El proceso contra la ACVC es un caso de persecución política

19.02.09

Entrevista a Luis Alfonso Ruiz, abogado de Humanidad Vigente

por prensarural.org

Según el abogado Luis Alfonso Ruiz, el proceso que se adelanta contra la
Asociación Campesina de Valle del Río Cimitarra (ACVC) y sus líderes
campesinos surge de una investigación de la Fiscalía de más de seis años,
durante la cual se ha venido vinculando gradualmente a la dirigencia de esta
organización social.

Dentro de este proceso fueron emitidas órdenes de captura contra 18
personas, de las cuales, en septiembre del 2007, fueron detenidos Andrés
Gil, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, y posteriormente Miguel
González Huepa y Ramiro Ortega, sindicados de ser colaboradores de la
guerrilla de las FARC-EP, del bloque del Magdalena Medio a través de la
Asociación. Todos ellos son campesinos de muchos años liderazgo en la región
y víctimas de la persecución política y del paramilitarismo.

Para el 2008 fue precluida la investigación contra cuatro de ellos, quedaron
detenidos Andrés Gil y Miguel Gonzáles Huepa. Dentro de este proceso están
vinculados y continúa otra investigación, por parte de la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía en la ciudad de Medellín, contra el agrónomo Miguel
Cifuentes y contra Gilberto Guerra, el líder histórico del campesinado del
Magdalena Medio; contra Luis Carlos Ariza, quien fuera presidente de la
ACVC; y contra otros campesinos de la región, muchos de los cuales ejercen
labores de liderazgo a través de las juntas de acción comunal o de comités
veredales.

Según el abogado defensor de derechos humanos, las personas vinculadas
tienen acusaciones fundamentadas en testimonios de reinsertados, muchos de
los cuales son campesinos que, obligados por el Ejército o seducidos por
conseguir algún beneficio económico, se hacen pasar como reinsertados.

Dicha investigación, según Ruiz, se inició a espaldas de la ACVC y es
adelantada en una fiscalía que despacha en el batallón Calibío, institucion
militar vinculada a numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y otras
violaciones de derechos humanos. Sumado a ello, todos los testimonios con
los cuales están siendo acusados nunca han podido ser debatidos y
demostrados, ya que estos testigos reinsertados no han vuelto a aparecer.
Por otro lado, estas supuestas pruebas testimoniales fueron invalidadas para
los cuatro dirigentes de la ACVC liberados, su acusación precluyó, y no se
entiende cómo estas mismas son válidas para Andrés Gil y Miguel González.

Todas las acusaciones que se le adjudican a la ACVC no tienen un soporte en
la realidad, puesto que es imposible deducir que la Asociación es
colaboradora de la guerrilla por desarrollar sus labores en un territorio de
conflicto y que gestiona sus proyectos a través de su estructura, cuando es
de público conocimiento que todos sus proyectos hacen parte de la
cooperación internacional, han sido financiados por la Unión Europea y
agencias de cooperación y existen todos los controles y todas las auditorías
que dan cuenta de ello, pruebas que han sido entregadas a la Justicia.

Por lo tanto, lo que sí se puede afirmar es que este no es un proceso
jurídico sino un proceso político, porque a la ACVC le están cobrado su
liderazgo en la región y su compromiso decidido con la defensa de los
derechos humanos. Con respecto al hecho de que existen órdenes de captura
contra otros dirigentes de la ACVC, se plantea que éstos no van a asistir a
un proceso penal donde no se han brindado las garantías procesales. En esta
medida se aclara que no es que los líderes se sientan culpables y estén
huyendo, sino que no hay garantías para que los líderes campesinos concurran
ante un sistema de justicia ilegítimo a todas luces.

Escuche la entrevista completa en audio:
http://prensarural.org/spip/spip.php?article1957

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