
IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
4.06.08: Visita a España en el marco de la campaña internacional de solidaridad con la ACVC
31.05.08: Antioquia, nuevos maltratos del batallón Calibío contra la población civil
28.05.08: “Limpiar y mantener”: falsos positivos y eliminación de la organización social
27.05.08: Conferencia de solidaridad con la ACVC en Ginebra, Suiza
27.05.08: Audiencia especial en el parlamento europeo sobre la persecución estatal a la ACVC
16.05.08: Celebramos la libertad de Ramiro Ortega, repudiamos juicio a Miguel González Huepa
15.05.08: Sobrevivientes de masacre en Ecuador: Uribe acabó con esperanzas de miles de colombianos
14.05.08: Oposición colombiana acusa a Uribe de extraditar paramilitares para salvar a políticos
13.05.08: Jefe paramilitar asegura que todas las bananeras les pagaron ''impuestos'' a las AUC
28.07.13: Cierre de actividades de International Peace Observatory
30.05.13: Con irregularidades jurídicas y terror militar se pretende desplazar a la comunidad de Pitalito
21.05.13: El MOVICE apoya el retorno de la comunidad desplazada de Pitalito (Cesar)
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20.03.06
En una flagrante violación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención contra la tortura, tropas pertenecientes al Batallón Calibío, con sede en Puerto Berrio, detuvieron en forma ilegal, torturado y amenazado a varios niños de la región.
Los hechos denunciados por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra tuvieron lugar el 10, 11 y 12 marzo en las veredas Puerto Matilde, San Francisco y Santo Domingo, municipio de Yondo, Antioquia.
A través de varios operativos en las veredas mencionadas, los militares acompañados de un reinsertado de las FARC, conocido como “El Mocho”, después de realizar detenciones masivas, amenazaron a los pobladores sino entregaban información sobre el paradero de la guerrilla.
Los campesinos denunciaron los siguientes casos:
El 10 de marzo, el menor Johan Alexis Hoyos, 16 años, fue retenido ilegalmente por 24 horas en cercanías de las veredas Santo Domingo y Puerto Matilde. Una vez dejado en libertad, se le obligó a firmar una constancia de buen trato.
El 11 de marzo, los hermanos Juan Gabriel y Juan Pablo Barahona, de 16 y 17 años respectivamente, hijos de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Puerto Matilde, fueron apresados sin orden judicial cuando trabajaban en su oficio de aserradores.
Los menores, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla, se les ató de pies y manos, se les amenazó con matarlos con la misma motosierra de sus labores prendiéndola para intimidarlos con el ruido y se les apuntó en los rostros con fusiles desasegurados sino entregaban información a la tropa. También fueron objeto de intimidaciones con armas cortapunzantes. Como condición para marcharse a su hogar, se les obligó a firmar una constancia de buen trato.
El 12 de marzo, otro menor de edad de 15 años, en un lugar conocido como Hueco Frío, vereda de San Francisco, fue retenido por espacio de dos horas. Solo gracias a la presión de los pobladores y el patrón de la finca, el niño en mención recuperó su libertad.
Esta situación se da mientras cuatro de las diez familias que quedaron en vereda de San Francisco (23 se desplazaron a Yondó) y que se habían negado a dejar sus pequeñas fincas, ahora cuando lo pretenden hacer, son amenazadas por el ejército si se mueven de dicha vereda.
Otro tanto se viene presentando en la vereda Puerto Matilde pues sus habitantes han comenzado a desplazarse ante los señalamientos sin ningún asidero de reinsertados.
Humanidad Vigente advierte una vez más que inmiscuir a los menores de edad en la guerra, el señalamiento y la tortura de éstos, constituyen una violación flagrante de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la Declaración de la Mujer y el Niño en Estados de emergencia o de conflicto armado en lo referente a tratos o penas crueles y degradantes y conmina a los responsables de estas prácticas a su cese inmediato así como al gobierno colombiano y los organismos de control de derechos humanos elevar la vigilancia en el cumplimiento de las normas en defensa de la infancia.
Humanidad Vigente