En Colombia: sin derecho a la salud

4.03.10

Desde Abajo

En Colombia: sin derecho a la salud

por Mauricio Torres Edición

En los decretos reformatorios asoman sus fauces una negación de la idea de salud como derecho, y un afán por esconder que lo importante es que las EPS conserven y aumenten los márgenes de beneficio.

El pasado 23 de diciembre, el gobierno nacional estableció en el país el estado de emergencia social, medida que justificó con el argumento de que el sistema de salud tiene un problema grave de iliquidez que demanda la obtención de recursos extras para ponerle fin a la crisis financiera de este sector.

Se supone que los estados de excepción se pueden tomar cuando se da una situación especial que la justifique, razón por la cual desde diversos sectores sociales se plantea que no había justificación para declarar este estado de emergencia, por cuanto no existe en el país un riesgo de estabilidad en los aspectos económicos, sociales o ecológicos.

¿Dónde está la emergencia?

Desde el punto de vista del Gobierno, el problema grave de iliquidez se presenta principalmente porque “los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) no estaban previstos en la Ley 100 de 1993 ni fueron incorporados en los cálculos económicos realizados para la aprobación de la misma. Sin embargo, la prestación de estos servicios y la provisión de medicamentos se han generalizado de manera sobreviniente e inusitada, lo cual pone en riesgo el equilibrio del sistema”, situación dada por “el crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud”1.

Al contrastar estas afirmaciones oficiales con estudios como el de la Defensoría del Pueblo, empiezan a surgir dudas. Según la Defensoría, el uso de las acciones de tutela en salud ha revelado que en promedio, en los últimos años, el 54 por ciento de aquéllas reclama factores del POS, es decir, aspectos financiados de salud. Al mirar con detalle algunos temas, por ejemplo, las reclamaciones en cirugías a través de la tutela, corresponden al 74,8 por ciento de procedimientos POS, de exámenes paraclínicos el 62,6 y de citas médicas el 76,7; sólo en el tema de medicamentos baja a 23,5 por ciento y en prótesis y ortesis a 48,22.

De otro lado, para determinar si en efecto hay iliquidez en el sistema de salud, es necesario revisar las cuentas del sistema y ver la situación económica de las EPS.

Al estudiar la cartera del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), se observa que hay gran cantidad de dinero. A finales de 2009 se contaba aproximadamente con 6,5 billones de pesos. Lo que sucede es que estos en su mayoría (93,7%) se encuentran en inversiones (2,7% en CDT, 18 en TDA, 0,3% en Bonos y 79 en TES)3. Con estos dineros que hay en el Fosyga, es evidente que resulta factible pagar las deudas que el Fondo tiene con las EPS del contributivo, con los municipios y con las IPS, las cuales ascienden a cerca de $ 2,5 billones de pesos.

Ahora, frente a la situación de las EPS, se observa que desde hace varios años han entrado en una tendencia oligopólica y cinco de ellas están entre las 100 empresas más grandes de Colombia. El patrimonio de las EPS pasó de $531.089 millones en marzo de 2007 a $574.613 millones a la misma fecha de año 20084. Saludcoop nació en 1994 con 2.500 millones de pesos de capital y hoy cuenta con un patrimonio de 439.391 millones de pesos, es decir, que en 16 años aumentó en 176 veces su patrimonio5.

Este enorme aumento del patrimonio de las EPS se explica principalmente por tres razones. Primero, por su actividad de intermediación, que le permite quedarse con el 30 por ciento de los recursos de salud6; segundo, por la integración vertical que hacen, es decir, se contratan consigo mismas a través de su propia red de IPS; y, tercero, porque establecen un conjunto de barreras administrativas, geográficas y económicas para no entregar los servicios POS que les pagan mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Por tanto, resulta claro que el problema no es de inexistencia de recursos en el sistema. No. El problema es que éstos están en el lugar equivocado y son utilizados para lo que no corresponde, exabrupto permitido por la Ley 100. Es decir, el problema no es menor ni ocasional; es más que todo estructural, razón por lo cual no se puede solucionar con un conjunto de decretos útiles sólo para profundizar el problema.

Medidas para aumentar el lucro de las EPS

Las medidas tomadas por el gobierno nacional están contenidas en un paquete de decretos, sancionados en su mayoría el pasado mes de enero (ver recuadro).

Un grupo de estos decretos busca sumar recursos económicos al sistema de salud por la vía de más impuestos, y mejorar el flujo de los recursos entre instituciones. Por esta vía se establece una reforma tributaria al aumentar los impuestos a los licores, el tabaco y los juegos de azar en el país, en una perspectiva regresiva, es decir, los que menos tienen son los que los pagan. Otro grupo de decretos se destina fundamentalmente a redefinir el contenido del derecho a la salud al redefinir el POS, establecer un conjunto de medidas para la atención de los servicios NO POS y una regulación del ejercicio médico.

Son claras las intenciones del Gobierno con este grupo de medidas: igualar el POS por abajo, estableciendo su contenido en un paquete de servicios de baja complejidad; hacerle un control estricto al ejercicio médico para contener costos, forzar a la gente a pagar la mayor parte de los servicios de salud con su bolsillo, fortalecer la integración vertical y estimular mayor aseguramiento con la invitación desvergonzada a pagar un segundo seguro en la medicina prepaga. El claro ganador de todas estas medidas es el sector de las EPS.

Estas medidas reducen obviamente la garantía del derecho a la salud, en una perspectiva regresiva que va en contravía de las normas internacionales del derecho a la salud, y burla el espíritu y las obligaciones impuestas al gobierno nacional por la Corte Constitucional con la Sentencia T-760.

La mano de las EPS, detrás de las medidas

Es evidente quiénes han estado detrás de estas medidas. El asunto ya salió a flote al conocerse la firma de dos contratos de asesoría con personas pertenecientes a directivas de la Nueva EPS y al Centro de Gestión Hospitalaria (que si se revisa en detalle, han tenido nexos con el gremio de las Aseguradoras, ACEMI), uno por 700 millones y otro por 1.200 millones de pesos.

Es indudable que el Gobierno, gracias a este ejercicio, fortalece su alianza con las aseguradoras, que les permite concebir y orientar este conjunto de medidas, cínicas en su mayoría, para mejorar el negocio del aseguramiento en salud, en un momento muy particular de campaña presidencial.

El problema fundamental no son los decretos

Con estos decretos se ha dado una expresión de rabia e indignación generalizada en la población. A pesar de que el gobierno nacional ha hecho un amplio ejercicio en los medios de comunicación para desmentir verbalmente lo plasmado por escrito, no ha logrado contrarrestar la evidencia. Pero este estado de indignación, si no se sabe aprovechar, puede ser opacado por las maniobras oficiales, como las de desmentir y empezar a negociar de manera sectorial o individual con algunos sectores.

Se requiere madurez política, por tanto, para interpretar la actual coyuntura y aprovecharla en pro de articular todas las expresiones de descontento, bajo el entendido de que el objetivo central debe ser ponerles fin a los decretos expedidos y acordar la propuesta de un modelo de salud que suceda al actual de la Ley 100. La gente tiene que reconocer que sin decretos ya estábamos jodidos, sólo que ahora con los decretos lo estamos más.

En este sentido, se debe crear un Frente Amplio como instrumento de convergencia para la acción y la elaboración de un modelo alternativo en salud, que configure un sistema de salud universal, público, equitativo, que tenga como eje la vida, la promoción de la salud, y la prevención de la enfermedad y no el lucro.

Debe quedar claro que, sin una nítida estrategia, no hay razón alguna para creer que el curso de los acontecimientos virará en la dirección deseada, aun cuando eventualmente se produzca el hundimiento de los decretos. Allí está el reto de los sectores con capacidad de conducción política, de articular, potenciar y actuar para derrotar los decretos, pero lo más importante es no desaprovechar el momento para proponer y conseguir que en el país se instaure un modelo de seguridad social que efectivamente garantice el derecho a la salud para todos.

1. Estipulado en el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, por el cual se declaró el Estado de Emergencia Social.
2. Defensoría del Pueblo. Programa de salud. La tutela y el derecho a la salud. Período 2006-2008. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2009.
3. http://www.fosyga.gov.co/Estadísticas/Portafolio/tabid/313/Default.aspx.
4. http://www.dinero.com/negocios/salud/eps-balance-rojo_51506.aspx.
5. Daniel Coronell, ¿Dónde está la bolita?, Revista Semana, 30 de enero de 2010. http://www.semana.com/noticias-opinion/donde-esta-bolita/134332.aspx.
6. Gilberto Barón. Cuentas de salud en Colombia 1993-2003. El gasto nacional en salud y su financiamiento. Bogotá: Ministerio de la Protección social, 2007.

Paquete de decretos

Decreto 4976/2009. Liberara recursos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Decreto 073/2010. Libera saldos de aportes patronales cercanos a 700 mil millones de pesos, giros que hizo la nación en algún momento, en pensiones y cesantías.

Decreto 074/2010. Descarga de responsabilidades de atención a las EPS, incrementando la prima de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), de 800 a 1.100 salarios mínimos.

Decreto 075/2010. Acelera los procesos de conciliación para facilitar entre los actores del sector que puedan hacer prontos acuerdos y poner más plata en circulación.

Decreto 126/2010. Establece disposiciones en materia de inspección, vigilancia y control para la lucha contra la corrupción en el sistema de salud, y hace modificaciones y adiciones al Código Penal, destinadas a establecer sanciones para los responsables. Fija controles específicos a los precios de los medicamentos y los insumos médicos. Para ello, refuerza las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud y de los entes territoriales.

Decreto 127/2010. Adopta medidas en materia tributaria, que modifican las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Se fija un IVA del 14 por ciento sobre las ventas de cervezas nacionales y extranjeras, y se incrementa el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco: 650 pesos por cajetilla de 20 unidades para 2010; para 2011 serán 700 pesos.

Decreto 128/2010. Regula los servicios no POS, bautizándolos como “prestaciones excepcionales en salud”. Según el decreto, quienes requieran estos servicios deben costearlo según su capacidad de pago, que se establecerá con un estudio de su patrimonio personal y familiar. Explicita que los enfermos deberán incluso recurrir a sus cesantías, ahorros pensionales o créditos blandos para el pago. La gente a la que se le demuestre que efectivamente no tiene capacidad de pago podrá acceder a la cofinanciación de esos servicios a través del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés), siempre que haya autorización de comités técnicos creados con ese fin. Se establece que los recursos del Fonprés son finitos, por lo que responderá anualmente sólo hasta donde éstos alcancen.

Decreto 129/2010, adopta medidas en materia de control a la evasión, y la elusión de cotizaciones y aportes al sistema de la protección social.

Decreto 130/2010. Dicta disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, estableciendo normas sobre giros directos a los fondos de salud seccionales y fijando pautas para la comercialización y la administración de las loterías, y un control específico a la ilegalidad y la fiscalización de estos juegos.

Decreto 131/2010, cambia el concepto de POS, por cuanto en este paquete de servicios estará fundamentada la atención de baja complejidad en medicina y odontología general, y sólo permitirá el manejo por especialistas cuando se cuente con evidencia científica y los beneficios superen los costos. Tal POS deberá ser actualizado teniendo en cuenta el avance de la ciencia, y las condiciones económicas y financieras del país, y será actualizado una vez al año por la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Este mismo decreto establece que, cuando los médicos se aparten de los estándares definidos en dicho POS y “ocasionen daños al sistema general de seguridad social en salud”, incurrirán en faltas que serán sancionadas con multas que van de 10 a 50 salarios mínimos mensuales.

Decreto 132/2010. Establece mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 133/2010. Brindan a los hospitales públicos algunos mecanismos de presión sobre las EPS para que les hagan los pagos oportunamente, pero con la gravedad de que ya no se lea impone a las EPS la obligación de contratar cuando menos el 60 por ciento del régimen subsidiado con ellos.

Decreto 134/2010. Adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital del Presupuesto General de la Nación cerca de 559 mil millones de pesos, con cargo a la cuenta ECAT del Fosyga. Ese dinero irá al Fonprés y al presupuesto de la CRES.

Decreto 135/2010. Distribuye hasta el 30 por ciento de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para programas de prevención, mitigación, y superación y desarrollo institucional en el marco de una política nacional de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.

Voces y ecos

Profesores de los posgrados en administración de salud y seguridad social, facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad Javeriana

“Es tiempo de cambio para lograr un sistema de salud equitativo.

“Es necesario evitar que algunas empresas privadas se sigan enriqueciendo con el dinero público y que los pobres y la clase media se empobrezcan más echando mano de sus ahorros y bienes de subsistencia para pagar por el tratamiento de sus enfermedades. Es necesario evitar que el Estado se siga desentendiendo de garantizar el derecho a la salud y de cuidar de la salud de todos los colombianos. Es necesario evitar que la medicina colombiana se siga deshumanizando y que los profesionales y trabajadores de salud sigan empeorando sus condiciones de trabajo. Es necesario evitar que los hospitales públicos sean privatizados. Es necesario evitar que la exagerada regulación de la conducta de los pacientes, de los profesionales de la salud y de las autoridades judiciales promovida para garantizar el control de costos de la atención de la enfermedad, sirva para aumentar las ganancias económicas de las EPS y reducir el gasto público en salud. Es necesario evitar que este propósito de control de costos se convierta en el altar ante el cual hay que sacrificar la dignidad y autonomía de los profesionales de la salud y los derechos de los colombianos.

“La crisis que amenaza la sostenibilidad y viabilidad del sistema de salud no procede en lo fundamental de un uso irracional de los servicios de salud por parte de la población, de los jueces y de los profesionales de la salud. Deriva del enfoque centrado en la atención de la enfermedad del sistema de salud, y del despojo a que somos sometidos los colombianos por empresas privadas aseguradoras que se han convertido en verdaderos parásitos rentistas que se dedican prioritariamente a aumentar sus ganancias en detrimento del cumplimiento de sus responsabilidades de garantizar y facilitar el acceso de los colombianos a los servicios y de manejar apropiada y eficazmente los riesgos de salud”.

Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”

“No hay ninguna razón para mantener un sistema que en quince años ha mostrado profundas fallas y que riñe con la Constitución. El modelo de salud adoptado por Colombia no es la única opción ni la más eficiente; otros países gastan mucho menos en atención sanitaria y obtienen mejores resultados. La crisis no se resolverá con más de lo mismo. Los problemas del SGSSS no han sido sólo de financiación; han sido también de efectividad y de justicia. Es el momento de pensar en una política social en materia de salud que tenga en cuenta el derecho fundamental a la vida y anteponga el sufrimiento de los enfermos y la calidad de vida de los ciudadanos a los intereses de lucro. En tal sentido, la Facultad Nacional de Salud Pública invita a poner en el centro del debate el derecho fundamental de las personas a la salud y la defensa de la salud como bien de interés público”.

Movimiento nacional por la salud y la seguridad social – Anthoc

“Los principios del mercado como la sostenibilidad financiera, la racionalización de recursos y el traslado de costos a los pacientes, dejan sin soporte el derecho fundamental a la salud.

“Cabe recordar que no hubo emergencia para salvar los hospitales públicos; al contrario, fueron sometidos al cierre, la intermediación laboral y la privatización. Tampoco la hubo para superar las barreras de acceso al derecho, como lo exigieron en 2007 la Procuraduría General de la Nación y en 2008 la Corte Constitucional con su sentencia T-760, que impartió más de 30 órdenes para garantizar la efectividad del derecho a la salud. Por eso, apelar al argumento de hechos nuevos o sobrevinientes, cuando la crisis del sector salud es estructural, es una burda maniobra.

“La declaratoria de la emergencia […] tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción. el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales”.

Emergencia social: lo bueno, lo malo y lo feo

Por Héctor Zambrano. Secretario de Salud de Bogotá

“[…] garantizar el derecho a la salud de las personas debe ser el único norte que inspire al Estado en las decisiones estructurales que se adopten, en las que prevalezca el sentido humano por encima de los sacrificios administrativos y presupuestales a los que haya lugar. Sin embargo, hasta el momento esto no se ve reflejado en los decretos nacionales que desarrollan la emergencia social.

“Ahora viene lo malo. “(los pacientes que recurran al POS, ahora llamado Prestaciones Excepcionales de Salud) deberán costearlos de su propio bolsillo, de acuerdo con la capacidad de pago que será determinada en un estudio del patrimonio personal y familiar. Esto nos parece que atenta contra el principio fundamental del Estado de brindar un servicio que por derecho propio tienen los ciudadanos.

“Ahora viene lo feo. […] Los decretos esbozan un riesgo para pacientes y profesionales de la salud e instituciones prestadoras de servicios de salud, al abrirse la posibilidad de que se permita la práctica médica en especialidades como medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia y anestesiología por profesionales no especializados en estas áreas, es decir a médicos generales; de esta manera, se pone en grave peligro la calidad de la prestación de los servicios y exige una gran responsabilidad civil por parte de estos profesionales y de las instituciones que nuevamente ponen a los usuarios a sufrir por un mal diagnóstico y por comprometer. Estas decisiones del Gobierno van en contravía de la autonomía médica y de las guías médicas”.

La reforma más regresiva en las últimas décadas

por Carlos Iván Pacheco

La Ley 100 de 1993 completa más de 15 años y todavía hoy se nos dice que el problema es que no hemos sabido reglamentar “la mejor ley con los mejores principios”. En estos días, con la emergencia social decretada por el Gobierno, vuelve a ponerse al orden del día la discusión sobre si el problema es coyuntural –y si se resuelve con las medidas– o es estructural, y lo que hay que discutir a profundidad es el “modelo de salud” propuesto por la reforma de 1993, inservible para nuestro país, debiéndose concertar uno nuevo que garantice el Derecho a la Salud de todas las personas que habitan a Colombia.

Las medidas tomadas por el Gobierno significan para muchos la consolidación del modelo de privatización de los hospitales públicos; para otros es el fortalecimiento de las grandes aseguradoras y la defensa de los intereses de multinacionales de medicamentos e insumos hospitalarios. Los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, perciben que cada vez reciben menos servicios de salud y en cambio tienen que cofinanciar más lo que es una obligación estatal.

Itinerario de cómo transformar la salud en ganancias para el sector financiero

El problema esgrimido por el Gobierno no es nuevo. Siempre ha habido problemas en flujo de recursos, altos costos de intermediación, barreras de acceso al servicio y la mala calidad en la atención. El objetivo de las aseguradoras y de las prestadoras de servicios es dilatar al máximo el servicio y restringirlo: problemas con bases de datos, inaccesibilidad geográfica, incapacidad de las personas para pagar cuotas moderadoras o copagos. Todas las barreras posibles para evitar gastar recursos en atender a los usuarios se volvieron el manual de eficiencia de los dueños de los recursos del Sistema.

Las atenciones no contenidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) –que son el origen del problema esgrimido por el Gobierno– aparecen como si fueran responsabilidad de las personas que abusan del “mejor sistema de salud del mundo”. Sin embargo, lo que no se dice es que, al contrario de lo que ordenaba la ley, el Ministerio de la Protección Social y los entes encargados de la reglamentación del POS, no actualizaron el Plan de Beneficios y la UPC al perfil epidemiológico, ni con medidas costo efectivas, sino más bien respondieron a las necesidades de los grandes grupos económicos como ACEMI, que tenían asiento en el ente regidor de estos aspectos.

Por otro lado, cuando se analizan “las tutelas desbordadas” de que habla el Ministro, se puede evidenciar que más del 60 por ciento de ellas se invocó para solicitar servicios contenidos en el POS, que las aseguradoras no querían cumplir con sus usuarios.

De cómo el camino al infierno está lleno de buenas intenciones: La Corte Ordena cumplir la ley: debe haber un solo POS

Cuando la Corte Constitucional ordenó equilibrar los planes de beneficios subsidiado y contributivo, muchas personas en el país (gremios profesionales, médicos de los hospitales públicos y usuarios) no escondieron su alegría: por fin se le hacía un reconocimiento al Derecho a la Salud como Derecho Humano Constitucional, lo que debería poner en cintura a los grupos financieros aseguradores. Sin embargo, algunas pocas voces llamaron la atención sobre el peligro de no debatir sobre el modelo de salud del país y pretender responder con ese mismo modelo a la garantía del derecho a la salud.

Las aseguradoras y el capital financiero que las respalda no perdieron el tiempo y, en vez de preocuparse ante lo exigido por la Corte, comenzaron un trabajo de lobby político y de opinión pública para generar el ambiente propicio para convertir una amenaza –la sentencia de la Corte– en una oportunidad para seguir acumulando y encontrar nuevas oportunidades de negocio que aumentaran sus ganancias. Y aparece la Emergencia Social, porque las aseguradoras se van a quebrar por la prestación de servicios no POS… Pero, y para ser reiterativos, a finales de 2009 no parecían tan mal financieramente:

- Cinco EPS estaban entre las 100 empresas más grandes de Colombia. En sólo 10 años de operación, traspasaron a todos los iconos del empresariado colombiano. – En 2007, todas escalaron posiciones de privilegio en el selecto grupo de las 100 más grandes empresas en Colombia. – En 2007, todas las EPS incrementaron realmente sus activos. – Todas las EPS ganaron en el consolidado 39 posiciones en el top de las 100 empresas más grandes de Colombia. – Mientras la economía creció en un 2,5 por ciento en 2008, los ingresos operacionales de las cinco EPS más rentables crecieron en términos reales un 9,31.

Ahora, todas están como la pobre viejecita, sin nadita que comer, y entonces los colombianos tenemos que aportar nuevos impuestos para que conserven y profundicen las ganancias logradas en los últimos años. Vale la pena preguntarse en este punto si en la “encrucijada del alma” de nuestro salvador, las EPS y los capitales financieros que las respaldan tomaron partido por el Referendo y por su nueva reelección, y por su Ministro de la Protección Social, y si ese respaldo se transformó en la Emergencia Social.

Un balance de quienes ganan y quienes pierden

Pierden los territorios y los hospitales públicos. ¿Dónde queda la autonomía administrativa y fiscal de los entes territoriales cuando el administrador financiero girará directamente a EPS, sin situar Fondos para los municipios? Aumenta la centralización Se retrocede en delegación, desconcentración y descentralización, en contravía de la Constitución de 1991. Nunca hubo emergencia para salvar los hospitales públicos que se han cerrado en el país ni para el Seguro Social. La emergencia, en cambio, es para “salvar a las EPS”. ¿Les parece conocido al salvamento de los bancos y corporaciones que se hizo el año pasado en todo el mundo por “la crisis”?

Pierden los usuarios y los profesionales. La creación de órganos técnico-científicos que serán un filtro para las Prestaciones Excepcionales de Salud puede convertirse en una talanquera que favorezca a las aseguradoras.

Pierden los usuarios, que tienen que pagar con impuestos al consumo la emergencia social y también aumentar el gasto de bolsillo, pues, si se enferman, de lo que no esté contenido en el POS tendrán que pagar con sus cesantías, con sus ahorros, con sus bienes, o bien con sangre, plasma u órganos la osadía de enfermarse. Cómo plantea Jaime Peláez, “el mecanismo de Prestaciones Excepcionales de Salud es un eufemismo que inaugura la restricción a servicios necesarios y desplaza de tajo la posibilidad de recurrir a la tutela para acceder a la mediana y la alta complejidad en salud”*. El derecho a la salud desaparece y se vuelve artículo de lujo.

Ganan los conglomerados financieros, pues la gente de las clases media y alta tendrá que buscar la medicina prepagada para cubrir las contingencias. Lo que conduce al doble aseguramiento: el POS para cubrir lo general y las prepagadas para las contingencias. Los pobres simplemente tendrán que morirse.

Esto quiere decir que perdemos todos los colombianos, pero no desde ahora sino desde 1993, cuando dejamos que se impusiera un modelo en el cual el derecho a la salud se convirtió en un bien transable, donde los que ganan son los agentes económicos con mayor poder: las EPS y el capital financiero que las respalda.

Tarea prioritaria

Revisar el modelo de salud que le conviene al país y su modelo de desarrollo para resolver la pobreza, el desempleo, la informalidad, la desigualdad y la inequidad es la tarea presente. No se trata de pelear para echar a atrás la emergencia social, porque vendrán otras medidas propuestas por las EPS, ACEMI, el centro de gestión hospitalaria, etcétera –todas con el discurso del conocimiento científico-técnico, de la costo-efectividad y la escasez de recursos para grandes necesidades en salud–, para seguir ganando dinero asaltando el derecho a la salud. Se trata de frenar ya el modelo de la Ley 100 y proponer una discusión sobre un modelo realmente basado en el derecho de todos y de todas. Esto se cruza también por romper la hegemonía y el contubernio entre el capital financiero y la clase política para seguir ganando con la desgracia de los pobres y los trabajadores del país.

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