Jurado absuelve a carbonera de asesinatos en Colombia

27.07.07

BIRMINGHAM, Alabama, EE.UU. (AP) – Un jurado rechazó el jueves las denuncias de que la empresa carbonera Drummond, con sede en Alabama, tuviera culpa en los asesinatos de tres dirigentes sindicales en Colombia.

El veredicto fue una derrota para el sindicalismo en un juicio que puso a prueba la posibilidad de responsabilizar a compañías en tribunales de Estados Unidos por su conducta en el exterior.

Los jurados se pronunciaron a favor de Drummond Ltd. y el jefe de sus operaciones en Colombia, Augusto Jiménez, en una demanda iniciada por parientes y el sindicato de los dirigentes, que fueron asesinados hace seis años por paramilitares.

El jurado de cinco hombres y cinco mujeres inició sus deliberaciones el miércoles por la tarde tras dos semanas de declaraciones en el juicio civil contra Drummond Ltd. y Jiménez.

Los demandantes acusaron a Drummond de ordenar el asesinato de sus dirigentes sindicales por fuerzas paramilitares colombianas en el 2001.

La compañía negó toda vinculación con los asesinatos o con los milicianos de ultraderecha en el país sudamericano, donde opera una gran mina a cielo abierto.

Los abogados del caso y especialistas dijeron que el juicio fue el primero contra una empresa estadounidense bajo una ley de 1789 aprobada para combatir la piratería. La ley permite a extranjeros iniciar juicios en cortes federales por presuntos delitos en el exterior.

“Apelaremos rápidamente”, dijo Terry Collingsworth, abogado de los demandantes.

Jiménez estrechó la mano de su abogado y se enjugó algunas lágrimas después del veredicto. No quiso hacer comentarios, pero un comunicado de la compañía indicó que el fallo debió haber salido “hace mucho tiempo”.

“Hemos esperado cinco años la oportunidad para demostrar lo que supimos todo el tiempo”, afirmó el comunicado.

Drummond Ltd. es una división de Drummond Co. Inc., de propiedad privada, que fue descartada como demandada antes de que comenzara el juicio. Las dos empresas tienen su sede en Alabama.

Valmore Locarno, presidente del sindicato local en la enorme mina de Drummond en La Loma, y otro funcionario sindical, Víctor Orcasita, fueron sacados de un autobús de la compañía y asesinados a balazos en marzo del 2001.

Gustavo Soler, que reemplazó a Locarno como presidente, fue asesinado siete meses después, también después de haber sido sacado de un autobús.

Las familias argumentan que Drummond contrató a fuerzas paramilitares para asesinar a los hombres, y un líder paramilitar enfrenta cargos por los homicidios de Locarno y Orcasita en Colombia.

Los abogados de las familias de los fallecidos y su sindicato, Sintramienergética, le dijeron al jurado que los asesinatos ocurrieron después de meses de crecientes tensiones entre los hombres y la compañía. Drummond ayudó a los paramilitares que presuntamente efectuaron los homicidios al proporcionarles gasolina y un lugar seguro en la propiedad de la mina, argumentaron.

Stevenson Avila, de Sintramienergética, dijo temer nuevas agresiones de los paramilitares.

“El temor más grande para nosotros en este momento con ese fallo es que quedamos expuestos abiertamente a que nos asesinen”, denunció. “Cerca a la mina hay grupos paramilitares saliendo nuevamente y el ataque contra nosotros va ser frontal, tenemos pleno convencimiento de esto”.

Los abogados de Drummond negaron que la empresa haya tenido algún papel en los asesinatos o que esté vinculada con paramilitares, y dijeron que las muertes son una parte trágica de años de violencia en el país sudamericano.

El juez le dijo al jurado que, para poder ganar el juicio, las familias y el sindicato tienen que demostrar que Drummond ayudó a sabiendas a los asesinos y cometió lo que equivale a un crimen de guerra en Colombia.

Otras compañías estadounidenses han sido acusadas de tener vínculos con milicias, las cuales son ilegales bajo las leyes de Colombia. Estados Unidos las considera grupos terroristas.

Un subcomité del Congreso sostuvo una audiencia el mes pasado sobre los tratos efectuados en Colombia por Drummond y por Chiquita Brands International Inc., que reconocieron haberle pagado a paramilitares 1,7 millones de dólares en dinero para protección a partir de 1997.

El Departamento de Justicia multó a Chiquita con 25 millones de dólares este año por haber hecho los pagos.

Más de 800 trabajadores sindicalizados han sido asesinados en Colombia en los últimos seis años, de acuerdo con cifras del gobierno, lo cual lo convierte en el país más peligroso del mundo para los empleados afiliados a algún sindicato. Sólo se han aclarado unos pocos homicidios.

Fuente: Univision.com, 26 de Julio de 2007

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