Para reforma agraria y conflicto por la tierra en Colombia

4.12.05

por María de Estrada, Universidad del Mar del Plata
Diogo Lima, UFF de Brasil
Valeria Ysunza, Universidad Autónoma de México
Agencia Prensa Rural
21 de noviembre de 2005

El acto de producir implica la producción de espacio. Los modos en que
se organizan las fuerzas productivas, en que se articulan los
diferentes eslabones quedan allí, plasmados en el territorio. El
espacio es modificado por y para la producción y en forma simultánea
modifica la misma, que no se lleva adelante sobre el vacío sino que
sucede en territorios reales que a lo largo de su historia se han ido
configurando y reconfigurando al ritmo de la articulación del
desarrollo desigual de las fuerzas productivas.

El territorio es poder. Frente a las modernas teorías que pregonan la
globalización como un proceso donde el espacio pierde importancia
frente a la virtualización de la realidad, la velocidad de los medios
de comunicación y el desarrollo tecnológico; en la actualidad la lucha
por la apropiación del territorio, de sus recursos naturales, se
mantiene en plena vigencia, con evidencias incontrastables como la
invasión a Iraq para apropiarse del petróleo o el Plan Colombia.

En este contexto la geografía se revaloriza, constituyéndose como una
herramienta fundamental para los análisis territoriales, análisis de
las pujas de poder que luchan en y por el espacio. La geografía desde
su inicio ha estado al servicio de los grupos de poder. Surgió de la
mano del Estado moderno para inventariar y cuantificar los recursos
existentes en cada territorio y de esta forma ponerle fronteras y
apropiárselos.

En la actualidad existen numerosas corrientes dentro de esta ciencia
que se han opuesto a esta tradición positivista y que la han criticado
desde los más diversos ángulos. Muchos de nuestros profesores, de los
teóricos de los que aprendimos, constituyen estas filas, y sobre esta
base nos hemos formado.

Hoy, es nuestra responsabilidad, en el contexto actual de crisis, de
hambre, de miseria, de desigualdad en América Latina, superar su
construcción. Es un deber que como generación tenemos: pasar a una
nueva geografía, la geografía de la acción.

Mientras los estados y los centros de poder intentan apropiarse de los
espacios e incorporarlos de modo funcional al sistema, existen
múltiples actores, movimientos sociales que cotidianamente construyen
un territorio alternativo, reconfigurando el espacio con lógicas que
exceden a las del poder. Esta geografía de la acción, geografía desde
abajo, debe ser útil al “desordenamiento territorial”, que
desestructure las lógicas naturalizadas para dar lugar a nuevos
espacios, posibles y necesarios, donde las relaciones de producción y
las relaciones entre las personas se construyan de otro modo.

A lo largo de la historia de América Latina, uno de los ejes
vertebradores del conflicto ha sido la lucha por la apropiación de la
tierra. Desde la invasión de los europeos al continente, la
desarticulación de la organización del espacio preexistente, de las
relaciones de producción alternativas, ha sido una de las estrategias
fundantes. Este conflicto se sostiene y se renueva hasta la actualidad
a lo largo y a lo ancho de nuestro continente generando la miseria y
muerte de miles de personas.

En Colombia, desde la década del 40 hasta la actualidad se vive un
inmenso y complejo conflicto por la apropiación del territorio, en el
que la trama de actores, sectores y bloques involucrados, combinada
con la sistemática desinformación generada por los medios, hacen que
el conflicto aparezca como un caso especial, con escasas relaciones
con la situación del resto del continente.

Se intenta reducir los acontecimientos a un enfrentamiento entre el
estado colombiano, “guerrillas asociadas al narcotráfico” y algún que
otro paramilitar, sin profundizar en las causas, los sectores
involucrados, los recursos naturales en pugna e ignorando por completo
a quienes habitan, quienes trabajan, quienes viven en estas tierras:
los campesinos.

La región conocida como Magdalena Medio es una de las zonas más
conflictivas del país. Allí “conviven” las FARC ( Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación
Nacional), que controlan gran parte del territorio; las Fuerzas
Armadas, numerosos escuadrones paramilitares denominados AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia) y cerca de 30 mil campesinos, que
pese a ser muchas veces olvidados, se encuentran cada vez más
solidamente organizados en la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra (ACVC).

Históricamente, estas tierras forman parte de la zona de colonización,
un territorio donde muchos campesinos se han asentado tras ser
expulsados de otras regiones por la violencia, por la constante
concentración de la tenencia de la tierra que genera que la mano de
obra deba migrar hacia las ciudades mientras las tierras se concentran
en poder de sectores de la oligarquía que practican ganadería
extensiva. Durante la década de los 60, aquí se cultivaba mayormente
arroz y se extraían maderas, luego en los 70 se introdujo a la región
el cultivo de marihuana para su uso ilegal, plantaciones que fueron
fumigadas hasta que se logró llevar el cultivo hacia los Estados
Unidos, donde se mantiene en la actualidad como una importante
actividad económica en estados como el de California. En los 80,
debido a la represión sobre los cultivos en Bolivia y Perú, las
plantaciones de hoja de coca se extendieron a Colombia. Se inicia el
proceso de la compra masiva de inmensas extensiones de tierras por
grupos de narcotraficantes que utilizaron el campo para el lavado de
las inmensas ganancias que estaban obteniendo, dando inicio a la
actual configuración del espacio.

Estas tierras poseen, tanto en superficie como en el subsuelo,
riquísimos recursos naturales: madera, fuentes de agua, biodiversidad,
oro, hierro, petróleo, uranio, entre tantos otros. Es por esto que
esta área suscita el interés de numerosos grupos de poder, que van
desde grandes terratenientes ligados al narcotráfico hasta inmensas
multinacionales como la AngloGold Ashanti Mines, por apropiarse de los
recursos.

Gracias a la ACVC pudimos llegar a la zona ocho estudiantes de
geografía de Venezuela, México, Brasil y Argentina, con el objetivo de
conocer la situación, dialogar con los campesinos y poder observar
directamente lo que acontece en este lugar mediante un trabajo de
campo en equipo.

Por encima de todos los aspectos mediáticos del conflicto colombiano,
la parte que más lo sufre, los que son realmente atacados y que ven
sistemáticamente violados los derechos más esenciales del ser humano,
son los campesinos. En esta brutal estrategia para apropiarse de sus
tierras, el estado colombiano, de la mano de los Estados Unidos por
medio del Plan Colombia y de las fuerzas paramilitares, que se
entremezclan y confunden con el propio ejército, utilizan las
herramientas más siniestras para lograr su objetivo: desapariciones y
asesinatos de campesinos en forma constante, quema de escuelas y
poblados enteros, fumigaciones, bloqueo económico y sanitario, entre
tantas otras.

La producción de los campesinos consta básicamente de dos componentes:
el pancoger: cultivos de subsistencia como la yuca, el plátano, el
maíz o el arroz para los que no existen posibilidades de
comercialización debido a los altos costos de transporte hacia los
mercados (que debe realizarse a mula o en embarcación) y el bajo
precio de los mismos; y el cultivo de la hoja de coca. Si bien todos
los campesinos son conscientes de los problemas que apareja este
cultivo de uso ilícito (ya que ilícito es el uso que se le da y no la
coca en sí), también tienen en claro que es la única forma posible de
obtener dinero para adquirir todo aquello que no pueden producir por
sí mismos. Son los mismos campesinos quienes fabrican la pasta base
que es vendida en los poblados más importantes para su cristalización
y posterior incorporación al circuito comercial. Muchas veces este
eslabón es controlado por los mismos grupos paramilitares que se
encuentran inmiscuidos en el narcotráfico. A su vez, la guerrilla
cobra un impuesto de unos US$ 100 por cada kilogramo de pasta base a
los campesinos de la zona, quienes en general aceptan esto sin
problemas, ya que tanto las FARC como el ELN tienen una buena relación
con los productores, quienes se sienten apoyados, protegidos por estas
fuerzas, que tienen al campesino como una de las bases de
reivindicación y lucha.

Con la supuesta intención de enfrentar al narcotráfico, esta área
recibe las consecuencias de la aplicación del Plan Colombia,
herramienta base de los Estados Unidos para llevar a cabo la
militarización de América Latina y permitir así, tanto la aplicación
de las políticas neoliberales en todo el territorio, como el control
de los riquísimos recursos naturales del continente. Este plan ha
dejado como saldo hasta el momento más de 10 mil asesinatos en los
últimos 10 años, dos mil dirigentes sindicales asesinados en los
últimos cuatro años, 2’500.000 desplazados internos y decenas de miles
de refugiados. El Plan Colombia cuenta con 180 mil militares, 120 mil
policías, 600 mil retirados de las fuerzas armadas (empresas de
seguridad), 10 mil paramilitares, 100 mil reservistas (llamados por
Uribe), 20 mil nuevos paramilitares y un millón de informantes
(“sapos”) a ser reclutados.

Álvaro Uribe, actual presidente del país, íntimamente vinculado al
paramilitarismo (su padre fue asesinado por las FARC) y responsable
directo del genocidio que se está cometiendo en Magdalena Medio y en
todo Colombia, permite que se continúe con la fumigación incesante de
estas tierras. Constantemente sobrevuelan el área aviones que antes de
lanzar el glifosato sobre la floresta, ametrallan la zona a mansalva,
con el supuesto y ya trillado pretexto de “combatir al terrorismo”,
repartiendo lluvias de balas de plomo directamente sobre la población,
sobre los niños, hombres y mujeres que están en sus campos, en sus casas.

Después de esto, continúan fumigando las tierras con glifosato
(Roundup), agroquímico de amplio espectro, producido por las
multinacionales norteamericanas Dow Chemical y Monsanto que tienen el
monopolio de sus ventas. Recientes estudios toxicológicos conducidos
por instituciones científicas independientes parecen indicar que el
glifosato ha sido erróneamente calificado como “toxicológicamente
benigno”. Según afirma el Dr. Jorge Kaczewer, de la Universidad
Nacional de Buenos Aires: “los que inicialmente realizaron en EU los
estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y
aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el
delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de
datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y
cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones
de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento
científico para que éste brindara resultados falsos”. Así, el
glifosato produce toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos,
acción mutagénica y contaminación de alimentos, esto basándonos en
pruebas realizadas en laboratorio, donde no se tiene en cuenta la
posibilidad de fumigación directa de los seres humanos.

Las fumigaciones se realizan mayormente sobre la base alimentaria de
la población: se ha comprobado a través de la verificación de las tres
fumigaciones anteriores que por cada hectárea de coca fumigada son
asperjadas cuatro de cultivos de pancoger (datos provenientes de la
ACVC). Incluso los proyectos de desarrollo de la ACVC, financiados por
la Unión Europea y destinados a sustituir el cultivo de coca. Los
campesinos manifiestan dolores de cabeza, vómitos, diarreas,
intoxicaciones, afecciones en la piel, que se presentan luego del paso
de los aviones fumigadores. En Yanacué tuvimos la oportunidad de
conocer a Emanuel. Emanuel tiene 50 días y todo su cuerpo salpullido
por los efectos del glifosato. Con 50 días de vida ya fue envenenado
por su propio ejército; vive frente a un río cuyas aguas también han
sido contaminadas por este agrotóxico, al igual que las tierras que su
papá siembra sierra adentro.

La diferencia entre un terreno sano y uno afectado es abismal. A
simple vista se ven en el camino cultivos completos de maíz muerto,
yuca, bananos, coca, quemados por el glifosato que dan al paisaje un
tinte lúgubre. La situación de los campesinos se torna en ese momento
extremadamente complicada; todo lo que ellos tienen para subsistir,
incluyendo las gallinas, peces y otros animales, fue arrasado, con lo
que no tienen forma de garantizar la comida para sus hijos.

Allí es cuando el plan de Uribe comienza a dar resultados. Muchos
campesinos se ven obligados a migrar, a desplazarse a las ciudades más
próximas a formar parte de los crecientes sectores excluidos,
asentándose en las periferias en una situación de total pauperización
e informalidad.

Las tierras que los campesinos abandonan son ocupadas por los sectores
del poder, ya sean paramilitares ligados al “narcolatifundio”,
sectores asociados al estado o a las multinacionales que operan en
conjunto con el resto de los grupos. Estas tierras pasan a producir
sobre un modelo extensivo asociado al mercado externo, poniendo así en
jaque la soberanía alimentaria de Colombia, que desde la
implementación de las políticas neoliberales vio aumentar en un 700%
las importaciones de alimentos. Así, de esta forma, se reproduce el
modelo excluyente de tenencia de la tierra que beneficia al 3% de los
productores con el 70% de la superficie, mientras que el 57% de los
campesinos posee apenas el 3% de los terrenos para cultivar.

Este proceso de desplazamiento de los campesinos que ha afectado a
casi tres millones en los últimos 30 años tiene una característica
especial, que es su invisibilización. Al producirse en forma
constante, pasa desapercibido para importantes sectores de la sociedad
que no perciben su real importancia, su complejidad y las implicancias
sociales, económicas, culturales, políticas y territoriales.

Pero además estos desplazamientos son funcionales a la reproducción
del sistema, porque al engrosar el número de desocupados de las
ciudades se garantiza mantener a un costo muy bajo la mano de obra y
en forma simultánea muchos de los jóvenes que se ven subsumidos en
esta situación de marginalidad ven en las Fuerzas Armadas, así como en
los grupos paramilitares un espacio de supuesta inclusión que les
permitiría romper el círculo de la pobreza.

El desplazamiento de los campesinos, acción previa al fin último de
apropiarse de estas ricas tierras, es impulsado también por el
terrorismo, por la guerra sucia que el estado está llevando a cabo por
medio del paramilitarismo. Estas fuerzas de ultraderecha fueron
conformadas durante la década de los 80, dentro de una estrategia
general contrainsurgente de los Estados Unidos, que incluyó por
ejemplo el financiamiento y organización de los “contras”
nicaragüenses y salvadoreños. Estos grupos paramilitares, que se
denominan “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), forman parte de un
aparato paraestatal impulsado por las Fuerzas Armadas y los organismos
de seguridad del estado colombiano. Realizan el “trabajo sucio” de
este plan, acompañados por el gobierno nacional y los sectores ligados
al narcotráfico. En la región de Magdalena Medio, se encuentran
presentes hace más de 20 años, pero desde el año 2000 Barrancabermeja,
la ciudad cabecera y donde está ubicada la refinería más grande del
país, se encuentra bajo control paramilitar, percibiéndose su
presencia en la atmósfera. En esta ciudad son constantes las
desapariciones y los asesinatos, el temor está allí, en las calles,
generando el miedo constante de quienes viven allí y se saben
amenazados y vigilados. Sólo en lo que va de este año, más de mil
personas fueron desplazadas de Barrancabermeja y 100 personas fueron
asesinadas.

En el campo es donde se lleva a cabo el enfrentamiento entre las
guerrillas, que actualmente controlan este territorio, y los
paramilitares, que intentan apropiárselo. Resulta confuso distinguir
entre el ejército y el paramilitarismo ya que, como cuentan los
propios campesinos, son las mismas personas que sólo se intercambian
el brazalete según la actividad que vayan a realizar. Las bases de los
“paracos” están junto a las de las Fuerzas Armadas, así como los
retenes que disponen a lo largo de los caminos.

Los paramilitares son los que llevan el terror a estas tierras; ellos
queman pueblos (un caserío llamado Paraíso fue incendiado en cinco
ocasiones, por ejemplo), asesinan a campesinos cuyos cuerpos muchas
veces aparecen más tarde flotando en el río, realizan desapariciones
selectivas de líderes comunitarios, etc. Estas masacres son
acompañadas por un bloqueo económico y sanitario. Por medio de retenes
en los caminos de acceso a los caseríos, controlan la mercadería que
la gente lleva desde los poblados. Sólo les permiten pasar un máximo
de $100.000 (unos U$D 50) cada 15 días y de ciertos productos
establecidos, decomisando (robando) el supuesto “excedente que iría a
alimentar a la guerrilla”. Lo mismo sucede con los medicamentos, donde
por ejemplo se les prohibe a los productores comprar el antídoto para
las picaduras de serpientes, corrientes en la región, ya que
supuestamente estos animales sólo atacarían a guerrilleros. Se trata
de una estrategia más de asedio y persecución a los campesinos, ya que
es conocido por todos que la guerrilla tiene otros canales para su
normal abastecimiento, sin la necesidad de recurrir a los pobladores.

Así, los campesinos, acorralados por el estado, las fumigaciones, los
asesinatos, el bloqueo económico y sanitario y la constante presión de
los grupos económicos para que les vendan sus tierras, se ven
totalmente presionados a desplazarse, a abandonar la zona.

Estas tierras son luego apropiadas ya sea por estos grupos, por los
paramilitares, por la oligarquía ganadera o por narcotraficantes que
los continúan usando como base para el lavado de dinero.

La utilización del suelo que los mismos realizan es antagónica a la
economía campesina. Se trata de la incorporación de estas tierras al
modelo vigente, utilizándolas ya sea para la ganadería extensiva, la
extracción de maderas, minerales o cultivos de exportación que
dependen totalmente del “paquete tecnológico” que incluye agrotóxicos,
transgénicos y maquinaria que reemplaza la mano de obra campesina.

Así, la lucha que aquí se está dando es una lucha por la
territorialización de uno u otro modelo. Un modelo excluyente que
enriquece aún más a los ya ricos y una economía campesina de
subsistencia, que produce coca porque actualmente no existe otra
manera de obtener el ingreso suficiente para solventar a sus famílias.

¿Qué propone el estado? El estado colombiano, mediante el Plan
Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo, propone sustituir las
plantaciones de coca por la palma aceitera, cacao, caucho o
maderables. Por medio de lo que denomina “alianzas estratégicas”, los
campesinos deberían unirse a los grandes empresarios y terratenientes
para así generar supuestos “polos de desarrollo”. Esta experiencia,
que ni siquiera es propia ya que es copiada de Malasia, Tailandia e
Indonesia, ya ha demostrado allí las terribles consecuencias
ecológicas, culturales y étnicas. Se trataría de incorporar a los
campesinos en los cultivos de uso legal, pero sin modificar en
absoluto su situación de marginalidad, sin cuestionar el status quo
vigente, una discusión que se hace cada vez más necesaria y urgente en
este país. Un modelo minero llevado a la producción agropecuaria que
garantiza la exportación basada en las riquezas de la tierra y en la
mano de obra barata; siniestro binomio que ha signado la historia de
nuestro espacio.

Al igual que ocurre en Bolivia con los planes de desarrollo
alternativo, se trata de importantes fondos que vienen del exterior,
que se dilapidan mayormente en una estructura burocrática verticalista
y de los que a los campesinos sólo llega una Idea acabada, ajena a ellos.

Pero en este caso, los campesinos han avanzado en la construcción de
proyectos alternativos propios, coherentes con sus lógicas de
producción y con la idea vertebradora de no abandonar las tierras, que
se ha transformado en una lucha por sí misma. Desde 1994, y luego de
intensas protestas, se estableció en la ley 160 la figura de las Zonas
de Reserva Campesina (ZRC) como áreas destinadas a fomentar y
estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como a evitar
la concentración de las tierras. Con los objetivos de garantizar la
seguridad alimentaria y la estabilización socioeconómica en estos
territorios, mediante la titularización de las tierras y la
imposibilidad de su venta, el estado estaría así “luchando contra la
latifundización y los desplazamientos”. Las ZRC, que llevan más de 10
años de aprobadas por ley, pero que recién están comenzando a
implementarse ahora, continúan siendo uno de los principales motivos
de lucha de los campesinos, que no se conforman con su sola
declaración, sino que reclaman por una política fuerte y coherente por
parte del estado para que estas reservas lleguen a cumplir su
verdadero objetivo.

Además de esto, la ACVC ha llevado a cabo en medio de esta guerra
sucia y contra infinitas trabas, sus propios proyectos dentro del plan
de desarrollo y de protección integral. Se trata de proyectos
productivos y sociales, financiados por diversos organismos, que
buscan impulsar el desarrollo de la región evitando los cultivos de
uso ilegal y tomando como protagonistas del mismo a los propios
campesinos. Si bien muchos de estos proyectos han tenido resultados
exitosos, como la cría de búfalos y otros animales, en forma constante
chocan con el nefasto accionar del ejército, de los paramilitares y
del Plan Colombia en general, situación que ha llegado a puntos tan
extremos como el asesinato de compañeros impulsores de estos
proyectos, así como el atentado constante y sistemático contra los
mismos, que ha incluido la fumigación de los proyectos alternativos,
el saqueo de la cooperativa y hasta el intento de secuestro de los
búfalos por parte de miembros del ejército.

Pese al terrible y constante boicot, los campesinos continúan luchando
y organizándose para que estas iniciativas salgan adelante y les
permitan mantenerse en este espacio, no sólo resistiendo,
subsistiendo, sino de una forma más estable, que garantice su
continuidad en el lugar. Es vergonzoso, irritante, violento ver cómo
el estado colombiano se encuentra comprometido en este siniestro
proyecto de para-reforma agraria. Mientras en toda América Latina en
el marco del conflicto por la tierra se plantea como urgente la
necesidad de redistribuir las tierras para quienes las trabajan, aquí
se está perpetrando, desde los sectores de poder, una contrarreforma
que, por el contrario, profundiza su concentración y un modelo de
desigualdad extrema. Es tan terrible este modelo que se busca
concretar como los siniestros métodos que para ello se están
utilizando. Es el estado mismo envenenando a “su” gente, es el estado
mismo masacrando a la población, un estado que por medio del genocidio
busca apropiarse de territorios.

Sin embargo, el espacio configurado desde “arriba” no es el único
espacio posible ni es el espacio que queremos. Allí están los
campesinos sosteniendo una lucha que es a su vez una lucha por su
sobrevivencia y una lucha por cambiar el mundo, y es que se trata de
la misma lucha, porque el mundo que queremos cambiar es éste en el que
nos desenvolvemos cotidianamente, es un mundo, un espacio del que
nosotros somos protagonistas, y así como participamos de su
construcción, tenemos la posibilidad constante y diaria de transformarlo.

Bibliografía:
Rigoberto Rueda Santos, “Notas para la lectura del conflicto político,
social y armado en el Magdalena Medio”. Ponencia presentada en el
encuentro nacional e internacional “Coca, derechos humanos y conflicto
en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra”. Vereda
Puerto Matilde, 29 de julio a 1 de agosto de 2004
Patricia Santa Lucía. “La política de tierra quemada de Uribe en
Colombia”. http://www.rebelion.org
Jorge Kaczewer. “Toxicología del glifosato: riesgos para la salud humana”

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