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21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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27.08.12
Corporación Jurídica Yira Castro, agosto 24 de 2012
La Corporación Jurídica Yira Castro denuncia públicamente el riesgo para la vida e integridad personal de Luis Ramos Angulo, líder de la comunidad de Chibolo, originado en la presencia en su finca de una persona extraña que portaba prendas similares a las de uso de la policía, y la falta de medidas concertadas claras y efectivas de protección por el Gobierno Nacional
Nuestra organización defensora de los Derechos Humanos, denuncia públicamente una serie de hechos de hostigamiento de los que viene siendo víctima la comunidad campesina de las veredas La Pola y La Palizua de los municipios de Chibolo y San Ángel en el Magdalena, luego de la visita que hiciera el Presidente de la Republica el pasado 3 de agosto de 2012.
Con especial preocupación alertamos por los recientes hechos que ponen en riesgo al líder LUIS RAMOS, campesino que narró el pasado 3 de agosto, en acto público precedido por el Presidente de la República, los hechos del desplazamiento forzado y despojo que sufrió esta comunidad.
Ayer 23 de agosto de 2012 ingresó a la finca del líder LUIS RAMOS ubicada en la verada La Pola del municipio de Chibolo un hombre que posteriormente se identificó como EVER JOSE RIOS LIMA, alias el CHUCHO, preguntando de manera insistente por el líder campesino, afirmando: “que buscaba a LUIS RAMOS por que él también era Ramos por una abuela, que lo había visto por televisión el día del presidente, y entonces que donde estaba LUIS RAMOS, que necesitaba que le diera trabajo, que se había venido de Santa Marta y hasta que no consiguiera trabajo no se iba a ir de la zona”.
La esposa de LUIS al ver la insistencia del desconocido, se dirigió a una casa cercana donde departían varios líderes de la región, explicándoles lo ocurrido, ellos de inmediato intentaron comunicarse con la Policía, más justo en ese momento dos policiales que estaban en la comisión que custodia a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, aparecieron y la comunidad les solicitó ir hasta la finca de LUIS RAMOS y lograr la identificación de este persona.
Los dos policiales llegaron a donde estaba el hombre, le pidieron su identificación, exhibiendo una cédula a nombre de EVER JOSE RIOS LIMA manifestando que por apodo le decían “El CHUCHO”. Luego de requisarlo encontraron en su maleta ropa oscura, llamando especial atención un pantalón verde tipo militar (el cual dijo se lo había regalado un pastor), similar a los que usa la Policía Nacional, al preguntarle quien lo envió afirmó que él “se mandaba solo”. Alias EL CHUCHO manifestó ser oriundo de Chiriguaná (Cesar), residir en Santa Marta y ser reservista del ejército en calidad de soldado regular y que tales informaciones las pueda constatar “Gamboa” que es comandante en el Magdalena. Por último llamó la atención las respuestas que tenía preparadas, pues cuando vió a los policiales afirmó que él tenia derecho a una llamada, a un abogado y a comunicarse con un familiar.
Ante la pregunta de un líder sobre el procedimiento a seguir, los policiales respondieron que lo iban a investigar y a trasladar a Chibolo, pero que carecían de recursos para ello, por lo que los líderes debieron gestionar el pago de una moto-taxi con este propósito. Desde su salida no se ha tenido información sobre el paradero de alias “El Chucho”.
Otros hechos que preocupan a la comunidad, es la presencia de hombres extraños preguntando por los lideres de tierras y que permanecen en la zona de reforestación financiada por CORPAMAG y la cual reclama el despojador Augusto Castro Pacheco alias “el Tuto Castro” en la vereda Boquilla.
Igualmente se han presentado presiones y amenazas contra los/as lideres/as de la vereda Santa Martica, las cuales ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes.
ANTECEDENTES:
La comunidad de Chibolo regresó voluntariamente y sin acompañamiento institucional a sus predios desde el año 2007, encontrando posesionados de sus fincas a personas pertenecientes a las estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC, por lo que valientemente han decidido reclamar sus tierras, retomando los procesos de solicitud de titulación iniciados desde las década de los años 90´s, ante el INCODER, el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación y más recientemente la Unidad de Restitución de Tierras. En este trasegar, se han enfrentado no solo a la amenaza paramilitar sino incluso, a procesos de desalojos iniciados por testaferros paramilitares y ejecutados por las alcaldías e inspecciones de Policía de Chibolo y Plato.
Desde junio de 2011 y con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Yira Castro, se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el concurso del Ministerio Público la discusión e implementación de un “plan concertado de protección”, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional en realizar dicho plan, donde en uno de sus aportes se solicita la presencia perimetral de la Fuerza Pública y en especial la instalación de puestos de control en puntos donde ayer, se presentaron los hechos hoy denunciados.
Desde marzo de 2012 la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la ley 1448 (Ley de víctimas), ha iniciado intervención en los predios de Chibolo. El pasado 2 de junio la comunidad y nuestra organización le expusimos los requerimientos en materia de protección al comandante de la I División del Ejército, Comandante de la Policía regional Magdalena y al Coronel de la Policía destacado por el gobierno nacional para el proceso de restitución, y en especial se expuso las condiciones de riesgo existentes o latentes para la comunidad y sus líderes y liderezas.
Por último y luego de la visita presidencial el pasado 3 de agosto, se hizo una reunión en conjunto con la Unidad de Restitución de Tierras el 12 de agosto, donde participó el Subcomandante de la Policía de Magdalena y el oficial responsable del Escuadrón de Carabineros – EMCAR, y se expresaron las preocupaciones que en materia de seguridad y protección había dejado la visita del gobierno, donde se visibilizó el proceso ante los despojadores pero sin que existiera aun medidas y/o planes concertados de protección para las comunidades campesinas de Chibolo. Ese día se solicitó al subcomandante de Policía de Magdalena que se instalaran puestos de verificación de identidad, vehículos, motocicletas y armas en puntos específicos sin que se dieran excusas de no tener gasolina o que las vías estaban en mal estado, a lo que se comprometió, pero hoy luego de lo ocurrido la incursión de alias “El Chucho”, se evidencia que si bien los policiales que conocieron del acto respondieron, la presencia permanente de la Policía en los puntos señalados, no existe, y el riesgo contra estas comunidades es mas latente que nunca.
Esperamos que el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las entidades encargadas de implementar la ley de Victimas, entiendan que de nada sirve la Restitución de tierras si no hay medidas de protección eficaces como la sanción de los responsables, la desarticulación de las redes políticas y económicas que en el Magdalena encarnan el paramilitarismo, así como la restitución y formalización de los predios en plenas garantías a todos los campesinos.
SOLICITAMOS:
1. Se tomen desde el Gobierno Nacional, todas la medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los líderes y liderezas y miembros de la comunidad de Chibolo que se encuentran en proceso de exigencia de formalización/restitución de sus predios, en especial atención a LUIS ALFONSO RAMOS ANGULO y el conjunto de líderes y liderezas de los cuales ya tiene conocimiento el Gobierno Nacional. En especial se dé la construcción inmediata del Plan concertado de protección.
2. Se ordenen de inmediato los controles perimetrales, de identificación, de vehículos y de armas que han sido solicitados en las oportunidades ya referidas.
3. Se identifique, individualice, investigue y sanciones a los responsables del despojo en los municipios de Chibolo, Plato y San Ángel, así como sus determinadores y beneficiarios políticos y económicos.