Campesinos atacados por los militares

26.11.05

Nordeste Antioquia. “Aquí en la región estamos viviendo la violencia severa de los militares y los paramilitares,” dijo un campesino* que no quiso identificarse. Continuó, “en este momento nos están hostigando el Pelotón Demoledores No. 1, Batallón Calibio de la Brigada XIV, al mando de los sargentos Setina y Blanquiceth. El Batallón se presenta como militar y después cambian el distintivo y son los paramilitares. Últimamente nos han estado deteniendo, intimidando, torturando, y asesinando a los campesinos y líderes comunitarios. ”

El 7 de agosto del 2005, el mismo Batallón Calibio asesinó al conocido líder comunitario, Luis Sigifredo Castaño. Un miembro de la comunidad se acuerda de él, “Era un buen hombre. Lo habíamos conocido desde hace más de 15 años. Era parte de CAHUCOPANA, una nueva organización de derechos humanos. Sigifredo no era un insurgente como los militares lo acusan.” La denuncia por la ACVC dijo, “(Sigifredo) apareció vestido de camuflado guerrillero pese a que todo el mundo en el Nordeste conocía de su condición de trabajador rural y que era minusválido en uno de sus brazos.”

El ejército colombiano utiliza repetidamente el sistema de matar a campesinos, vestirles de camuflaje y denunciarlos como insurgentes. Un miembro de la familia de Sigifredo dijo, “El Batallón llegó a la casa a las 6 de la mañana, lo agarraron, lo amarraron y exigieron que les dijera donde estaban los campamentos de la guerrilla. Pero él no sabía nada de eso. Estaba vestido con pantalonetas, una camiseta, y botas de caucho cuando lo llevaron. A las 8 de la mañana, a los 100 metros de la casa, escuchamos disparos. Cuando se fueron los militares a las 4 de la tarde, vimos que llevaron su cadáver vestido de camuflaje.” Varios campesinos han confirmado que miembros del Batallón Calibio colaboran con y, en realidad, trabajan como paramilitares.

Un informe publicado en los principios de 2005 por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las ONU en Colombia, declara que las violaciones de derechos humanos todavía “... se atribuyen a la acción directa de servidores públicos, en particular a las fuerzas de seguridad.” En un informe posterior, la Comisión expresó “...seria preocupación por los reportajes de casos de apoyo, colusión o aquiescencia de parte de los agentes estatales con grupos paramilitares.”

Después de muchos años de presión internacional y nacional para cumplir con derechos internacionales humanitarios, el gobierno colombiano sigue utilizando el ejército y “escuadrones de muerte” paramilitares como el arma principal en contra de la población civil y la oposición política. Por décadas, el ejército y su alianza paramilitar gozan de un alto nivel de impunidad de los procesos jurídicos. Últimamente, en el 23 de octubre, el director del DAS, (Departamento Administrativo de Seguridad) Jorge Noguera, renunció después del descubrimiento de grabaciones de conversaciones sobre planes presuntos de la agencia a dar inteligencia a los paramilitares. Además, los paramilitares han fanfarroneado muchas veces de que controlan mas que 35% del Parlamento colombiano.

Además, es importante tomar en cuenta que la guerra civil colombiana que ya lleva 40 años, se agita con la asistencia creciente de los Estados Unidos. Desde 1999, cuando firmaron Plan Colombia, más que US $4 mil millones han llegado a las manos de la policía y el ejército de Colombia. Mientras tanto, los abusos de derechos humanos por las fuerzas gubernamentales y sus alianzas paramilitares han aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, los EU ha coronado a Colombia destinatario principal de fondos militares afuera del Medio Oriente. Esto ha forzado que millones de campesinos huyan a las ciudades.

“Como campesinos, ¿qué vamos a hacer en las ciudades? No tenemos dinero, no tenemos donde quedarnos, y no hay trabajo,” dijo un campesino del Nordeste Antioquia. Líderes campesinos me dijeron que desde el asesinato de Sigifredo más que 100 familias han sido desplazadas de la región a fuerzas por represión militar y paramilitar. Hoy día, en Colombia, hay más que 3 millones de personas desplazados dentro del país. En 2004, unos 287.000 fueron desplazados, un aumento de 38.5 por ciento desde el año 2003.

Como respuesta, campesinos de Nordeste Antioquia han creado organizaciones sociales, como la ACVC y CAHUCOPANA, para proteger sus derechos, y para crear proyectos socio-económicos para ayudar a la gente de la región. Estas organizaciones han desarrollados proyectos de vivienda, alimentación, educación, salud, documentación de violaciones de derechos humanos y protección de la comunidad. Sin embargo, desde su inicio, las dos organizaciones han sido atacadas violentamente por el gobierno y los paramilitares.

En una entrevista, un líder de la ACVC dijo, “A los ciudadanos y organizaciones de los Estados Unidos, les pedimos que se levanten en solidaridad con el campesino colombiano. Intervención militar, económica, y política por su gobierno nos ha destrozado a nuestra gente. Su economía neo-liberal solamente quita la comida de las bocas de nuestros hijos. Sus helicópteros, armas, y tropas apoyan un gobierno violento y opresivo.”

*Miembros de las comunidades pidieron el anonimato por razones de seguridad.

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