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23.11.07
En Medio De Los Señalamientos Del Gobierno Colombiano En Contra De Los Defensores De Derechos Humanos, Grupos Paramilitares Amenazan De Muerte A Las Organizaciones No Gubernamentales Y Líderes Sociales.
Por séptima vez en lo que va corrido del año, la CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO emite una denuncia pública, luego de que el día de ayer, 19 de noviembre de 2.007, se recibiera en las oficinas de la CND un nuevo comunicado de amenaza suscrito por las AUC –Águilas Negras de Bogotá, dirigido en contra de RIGOBERTO JIMÉNEZ, líder de la Coordinación Nacional de Desplazados –C.N.D. y de las abogadas de la Corporación Jurídica Yira Castro.
En la amenaza aseguran que serán declarados objetivo militar, todas aquellas personas que intervengan en el “Tribunal Internacional de Opinión: Desplazamiento Forzado, Crimen de Estado” a realizarse en Bogotá los días 21, 22 y 23 de noviembre y que espera contar con la participación de centenares de víctimas de desplazamiento, quienes, ante reconocidas autoridades en materia de derechos humanos a nivel internacional, expondrán los hechos que configuran el desplazamiento forzado en Colombia como un crimen de responsabilidad del Estado.
En el documento aseguran que no permitirán el desarrollo del Tribunal, cuando afirman: “hace rato le estamos diciendo que no sigan adelante con el Tribunal sobre desplazamiento porque sabemos que van a hablar del gobierno de la seguridad democrática del presidente”.
No es el primer mensaje en la que este presunto grupo paramilitar justifica la amenaza en la defensa de la seguridad democrática y del actual presidente, ante las acciones legítimas que emprenden las organizaciones de derechos humanos y los líderes sociales, las cuáles son percibidas como acciones afines a la insurgencia armada.
Además, estas afirmaciones concuerdan con las declaraciones públicas que han hecho altos funcionarios del gobierno incluido el Presidente de la República, quienes ante el disenso expresado por sectores sociales y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a la política pública, descalifican las mismas e incluso las señalan como parte de una estrategia insurgente, impulsada con el ánimo de perjudicar al actual gobierno nacional.
Con ello se ha asimilado la labor de defensa de derechos humanos, a una labor de oposición política, que en un ambiente de polarización como el existente, se convierte en la justificación para su persecución y amenaza. Así lo reconocen los senadores demócratas norteamericanos que en carta dirigida al Presidente de la República, manifestaron que “Tales comentarios (…) no solo son inapropiados, sino que, en el contexto del conflicto interno colombiano donde muchas de estas personas están amenazadas de muerte, los podría colocar en riesgo físico”.
Por otro lado, el gobierno colombiano no ha hecho efectivas las medidas de protección que desde el mes de junio y con ocasión del asalto a nuestra sede hemos solicitado, no ha habido ningún avance en las investigaciones penales iniciadas con ocasión de cada uno de los actos de hostigamiento de que hemos sido víctimas, y se niega reiteradamente a emitir un comunicado público y de alta difusión, en el que se rechacen estos actos de agresión y en el que se reconozca la legítima labor desarrollada por la Corporación Jurídica Yira Castro, las Coordinación Nacional de Desplazados, y el conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos en el país.
Por lo tanto, responsabilizamos al gobierno nacional de cualquier ataque físico en contra de los miembros de la CND o de la Corporación Jurídica Yira Castro, por promover el señalamiento y la estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos, y por negarse a tomar medidas efectivas de protección a las mismas.
Noviembre, 20 de 2.007
Corporación Jurídica Yira Castro