Sucre: la lucha contra la impunidad

14.09.10

por Sergi Ramon Aguilar – IPO

En el noroeste colombiano, llega con su forma estirada hasta el Mar Caribe el Departamento de Sucre. Situado entre los departamentos de Córdoba y Bolívar esta zona de Colombia, con una economía eminentemente ganadera, ha sido azotada desde hace años por la violencia que sufre el país.
Su situación estratégica con corredores naturales que llegan desde el interior del país hasta el mar, el paso de varios oleoductos y la gran extensión de tierras fértiles para la plantación de materias primas de agrocombustibles, han hecho de Sucre un departamento atractivo para el narcotráfico, multinacionales y países extranjeros, trayendo consigo unas consecuencias nefastas para la población civil sucreña. La estrategia de estos agentes interesados en la explotación económica de la región ha sido, como en otras zonas del país, conseguir el control de este territorio costase lo que costase, intentando desplazar la población que ocupa esos territorios y evitar a toda costa que se pudieran organizar de forma que supusieran un obstáculo para sus objetivos.
Una vez más, que todos ellos pusieran los ojos en este departamento sólo trajo a estas tierras algunos de los más sangrientos acontecimientos en la triste historia reciente de Colombia. Desde los años 90 los ataques a la población civil se sucedieron: asesinatos y amenazas a líderes y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos pasaron a ser el pan de cada día, culminando en las matanzas más numerosas cuando en el año 2000 el campesinado vio como 42 de sus compañeros y compañeras fueron asesinados en Ovejas, 15 personas fueron masacradas poco después en Macayepo y en el año 2001 en El Chengue 31 más fueron asesinadas, estos son sólo algunos ejemplos de lo que la población veía como se acentuaba día a día. El delito de todas estas personas fue intentar defender sus derechos ante los intereses de unos pocos poderosos, que vieron en el paramilitarismo de las AUC una herramienta útil con la que controlar la población civil.
En el año 2006, desde la experiencia de diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política de la región y fruto de la presión y abusos de los que eran víctimas surgió el capítulo Sucre del Movice. Éste realizó su primera gran movilización convocando una marcha en Sincelejo, capital del departamento, contra la reactivación del paramilitarismo en la zona. A partir de ese momento el capítulo pasó a ser un objetivo para los paramilitares y las amenazas y agresiones no han cesado. De hecho ya en el mismo 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró medidas cautelares para 17 líderes de Sucre que constaban en una lista encontrada a los paramilitares.
Desde entonces los actos de denuncia que ha realizado el capítulo en la región no han cesado, haciendo por ejemplo una gran audiencia en la que se denunciaba la relación de varios de los cargos electos del departamento con el paramilitarismo. Otro ejemplo, es la configuración de una Comisión Ética que busca el esclarecimiento de la verdad y el fin de la impunidad. El tiempo les dio la razón, a día de hoy Sucre es el departamento que tiene más políticos encarcelados por vínculos con las estructuras paramilitares. El caso más conocido es el del senador Alvaro García Romero que pasó finales de febrero de 2010 a la historia como el primer parlamentario condenado por su incidencia en la formación de grupos de autodefensa en Sucre, fue condenado a 40 años de prisión tras encontrarle culpable, entre otros cargos, de la participación en la Masacre de Macayepo y por el asesinato de una jurado de votación en San Onofre (Sucre). Otro claro ejemplo lo encontramos en la condena de Salvador Arana Sus, quién fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada agravada y homicidio agravado del ex alcalde del municipio El Roble, Eudaldo Díaz Salgado. Aún así la lucha contra la parapolítica no se da ni mucho menos por acabada, ya que numerosas personas que hoy ocupan cargos públicos tienen o han tenido relaciones con la estructura paramilitar.
Este trabajo de denuncia y sensibilización ha tenido sus frutos, pero también graves consecuencias para las personas que lideran el MOVICE en Sucre. Se han contabilizado más de 60 denuncias entre amenazas, agresiones físicas, allanamientos ilegales e incluso varios asesinatos, desencadenando el desplazamiento de varias de estas personas, todo ello desde su cercana fundación.
Todas estas personas cometieron el delito de un día decidir que hay que denunciar la violencia sistemática de la que son víctimas los habitantes, no sólo de Sucre, sino de todo el país. Decidieron denunciar los intereses de multinacionales, gobiernos extranjeros y elites locales. Pasando pues a ser una molestia que algunos pensaron debía ser erradicada.
En estas últimas semanas hemos tenido que ver cómo de nuevo el MOVICE en Sucre volvía a ser duramente golpeado por estos intereses, ya que además de las amenazas que ha venido sufriendo contra su vida Ingrid Vergara y que ya ha denunciado reiteradamente, tuvimos que ver cómo Rogelio Martínez fue asesinado. Rogelio fue uno de los líderes del capítulo y que lideraba la campaña para poder recuperar la finca de la Alemania que en su día había sido confiscada por los paramilitares del Frente Heroes de Montes de María.
Cuando las amenazas y asesinatos no son suficientes para amedrentar a la población se utilizan si cabe otras estrategias si cabe más crueles, ya que el estado participa de forma directa en esta estrategia del miedo con las judicializaciones. Prueba de ello es el caso de Carmelo Agámez, incansable luchador por los derechos humanos que ahora comparte patio de la cárcel con los que paso su vida denunciando, los paramilitares. En noviembre de 2008 fue detenido y acusado de colaboración con las AUC tras un allanamiento ilegal a su casa. Desde entonces se han sucedido las denuncias al proceso por las irregularidades que multitud de organizaciones de derechos humanos han encontrado, a pesar de ello Carmelo, que compartió celda con los que amenazaban contra su vida en el principio de su reclusión, sigue cumpliendo condena en la cárcel para funcionarios públicos del Corozal.
El Capítulo Sucre del MOVICE, es pues un ejemplo sintomático de la situación que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en el país en general y Sucre en concreto.

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