“¿Por qué no te callas?”

30.03.08

El miércoles pasado, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) le enviaron una carta al presidente Álvaro Uribe donde lamentan la ola de violencia y amenazas que han afectado a sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. No es inusual que eso ocurra. Desde cuando las ONG irrumpieron con fuerza en el concierto internacional, hace más de 30 años, adoptaron un modus operandi de bajo costo que les ha servido a las mil maravillas para presionar gobiernos que, en su opinión, no protegen los derechos humanos de sus ciudadanos: inundar las entidades estatales de cartas denuncia. Y gracias a Internet, ese número de comunicaciones ha alcanzado dimensiones astronómicas. El gobierno colombiano es blanco predilecto de esas campañas. Cada día llegan centenares de correos electrónicos y cartas llamando la atención a las autoridades por algún hecho.

Pero esa carta del 26 de marzo tiene una particularidad. Está firmada por las 22 ONG más influyentes en Estados Unidos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y en ella hacen un señalamiento específico contra uno de los hombres más cercanos al Presidente: el asesor José Obdulio Gaviria. Acusan a Gaviria de contribuir con sus declaraciones a “un clima de intolerancia que incita a la violencia”. Y le exigen a Uribe desautorizar las afirmaciones de su asesor.

¿Qué fue lo que tanto molestó a las ONG? La posición pública de Gaviria de que la marcha del pasado 6 de marzo contra las víctimas del paramilitarismo y crímenes del Estado, era convocada y apoyada por las Farc. Según las ONG, un día después de que Gaviria se pronunció de esta manera, un grupo paramilitar comenzó a emitir amenazas contra la marcha, sus organizadores y las instituciones que apoyaron esta iniciativa. En la carta también se resalta que han sido asesinados seis sindicalistas que participaron de alguna manera en la marcha. La misiva concluye diciendo que “el hecho de que el Presidente haya permitido que su asesor presidencial continuara con ese acosamiento, mientras sindicalistas y defensores de derechos humanos están siendo asesinados y amenazados, sugiere una real desconexión entre el discurso de Uribe y sus acciones”.

Para nadie es un secreto que entre el gobierno de Álvaro Uribe y las ONG no hay exactamente una relación de amor y amistad. Se han cantado la tabla ene veces. La desconfianza es permanente; ven dos Colombias diametralmente opuestas. Para muchas ONG, la seguridad democrática es todo menos democrática. Para el Presidente y varios miembros de su gabinete, esa posición no está basada en un análisis de hechos concretos sino, más bien, en prejuicios ideológicos. Se lamentan de que las ONG sean reacias a reconocer los éxitos gubernamentales y a aceptar que la Colombia de 2008 no es la misma de 2002. Que ya es hora que dejen el VHS y pasen al DVD. Pero cambiar esos paradigmas es una labor titánica y una aspiración que tuvieron también los antecesores del presente gobierno, en la era a.U. (antes de Uribe).

La preocupación de las ONG por los derechos humanos en Colombia no es nueva; surgió a principios de los años 80, a raíz de los excesos del Estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han tenido que lidiar con las consecuencias de ser vistos como un país problema en el ámbito internacional. Y el debate siempre se ha reducido como ahora a percepciones. Para todos los gobiernos, esas percepciones externas ignoran la compleja realidad colombiana.

El presidente César Gaviria, por ejemplo, buscó romper esos estereotipos al nombrar varios ex guerrilleros del M-19 en embajadas europeas que contarían la exitosa historia del proceso de paz y la nueva Colombia. Poco cambió. En 1993, las ONG publicaron un documento llamado Terrorismo de Estado, que tuvo unas repercusiones inmensas en la imagen del país. En ese documento acusaron a casi todos los oficiales colombianos de graves violaciones de derechos humanos. Era un dossier con fotos y todo, y lo circularon masivamente.

El presidente Andrés Pastrana fue más allá: internacionalizó la discusión del conflicto e incluso patrocinó una gira de comandantes de las Farc por Europa. Tuvo un éxito relativo: después del Caguán y al final de su gobierno logró persuadir a los gobiernos europeos de que la guerrilla es terrorista, pero en el campo de los derechos humanos, Colombia siguió siendo vista en algunos sectores como un país paria. Aunque se redujeron las quejas por violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, aumentaron las acusaciones por crímenes de los paramilitares y la presunta complicidad del gobierno en ellas.

En todo ese tiempo, se adquirió una gran experiencia sobre cómo obran y piensan las ONG. Por eso llama la atención que el gobierno de Uribe, y en particular José ObdulioGaviria, hayan olvidado dos de las lecciones más importantes. La primera: que las organizaciones no gubernamentales son como los elefantes, nunca olvidan. En otras palabras, documentan todo. Declaraciones de funcionarios, de militares, de comunidades quedan redactadas para la posterioridad y para recalcarlas cuando sea necesario. Y la segunda lección: las ONG ven con muy malos ojos las estigmatizaciones contra sindicalistas, trabajadores sociales y, especialmente, defensores de derechos humanos. Y con razón: demasiadas personas han muerto en el mundo y en Colombia como consecuencia de señalamientos de ese tipo.

Precisamente por eso, según conoció SEMANA, las 22 ONG tomaron la decisión de escribir la carta al Presidente después de que José Obdulio volvió a insinuar que Iván Cepeda, el promotor de la marcha, apoyaba las consignas de las Farc. Les pareció una acusación peligrosa dado el contexto actual.

Para José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que el “brazo derecho del Presidente” hable así es muy grave y por eso han exigido una rectificación de Uribe. “Es un doble discurso. No le hacen bien al esfuerzo del gobierno de mejorar su imagen internacional. Están borrando con el codo lo que hacen con la mano”. Durante el último año, el gobierno, encabezado por el vicepresidente Francisco Santos, ha hecho un inmenso esfuerzo para convencer a los congresistas demócratas de que está comprometido en defender los derechos de los sindicalistas y los activistas de derechos humanos. Las declaraciones de José Obdulio no ayudan a esa causa.

El asesor presidencial, quien dijo no conocer el contenido de la carta, desestima las preocupaciones de las ONG: “Es un debate perdido con ellos. Nunca habrá objetividad”. Es posible, pero nadie escoge sus contradictores. Las ONG son hoy el quinto poder: no sólo han logrado congelar el TLC con Estados Unidos, sino también tienen en aprietos el de Canadá.

Lo curioso de todo es que José Obdulio no es funcionario del gobierno ni vocero oficial, como lo piensan las ONG; es un consultor pagado “por un organismo internacional”, según le comentó a SEMANA. Otro ejemplo de cómo la percepción raya con la realidad.

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