociales. Es el modo de lograr que la oposición a la actividad de estas empresas sea mínima y despejarles a estas el camino para poder actuar a su antojo. En el caso de Capachos, hacia el año 2002, el descubrimiento de petróleo y el inicio de su explotación a manos de Repsol, coincidió con la peor arremetida paramilitar que nunca ha sufrido la región (6). La ofensiva militar llamada “Operación Arawc” el año 2001 fue seguida de la entrada de un millar de paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC. En ocasiones fue el mismo ejército quien amenazó a la población con la llegada de los paramilitares y se denunció la participación conjunta entre ejército y paramilitares en atroces masacres como las de Cabuya y La Esmeralda. En Tame entre 2000 y 2005 constan 763 muertes violentas y se calcula en 7000 el número de desplazados en un municipio de 55000 habitantes (7).
Esto es lo que lleva a Repsol a operar en Colombia en condiciones de “clandestinidad”; la transnacional no dispone de ninguna sede en Colombia, no realiza ningún tipo de publicidad, a primera vista es imposible encontrar un logotipo o un indicio de su presencia. A pesar de que un 2% del petróleo producido en la nación va a parar a sus arcas y que provee de gas natural a 1,8 millones de clientes de Cundinamarca, Boyaca y la región oriental, Repsol es invisible en Colombia (8). El motivo resulta evidente; no está dispuesta a asumir los costos políticos y sociales que derivan de sus acciones, prefiere que no se pueda ver su marca. Buena muestra de ello es el modo en que ECOPETROL se ocupa de gestionar y financiar los convenios de seguridad con la fuerza pública mientras Occidental Petroleum y Repsol se benefician de la militarización (y paramilitarización) de la región manteniendo la imagen limpia y sus ganancias al alza.

Militares paseando por la vereda de Filipinas, donde están instalados permanentemente, en abierta violación al DIH. Foto: IPO

2. Quien paga la guerra?
En 1992 el estado colombiano aprobó un impuesto de guerra para las petroleras; estas pagarían un dólar en ayuda militar por cada barril extraído. El año 1996 la colaboración se volvió más estrecha; los miembros de la Asociación Cravo Norte firmaron un documento en el que se comprometían a financiar la Brigada XVIII del ejército con un desembolso de 2 millones de dólares al año. Cravo Norte está formada por las transnacionales Occidental Petroleum y Repsol YPF, y por la empresa nacional Ecopetrol.
Occidental Petroleum y BP Amoco formaron el lobby Business Partnership, un grupo de presión para lograr que los congresistas de EEUU aprobaran el Plan Colombia (una donación de 1300 millones dólares anuales desde el año 2000, el 85% en ayuda militar). Después de conseguirlo, el año 2002, este lobby apoyó otra campaña por una ley de emergencia para eliminar el máximo de presupuesto en lucha contra terrorismo y narcotráfico. Esto permitió que EEUU pudiera donar al estado colombiano más ayudas militares a parte de las incluidas en el plan Colombia. Una de estas ayudas fue el Plan Escudo; para proteger el oleoducto Caño Limón – Coveñas se realizó una donación de 99 millones de dólares por parte de EEUU. Estos recursos sirvieron para financiar a la Brigada XVIII y la Brigada Móvil N 5, que también recibieron formación de cerca de 70 militares de EEUU (9).
Este apoyo financiero por parte de las multinacionales petroleras para proteger sus intereses, ha permitido al gobierno de Uribe poner en práctica diversos “experimentos de guerra” en Arauca. Medidas de excepción que después se han exportado a otras partes del país, y en ocasiones han sido ilegalizadas por las autoridades. Entre ellas cabe citar: – La Zona de Rehabilitación y Consolidación que abarcaba Arauca, Saravena y Arauquita, donde el ejército estaba autorizado a realizar empadronamientos, registros, detenciones y funciones de policía judicial, además de limitar la presencia de observadores extranjeros. Aún así el ejército sigue realizando registros, empadronamientos y otras prácticas ilegales, diciendo que se pide a los civiles que colaboren de forma “voluntaria”, cuando en realidad se les obliga a ello e incluso se les amenaza para que no se nieguen. – Las medidas para implicar a civiles en el conflicto como los programas de “Soldados Campesinos” (civiles haciendo tareas de apoyo e inteligencia al ejército en las mismas veredas donde viven), la red de informantes (personas que informan al ejército o llevan a cabo señalamientos a cambio de recompensas económicas del estado) o los programas como “soldado por un día” (iniciativa para que los niños conocieran las bases militares y se acercaran al ejército que llevaba a cabo una doble función de propaganda y obtención de información). – La Red de Apoyo a la Fiscalía, creada bajo el pretexto de investigar los atentados al oleoducto de Caño Limón. Esta estructura ha servido para legalizar las detenciones arbitrarias de activistas sociales y defensores de derechos humanos. Debido a que para detener a una persona hace falta una orden judicial, el papel de esta Red de Apoyo era inventar delitos para los detenidos por el ejército. La Red de Apoyo estaba formada por funcionarios que vivían en la base de la brigada XVIII, junto con los militares y los informantes que llevaban a cabo los señalamientos, y recibían generosos sobresueldos, financiados en parte por la Occidental Petroleum y el gobierno de EEUU (10).

La población civil como siempre es la más golpeada por el conflicto. Foto: IPO

Sin embargo la creciente militarización de Arauca, han resultado un fracaso para llevar la paz al llano. Hoy las guerrillas, que llegaron en los años 80 realizando sabotajes a las petroleras para después beneficiarse del cobro de extorsiones, siguen siendo cuanto menos igual de fuertes en la región. Además ambos grupos insurgentes se han visto envueltos en una guerra entre ellos donde el ejército no duda en buscar alianzas con un bando para atacar al otro. Un conflicto que aunque puede haber terminado con el acuerdo firmado entre las dos guerrillas en diciembre del 2009, ha tenido trágicas consecuencias para la población civil que solo el pasado noviembre puso al menos 20 muertos (11). Las políticas de guerra del Estado no han logrado debilitar a las guerrillas, ni mucho menos proteger a la población civil, pero han conseguido perseguir y eliminar a líderes y activistas, desmembrar el tejido social de Arauca y paralizar el Plan de Desarrollo; una propuesta de gobernabilidad para la región resultado de tres décadas de diálogos entre organizaciones y la construcción de un fuerte movimiento social (12).

1: Las multinacionales españolas en Colombia. VVAA. Asociación Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina, 2008.
2: Dossier Repsol YPF. Observatori de la Deuda en la Globalización. 2004
3: Dossier Repsol YPF. Observatorio de la Deuda en la Globalización. 2004
4: Colombia en el Pozo. Impactos de Repsol en Arauca. Asociación Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Instituto Nacional Sindical. 2006.
5: Colombia en el Pozo. Impactos de Repsol en Arauca. Asociación Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Instituto Nacional Sindical. 2006.
6: Repsol en Colombia. En la Guerra contra los indígenas y la sombra paramilitar. Observatorio de la deuda en la Globalización. 2006.
7: Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Amnistía Internacional. 2004.
8: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/presencia-global/colombia.aspx 2009
9: Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Amnistía Internacional. 2004.
10: Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Amnistía Internacional. 2004.
11: http://www.peaceobservatory.org/es/1056316592/arauca19-asesinatos-selectivos-en-un-mes 2009
12: Colombia. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca. Amnistía Internacional. 2004.

Leer más En evidencia

International Peace Observatory  |  Observatorio Internacional de la Paz  |  Bogotá, Colombia  |  NIT: 900.013.419-3

www.peaceobservatory.org  |  info@peaceobservatory.org  |  Telefax: (+57) 1 232 10 06   |  Móvil: (+57) 314 296 47 69