Resistencia Civil: postura Presidencial frente a Acuerdo Humanitario no interpreta al país

23.10.06

colombia.indymedia.org

Bogotá, 20 de octubre de 2006. La ruptura de los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC frente al tema del Acuerdo Humanitario es una posición que rechazamos. No queremos que un rescate, anunciado por el Gobierno, termine con nefastas consecuencias, como ocurrió en el pasado con el rescate del gobernador de Antioquia y de la ministra Consuelo Araujo.

El Gobierno no puede tomar decisiones políticas sobre la posibilidad de un acuerdo humanitario con base en informaciones que se están procesando. Hoy, se desconoce a ciencia cierta quienes son los culpables de la bomba que explotó el pasado jueves 19 de octubre en la Escuela Superior de Guerra, hecho que rechazamos categóricamente y sobre el cual exigimos una investigación para dar con sus perpetradores. Además, es importante recalcar que el Gobierno no puede tomar atribuciones propias de la rama judicial.

Reiteramos la necesidad de implementar una política de paz desde el Estado para que temas tan importantes como el intercambio humanitario no se decidan al vaivén de incidentes determinados, de acontecimientos recientes o de políticas propias de cada administración. Igualmente, y como lo hemos consignado en la Campaña Nacional por Acuerdos y Compromisos Humanitarios, que promovemos desde hace más de dos años, es un imperativo acudir a las normas humanitarias para aliviar la situación de las personas privadas de la libertad por razón del conflicto. Lo demás son nuevas declaratorias de guerra que sólo prolongan indefinidamente el conflicto y el sufrimiento de las víctimas.

Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de todos los secuestrados, de los presos políticos y de los policías y militares retenidos por las FARC que en este tiempo han estado esperando en vilo los primeros pasos que finalmente culminen en el acuerdo humanitario y que hoy parecen no avanzar. El citado atentado pone en entredicho la seguridad que deben brindar las Fuerzas Armadas. Ahora se endurece el desarrollo de la política de seguridad democrática que lejos de alcanzar la paz en el país ha redundado en la crisis humanitaria y en el crecimiento de afectaciones a la población civil. Por eso exigimos mecanismos efectivos de protección para todas las personas comprometidas con la lucha por la paz y que son víctimas de hostigamientos y estigmatizaciones, como es el caso de los habitantes de Pradera y Florida. Demandamos el cese de las amenazas y reiteramos que el lugar de encuentro inicial no debe militarizarse y debe conservarse.

Igualmente, pedimos que se mantengan los buenos oficios de los países amigos y de varias personalidades en el proceso de acercamiento entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y pedimos a la comunidad internacional su cooperación para la paz y no para la guerra. También hacemos un llamado para que las partes (guerrilla de las FARC y Gobierno Nacional) se reúnan, sin condiciones previas, y den inicio al diálogo que termine en el acto humanitario. Además, planteamos la necesidad de contar con una Comisión Civil que acompañe este proceso y contribuya a crear las condiciones de confianza y facilitación entre las partes, y sobre todo, ofrezca a las familias de secuestrados y retenidos, transparencia y seguridad en el proceso del acuerdo de intercambio humanitario.

Este es un esfuerzo y un llamado por sustraer a la población civil de los lesivos efectos del conflicto armado, es un reclamo de la comunidad internacional y una imperiosa necesidad para la sociedad colombiana, mientras que avanzamos en la solución política negociada al conflicto colombiano. Por ello convocamos a la jornada de resistencia civil este martes a las 10:30 a.m., en la Plaza de Bolívar –organizada por los familiares de los secuestrados y retenidos- e invitamos a apoyar los actos programados en el Valle del Cauca para el día 27 de Octubre en la ciudad de Cali.

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