Se recrudece la 'guerra' en una tercera parte Colombia, según ONG

22.12.05

Terra España
actualidad.terra.es

En 11 de los 32 departamentos de Colombia, una tercera parte, se ‘recrudeció la guerra’ interna, denunció hoy un informe de la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

El informe ‘Navidad en medio del terror’ llama la atención sobre el incremento del desplazamiento forzado, el conflicto armado y las violaciones frecuentes de los derechos humanos en esos territorios.

Según Codhes, se vive una verdadera ‘situación de emergencia humanitaria’ como efecto del recrudecimiento de la guerra y esos departamentos están ‘sometidos a pasar una Navidad en medio del terror’.

Hay zonas de los departamentos de Nariño, Putumayo y Huila, Norte de Santander y Arauca, en el noreste, Guajira, Cesar, Chocó, Valle de Cauca, Tolima y Caldas, en las que confluyen múltiples manifestaciones de la degradación del conflicto armado en Colombia, denunció la ONG.

El informe precisó que se libra una ‘ofensiva guerrillera allí donde se concentran operativos contra insurgentes y antinarcóticos de la Fuerza Pública, incursión de grupos paramilitares que siguen operando a pesar de las anunciadas desmovilizaciones y disputa en áreas estratégicas entre diversos actores armados’.

Según Codhes, han sido desplazadas 291.207 personas, aunque el Gobierno colombiano señala que los desarraigados no son más de 140.000.

El consejero para la Acción Social gubernamental, Alfonso Hoyos, reconoció que la situación es difícil, y dijo que desde 2002 se ha registrado un descenso en las cifras de desarraigados.

De 420.000 en 2002, se pasó a 140.000 este año, según Hoyos, quien también destacó descensos en cifras de asesinatos y secuestros.

Colombia ‘asiste a una Navidad en medio del terror porque los paramilitares vuelven a perpetrar masacres, las guerrillas insisten en imponer paros armados, incrementan la siembra de minas antipersonales en zonas pobladas y la Fuerza Pública persiste en detenciones masivas, ataques aéreos y fumigaciones indiscriminadas’, según Codhes.

La ONG añade que, pese a los hechos, ‘se impone un manto de silencio ante la opinión pública para minimizar la crisis de derechos humanos, las alertas tempranas no funcionan, la ayuda no llega a las víctimas y las misiones de acompañamiento a la población en riesgo son tardías y limitadas’.

Y peor aún, subraya, ‘los grupos paramilitares comprometidos en las violaciones terminan acusando a las organizaciones de derechos humanos por sus denuncias y el Estado no garantiza la aplicación de la justicia para el esclarecimiento de los hechos’.

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