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7.09.05
Con este título aparece publicado por Ediciones Aurora un estudio del sociólogo José Armando Cárdenas Sarrias acerca del proceso de desmovilización individual. El análisis abarca múltiples aspectos de la reinserción, y recoge 30 testimonios de paramilitares y guerrilleros desmovilizados, que sintetizan su experiencia vivida en los grupos armados.
Conocer esos testimonios permite aproximarse a los desafíos reales que tiene la superación de la violencia en Colombia, y tomar distancia crítica de la simplista retórica de la reconciliación. Por ejemplo, algunas de las explicaciones indispensables para entender las modalidades de tortura empleadas en las masacres, se encuentran en el capítulo que narra cómo transcurre el adiestramiento en los grupos paramilitares. La formación a cargo de “comandos instructores” –en su gran mayoría ex oficiales o ex suboficiales del Ejército y la Policía– consiste en técnicas de inducción psicológica a través de las que el combatiente experimenta en sí mismo la degradación a la que luego someterá a la víctima, o mediante las que es forzado a cometer actos inhumanos contra sus propios compañeros para asimilar rápidamente el papel de verdugo. En desarrollo de tales prácticas mueren muchos de los recién reclutados, ya sea por los rigores de los ejercicios –que se realizan con munición auténtica– o por una orden arbitraria, pues los castigos son fijados según el criterio y el estado anímico de los superiores.
‘Patricia’, una ex combatiente de las Autodefensas Campesinas de Casanare, relata los maltratos constantes a los que fue sometida, y los actos macabros que tuvo que llevar a cabo. En una de las sesiones del curso de entrenamiento, ella y dos de sus compañeras no podían efectuar las pruebas en una pista de obstáculos. El instructor dio la orden de ejecutar a la que más fallaba, y luego obligó a las otras dos a descuartizar el cadáver. Por órdenes del mismo jefe, en el almuerzo de ese día les sirvieron la carne de su amiga, que ellas comieron sin saber de dónde provenía. Al concluir su relato, ‘Patricia’ dice: “No pude dormir durante un mes porque yo nunca había hecho eso, pero después uno se acostumbra…”. Otros testimonios en los que se reseñan hechos similares son aportados por paramilitares provenientes de distintos bloques del país, lo que conduce a inferir que se trata de patrones de instrucción generalizados en las diversas estructuras de estos grupos.
Esas escalofriantes historias dan cuenta de la magnitud de los traumatismos que han sido intencionalmente inducidos en el proceso de fabricación de perpetradores de crímenes atroces. La reincorporación a la vida civil de estas personas requiere crear condiciones especiales para que ellas sean acogidas en el seno de la sociedad, cuya premisa ineludible es el reconocimiento de su responsabilidad penal y ética, la reparación integral de las víctimas de sus crímenes, y la realización de acciones que tracen claramente una línea divisoria con su pasado cruento. En el caso de los menores de edad se requiere de ayuda psicológica y de asistencia social.
Pero ese no es el camino que ha decidido tomar el Gobierno Nacional. A través de la aplicación de los Decretos 128 de 2003 y 2767 de 2004, ha optado por garantizar la impunidad para los desmovilizados individuales, y además, ha decidido utilizarlos como un componente primordial en su política de guerra. Según el programa de reinserción del Ministerio del Interior y de Justicia, personas como ‘Patricia’ deben servir para “debilitar a los grupos armados del conflicto interno consolidando una estrategia de contrainsurgencia”.