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5.05.13: Nueva amenaza contra la secretaria técnica del MOVICE capitulo Sucre INGRID VERGARA y su familia
5.05.13: Amenazas contra Héctor Enrique Martínez integrante del MOVICE Capitulo Valle del Cauca
22.03.13: Nuevas amenazas en contra de integrantes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar
14.03.13: Agresiones del ESMAD en contra de pobladores del municipio de Ovejas, Sucre
14.02.13: Amenaza de muerte contra integrantes del MOVICE capítulo Sucre.
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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27.10.10
por MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Denuncia Pública: Señalamientos y estigmaticación de integrantes del MOVICE
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresa su profunda
preocupación frente al incremento en los últimos meses de los señalamientos y la
estigmatización de la labor de integrantes del MOVICE por parte de organizaciones
supuestamente no-gubernamentales como UnoAmerica, la Asociación de Víctimas Civiles
de la Guerrilla Colombiana y la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y
algunos periodistas como Fernando Londoño y José Obdulio Gaviria; a través de
plantones, grafitis, páginas web, artículos de opinión y comunicados públicos.
Las detenciones de los integrantes del MOVICE Carmelo Agámez Berrio y David Ravelo
Crespo, como también el montaje judicial en contra de las organizaciones defensores
de derechos humanos en la ciudad de Medellín muestran como el desprestigio y los
señalamientos en muchos casos son un primer paso hacia los montajes judiciales y las
detenciones arbitrarias.
Hechos
En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico
virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de
Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José
Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del
montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el
DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y
organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de
pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso la prueba
testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los
organismos de seguridad del Estado que, valiéndose de guerrilleros conversos
interesados en acceder a dádivas jurídicas y económicas, se prestaron a verter
declaraciones en contra de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, en
el propósito perverso de vincularlos a organizaciones insurgentes.
En el periódico B1, se hace un claro señalamiento a integrantes del MOVICE como
Winston Gallego Pamplona de la Fundación Sumapaz, Elkin Jesús Ramirez de la
Corporación Juridica Libertad y el integrante del Comité de Impulso y Secretario
General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Diego Martinez
quienes aparecen en diferentes fotos. En el mismo periódico se hacen señalamientos
contra el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (JUCO), ambos
miembros del Comité de Impulso del MOVICE, la comunidad de Paz de San José de
Apartadó, Gloria Cuartas, integrantes de CJL, el Padre Javier Giraldo y el profesor
Miguel Angel Beltran.
Antecedentes – La Organización UnoAmerica desde su creación ha señalado de forma sistemática y en
reiteradas oportunidades a las organizaciones defensores de derechos humanos, varios
de ellos integrantes del MOVICE de pertenecer a las FARC-EP y/o ELN. El 11 de
octubre de 2010 UnoAmerica publicó un articulo en que acusa al Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, CJL y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de difundir
falsas denuncias en relación al Oriente Antioqueño. – En las operaciones del DAS, como “Transmilenio”, “Arauca”, “Intercambio” y
“Europa” se subraya la necesidad de deslegitimar la labor de defensores de derechos
humanos a través de montajes judiciales, la creación de páginas web y comunicados
públicos.
Exigimos – A la Fiscalía que investigue como elementos probatorios de una investigación
pueden ser utilizados por terceros para señalar y amenazar a las personas
investigadas en la misma. Y a la vez, que garantice el debido proceso de la
investigación y la presunción de inocencia.
- Que el Estado Colombiano brinde las medidas de protección necesarias para proteger
la vida y la integridad física de las personas vinculadas al proceso 686, adelantado
por la Fiscal 74, seccional destacada ante el CTI.