Dictan Medida de Aseguramiento a 6 Militares por la Masacre de Potosí

26.01.06

Bogotá,Colombia,Enero 25 de 2006
Autor: Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Comunicado de prensa

Por el asesinato de que fueron víctimas los campesinos Marco Antonio Rodríguez Moreno, Jesús Antonio Céspedes, Ricardo Espejo, Camilo Pulido y Germán Bernal, residentes en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca (Tolima), ocurridos del 2 al 6 de noviembre de 2003, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra los miembros del Batallón de Contraguerrillas “Pijaos” de la Sexta Brigada del Ejército Nacional: sargento segundo Wilsón Casallas Suescún; cabo tercero Oscar Javier Angel Gonzalez y los soldados profesionales Edilberto Marin Malatesta, Marco Tulio Gueche Pérez, Omar Beltrán Blanco y Alepifen Rodríguez Bermudez. La Fiscalía los sindica por los delitos de homicidio, tortura, secuestro extorsivo, hurto y desplazamiento forzado.
De igual manera ordena la detención preventiva del soldado profesional Albeiro Pérez Duque como coautor del delito de hurto agravado y calificado, pues está comprometido en el robo del ganado perteneciente a familiares de las víctimas que fueron desplazadas forzosamente, y por el delito de falsedad en documento público.
Como bien sabe la comunidad nacional e internacional, el municipio de Cajamarca es tristemente recordado por un suceso anterior y otro posterior a estos hechos. En agosto de 2003 fue realizada la detención masiva y arbitraria de alrededor de 56 personas en zona rural por el supuesto delito de rebelión, entre las que se cuentan familiares de las víctimas asesinadas; y el 10 de abril de 2004, cinco integrantes de una familia (entre ellos un bebé de tan sólo 6 meses de edad), fueron víctimas también de miembros de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, quien en principio aseveraron que se había tratado de un error militar. No obstante, la Fiscalía ha vinculado a militares por este caso.
Sin embargo, la esperanza se mantiene con la decisión tomada. Es una forma de develar lo que verdaderamente ha venido ocurriendo en dicho lugar del Tolima: la responsabilidad de las Fuerzas Militares en hechos que son mostrados en un primer momento como crímenes cometidos por las AUC.

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