Acción urgente, Arauca víctima del conflicto social y armado

31.03.09

Saravena, Arauca, 30 de marzo de 2009.

ACCIÓN URGENTE

ARAUCA VÍCTIMA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO

Desde el domingo 15 de marzo hasta el día de hoy, se desarrolló en el departamento de Arauca un paro armado, decretado por una de las organizaciones rebeldes que operan en esta región de la geografía nacional, las FARC-EP, el cual violentó el derecho de locomoción de los pobladores, obstaculizó el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes de la zona rural, y alcanzó a causar desabastecimiento en los productos básicos de la canasta familiar.

El gobierno, la fuerza pública y organismos de inteligencia, en su afán de mostrar que la acción de los rebeldes no afecta el supuesto control del orden público, consecuencia de la política de seguridad democrática, intentaron hacer recaer sobre la comunidad araucana la responsabilidad de la parálisis, instando a las empresas de transportes y conductores a sacar sus vehículos y prestar el servicio, amenazando con haber enviado a la superintendencia de puertos y transporte la relación de aquellas que se niegan a exponer las vidas de sus trabajadores y el único patrimonio de los pequeños propietarios.

Se organizaron caravanas, supuestamente, aseguradas con el acompañamiento del Ejército, la Policía y el DAS, en las que se expuso gravemente a la población civil. Mientras que algunas instituciones y empresas, como es el caso de la transnacional petrolera OXY, presionaron a sus trabajadores, para que laboraran, en medio del paro armado, exponiendo sus vidas e integridad.
Una de estas caravanas, cobró la vida de una persona, en hechos ocurridos aproximadamente a las 6:30 p.m., del día viernes 27 de marzo, en el sitio conocido como “Los Palos”, cerca de Caricare, en el municipio de Arauquita, cuando, al parecer, miembros de las FARC, que se apostaron a lado y lado de la vía, dispararon contra los vehículos que transitaban con destino a Arauca capital. Uno de los disparos, impactó en la humanidad del señor ARMANDO CARREÑO FIGUEREDO, conductor de la Empresa MASA, sub contratista de Occidental de Colombia que presta sus servicios en la zona de exploración petrolera en Caricare; el trabajador viajaba junto a tres compañeros más de la petrolera en una camioneta Nissan de color verde, placas XVX-215 de Floridablanca (Santander), y llegó al hospital San Vicente de Arauca sin signos vitales.
Esta acción de la organización rebelde, constituye sin duda una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario, desconoce lo establecido en el protocolo segundo facultativo, artículo 3 común a los convenios de Ginebra, y trunca la vida de una persona, dejando luto y dolor en su familia.

Pero además, muestra la irresponsabilidad de un Estado, que lejos de cumplir con su obligación de velar por la vida, honra y bienes de sus ciudadanos, los impele a condiciones de máxima vulnerabilidad, con actuaciones que significan una afrenta a claros principios del D.I.H., de la manera que lo hemos venido criticando, cuando se adelantan actividades conjuntamente con la población civil como las acciones cívico-militares, caravanas, utilización de sus bienes, y en fin la invasión de la vida cotidiana de las comunidades. En este caso ya los representantes de los trabajadores en la Unión sindical Obrera USO, habían estado en reunión con las autoridades civiles y militares del Estado y miembros de la empresa, donde se dejo sentado el peligro que significaba el obligar a los trabajadores a movilizarse y la utilización de este tipo de caravanas, el sindicato había propuesto que el traslado pudiera estar acompañado por un misión humanitaria (Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Internacional, ONU, etc.) y no por la fuerza pública, a cambio de una respuesta satisfactoria fueron estigmatizados de estar promoviendo el paro armado.

Exigimos, otra vez más, a los actores del conflicto social y armado (Estado y organizaciones rebeldes), darle una salida política, que conlleve el superar las causas estructurales que lo han originado, excluyendo en el entretanto a la población civil de sus acciones, ya!.

NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA

PERMANENCIA EN NUESTRO TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

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