Familiares de rehenes de las FARC rechazan cerco militar ordenado por Uribe

29.01.08

La orden de ‘‘cercar y avanzar’‘ sobre los campamentos de retenidos de las FARC que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio el sábado pasado a las fuerzas militares, ha causado el rechazo de los familiares de los rehenes y escepticismo de analistas políticos que ven en la decisión una contradicción a la ‘‘conciliadora’‘ gira del colombiano por Europa. – Analista estima que decisiones militares en Colombia se toman desde Washington – Destacan fallas legales en la demanda presentada por Uribe contra magistrado

Ante la decisión del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de “avanzar” y “cercar” militarmente las zonas de la selva donde se presuma estén los campamentos de retenidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), familiares de los plagiados y analistas políticos ven en sus declaraciones una contradicción a sus palabras en Europa y un riesgo para la vida de los prisioneros.

El sábado pasado, Uribe dio esa orden de forma perentoria a la Policía y el Ejército “para propiciar operaciones humanitarias para rescatar a quienes están en poder de la insurgencia”, argumentó.

Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, retenida desde 2002 por el grupo insurgente, aseguró que con la propuesta el presidente Uribe está condenando a “muerte” a todos los retenidos.

“Es algo muy confuso y un riesgo enorme. Es como condenarlos a muerte”, declaró Pulecio.

Pulecio recordó que el último intento de rescate por la vía armada, en junio de 2007, derivó en la muerte de once ex diputados del Valle del Cauca (suroccidente).

“No entiendo por qué el presidente hace eso sabiendo lo que significa, sabiendo que eso fue lo que pasó con los diputados”, agregó Yolanda Pulecio, al tiempo que se declaró angustiada por la frágil salud de Ingrid, que apareció demacrada y delgada en un video conocido a finales del año pasado.

Para el analista colombiano Alfredo Rangel, la idea de cercar a las FARC es una medida con bajas posibilidades de éxito y de gran incertidumbre.

“Una medida de gran incertidumbre que no tiene garantías de éxito, porque la sola presión política sobre la guerrilla probablemente no produzca esas liberaciones”, dijo.

El también analista y director del diario Voz, Carlos Lozano, cree que con esto Uribe pone en riesgo las liberaciones unilaterales de personas enfermas planteadas a las FARC por el presidente venezolano, Hugo Chávez.

“El Gobierno tiene que decirlo con franqueza y no engañar ni a la comunidad internacional ni al país con supuestas facilitaciones que no va a permitir, porque en el fondo lo que está es tras los operativos de rescate”, puntualizó.

Las FARC proponen intercambiar a 43 rehenes entre políticos, militares y policías por unos 500 rebeldes presos en cárceles oficiales o extraditados a Estados Unidos.

Para que esta entrega pueda darse, las FARC solicitan el despeje militar de los municipios de Florida y Pradera, en el sureño departamento de Valle del Cauca, algo a lo que Bogotá se ha negado rotundamente.

Contradicciones

En su reciente gira por Europa, Uribe defendió la salida humanitaria como vía para devolverles la libertad a los rehenes, por medio de la facilitación de la Iglesia Católica y “los tres países amigos”, Francia Suiza y España.

Sin embargo, el sábado en Mitú, capital del departamento de Vaupés (sur), Uribe dejó ver que no ha renunciado a la fuerza para rescatar a los políticos, militares y policías en manos de las FARC.

Según el ministro del Interior colombiano, Carlos Holguín, con los cercos ordenados por Uribe se busca presionar a las FARC para que acepte un mecanismo humanitario.

Holguín reconoció que las operaciones militares no se han detenido y que los guerrilleros “están acostumbrados” a tener la fuerza pública muy cerca, por lo cual, a su juicio, esa medida no pondrá en riesgo a los retenidos.

Para el obispo colombiano Jaime Prieto, la posición del presidente Álvaro Uribe, se contradice con el proyecto de la Iglesia que plantea “lograr un acuerdo humanitario, que significa que es por medio del diálogo”.

Explicó que si el jefe de Estado ha cambiado de opinión, en cuando al carácter pacífico del intercambio humanitario, su deber es informarle a la Iglesia.

“Se supone que el Presidente busca que la guerrilla acepte un diálogo con base en un acuerdo humanitario. Si eso ha cambiado, tendría que decirle a la Iglesia que ya no sería esa la posición sino otra”, opinó el prelado.

Telesur

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