Denuncian expulsión de varios jóvenes de la ciudad

1.09.06

www.vanguardia.com

Carlos Aurelio Sánchez* sale desplazado forzosamente por segunda vez en su vida. La primera vez fue la violencia en el Urabá y ahora tiene que salir de la ciudad porque lo quieren matar.

“Yo estaba trabajando en Campo 23 desyerbando unos potreros y vine el martes. Cuando llegué me dijeron que el lunes me habían ido a buscar unos tipos que dizque yo tenía que pagarles una deuda vieja”.

Sabiéndose en peligro por la forma en que actuaron los hombres, se quedó donde un amigo, y el miércoles “cuando mi tía abrió la puerta se le entraron dos tipos armados a buscarme por toda la casa, luego se quedaron en la esquina hasta hoy (ayer).

Un amigo dijo que uno de ellos tenía un pie malo, como una prótesis”.

Carlos Aurelio denunció el hecho en la Defensoría del Pueblo, la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos) y el Servicio Jesuíta para Refugiados pues dice estar muy preocupado por la situación.

“Yo no los conozco y nunca he tenido problemas con nadie lo único que yo hago es tomar y jugar cartas todo el día. Soy agricultor, el único arma que toco es un machete”.

En apoyo de las organizaciones, ayer salió de Barrancabermeja con rumbo desconocido. “Es muy duro irse a otra ciudad a comenzar una nueva vida, y sin familiares ni nada peor” con la idea de no volver en varios años.

Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima.

El fenómeno de la expulsión

Al igual que Carlos Aurelio, dos jóvenes de la comuna Seis, salieron de la ciudad el pasado miércoles porque los buscaban hombres armados.

Sobre esta situación asegura el secretario de Credhos, David Ravelo, que “le han llegado a las casas de habitación y afortunadamente estos jóvenes no se encuentran allí pero estos perpetradores entran armados buscándolos con intención de asesinarlos”.

El defensor del Pueblo, Jorge Gómez Lizarazo, aseguró que esto es un fenómeno permanente y según Acción Social, Barrancabermeja expulsó hasta mayo un total de 117 familias (411 personas) además de los casos que no se denuncian.

Sobre los autores de los hechos, la Defensoría apunta que “serían los desmovilizados de las autodefensas que siguen controlando la vida en los barrios y los que no se desmovilizaron”.

Finalmente, indicó que fue necesario hacer un acuerdo entre organizaciones como la iglesia, el SJR, la Cruz Roja, la Defensoría y Credhos con el objetivo de conseguir recursos para ayudar a estas personas.

La exigencia es para que las autoridades tomen medidas. El próximo 7 de septiembre se reunirán con el Gobierno Nacional para tratar éste y otros temas de la ciudad y la región.

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