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3.10.06
www.eltiempo.com
El presidente Álvaro Uribe ofreció una Asamblea Constituyente al final de un eventual proceso de paz.
El intercambio de comunicados con las propuestas de las partes se produjo con una velocidad inusual, en un solo día.
Pese a la velocidad de los intercambios y al síntoma claro de que quieren negociar, nada despeja todavía el camino del anhelado intercambio humanitario.
Temprano, y en respuesta a la propuesta del presidente Álvaro Uribe de acordar las condiciones de una zona de encuentro, ayer el Secretariado de las Farc dejó cerrada la puerta a un cara a cara con el Gobierno antes de un despeje de Florida y Pradera.
Es decir que la liberación de los secuestrados, como lo que pasará en adelante con esa guerrilla, quizás una negociación de paz, quedaba condicionado a que el Presidente diera el arranque con la desmilitarización de los dos municipios vallecaucanos.
Acordar las condiciones de una zona de encuentro antes de establecerla, era precisamente el punto central del Uribe. A explicarlo le dedicó horas en emisoras radiales.
Pero en la carta de respuesta, que dirigió también al Congreso y al poder judicial, la guerrilla de ‘Marulanda’ se ratificó en sus condiciones: “Si el Gobierno decide otorgar plenas garantías para adelantar el canje de prisioneros de guerra desmilitarizando por 45 días los municipios de Florida y Pradera, una vez liberados todos ellos, quedará a la orden del día la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país”.
Y en una evidente maniobra política para apurar el intercambio fue más allá de lo que se esperaba y comenzó a hablar de un proceso de paz. Expuso lo que pondría en una eventual mesa de negociación, siempre y cuando se hubiera dado el canje. El punto de partida sería el despeje de Putumayo y Caquetá.
Dejó a Uribe en una situación difícil. Si no despeja, aparece como el que no tiene voluntad para que se haga realidad el regreso de los secuestrados. Si desmilitariza, habrá dado casi todo cuando las Farc han cedido en nada.
El Presidente no dio tiempo a especulaciones y al finalizar el día respondió a las Farc que autorizaba al comisionado Luis Carlos Restrepo para acordar con ellas las “condiciones propicias para una eventual zona de encuentro”.
Es decir, el Gobierno volvió a su propósito de encontrarse con los negociadores de la guerrilla antes de decretar un despeje.
Ahora la pregunta es qué contestarán las Farc sabiendo que el Presidente les mantiene la puerta abierta, pero no sobre las condiciones que ponen. La muestra es que Uribe ratifica su disposición a convocar una asamblea nacional constituyente al final de un proceso de paz exitoso.
¿Qué definirá el pulso?
Lo que está haciendo la guerrilla de ‘Marulanda’, según un analista consultado por este diario, es incrementando la presión política sobre el Gobierno, pues no mencionó nada de lo que podría ser la mecánica del intercambio humanitario.
En otras palabras, las Farc estarían aplicando una estrategia propia de la guerra popular prolongada, según la cual se gana políticamente lo que no se puede ganar militarmente, en este caso territorio.
Para el facilitador de los acercamientos con las Farc y director del semanario Voz, Carlos Lozano, sin embargo, el hecho de que el grupo insurgente haya hablado de un proceso de paz indica que quiere “seguir de largo”. Buscaría que el intercambio humanitario
fuera la transición hacia una negociación.
Y eso, asegura, puede entenderse como que está apostando “en serio”. Destaca, justamente, que haya hablado de una negociación con cese de hostilidades, contrario a lo que pasó en el Caguán, cuando tanto el Gobierno como las Farc aceptaron negociar en medio del conflicto.
Precisamente la Comisión de Notables nombrada en aquella ocasión, ya avanzado el proceso de paz, concluyó que negociar en medio de la guerra había hecho crisis y se imponía negociar con cese de hostilidades.
“Lo importante es que hayan puesto unos temas y se sienten a hablar con el Gobierno sin intermediarios. No pueden pensar que van a hacer la revolución en una mesa de negociación. Deben entender que hay condiciones modificables y el Gobierno puede aprovechar para decirles que no pueden aspirar a cosas exageradas”.
Incluso, dice, se podrían pensar en un territorio pequeño para dialogar.
Por ejemplo, los 45 días iniciales de despeje se podrán prorrogar si hay acuerdos entre las partes.
Intercambio, ¿por partes?
Lozano cree que, de hecho, el intercambio humanitario no sería de una sola vez, sin mediante acuerdos parciales, por lo que implicará la negociación sobre los tres norteamericanos secuestrados y el interés de la guerrilla en ‘Simón Trinidad’ y ‘Sonia’, presos en Estados Unidos.
Ese precisamente sería el punto vulnerable del intercambio humanitario en caso de que el Gobierno y las Farc finalmente se pusieran de acuerdo sobre el despeje.
¿Estaría dispuesto Estados Unidos a devolver a Colombia a ‘Sonia’ y ‘Simón Trinidad’ para que los secuestrados, incluidos los tres ciudadanos de ese país volvieran a la libertad?
Por ahora todo parece indicar que el Gobierno y las Farc están dispuestos a negociar y que cada mensaje es una manera de medirse el pulso ¿Cómo se resolverá esa medición de fuerzas? Esa es la otra gran pregunta.
¿Una estrategia a dos voces?
Una semana después de que el presidente Uribe anunció que estaba dispuesto al despeje, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el ex candidato Álvaro Leyva siguen teniendo diferentes lecturas sobre el tema. Leyva habla de un despeje total y Santos lo descarta.
Como los dos cuentan con el aval de la Casa de Nariño, algunos analistas creen que el Gobierno utiliza una estrategia de comunicación de doble vía: con Leyva les manda un mensaje de confianza a las Farc y con Santos, uno de tranquilidad a las Fuerzas Militares y a la Policía.
De hecho, el despeje de Pradera y Florida poco se compara con el de Caquetá y Putumayo y con la suspensión de operaciones en todo el país que las Farc piden para una negociación de paz.
Nuevas exigencias ¿un obstáculo adicional?
A los 10 temas que plantearon durante la zona de distensión en el Caguán, en la administración Pastrana, las Farc sumaron tres puntos que analistas consideran que podrían dificultar aún más la negociación: extradición, TLC y reparación del Estado a víctimas.
Extradición, el punto más álgido
La inclusión de la extradición como uno de los nuevos “materiales” para discusión en una eventual mesa con las Farc plantea una dificultad adicional. Así lo ve el analista Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia.
Él envío de ‘Sonia’ y ‘Simón Trinidad’ ante la justicia estadounidense, que los procesa por narcotráfico y terrorismo, puso el tema como una prioridad para esa guerrilla.
El Gobierno ha dicho que el asunto no está en sus manos, sino en las de Estados Unidos. Para presionar, las Farc tienen a tres contratistas estadounidenses secuestrados.
El TLC ya está negociado
Los gobierno de Colombia y Estados Unidos prevén que en noviembre próximo estará firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las dos naciones. Esto haría poco probable que la administración Uribe tuviera margen para modificar las condiciones bajo las que se pactó, como lo proponen las Farc. Aún cabe la posibilidad de que el Congreso,que debe ratificar el tratado, lo rechace.
Reparación, ¿alcanza la plata?
Por primera vez las Farc incluyeron el tema de la reparación a las víctimas del conflicto en su agenda.
Su exigencia, sin embargo, es diametralmente diferente al concepto de reparación que se ha manejado en la Ley de Justicia y Paz. Esa guerrilla exige que el Estado repare “a todos los afectados por el conflicto”. La ley pone esa obligación en cabeza de los grupos armados irregulares.
Gobierno insiste en zona de encuentro
El Gobierno Uribe ratificó ayer su voluntad de crear una zona de encuentro para negociar el acuerdo humanitario. Este es el texto del comunicado expedido por la Casa de Nariño: “El Presidente de la República ha autorizado al Alto Comisionado para buscar con las Farc un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro.
“Zona de encuentro que sea eficaz para el acuerdo humanitario y un proceso de paz. Con garantías de buena fe que además deberían incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los tres países europeos.
“Consistente con la propuesta formulada públicamente por el Alto Comisionado hace más de un año, el Gobierno considera viable la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas.
“Por ningún motivo se permitirá el debilitamiento de la política de seguridad democrática”.
Casa de Nariño, octubre 2 de 2006