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13.09.05
“La paz no es el fin de lo ilegal.” La frase, valga la aclaración, no es de ningún opositor al proceso de paz con los paramilitares, sino de Roy Godson, un profesor norteamericano experto en la cultura de la legalidad –la antípoda de la cultura mafiosa– que estuvo participando en el Seminario ‘Democracia, imperio de la ley y paz en Colombia’, realizado este fin de semana en Medellín.
La frase, corta pero sustanciosa, refleja de manera elocuente uno de los grandes interrogantes y peligros que entraña este proceso de paz con las Auc, si el Gobierno se conforma con desmovilizarlas dejando intactas sus estructuras de poder. ¿Podrá esta paz que se está pactando consolidar una cultura de legalidad que nos permita fortalecer nuestro precario Estado de Derecho? La pregunta vale la pena hacérsela, aunque en el Gobierno ya tengan la respuesta. Por muchas razones, para muchos colombianos la posibilidad de que esta ley sea una fuente que incentive la mentalidad de lo ilegal frente a lo legal es un peligro latente.
La primera señal de inquietud tiene que ver con el “cambio extremo” que ha venido sufriendo el fenómeno narcoparamilitar desde que se inició el proceso de Ralito, tal y como lo demostró la entrevista de Eleonora Pineda y de Rocío Arias en EL TIEMPO de ayer con Yamid Amat. ¿Hasta dónde esta pretensión de transformar a connotados y temibles narcoterroristas para convertirlos en remozados héroes de nuestra asediada democracia resulta convincente y creíble a los ojos de muchos colombianos que hoy son víctimas de esa estructura mafiosa que las Auc han montado en las regiones, a través de la cual se han hecho al juego, a la salud y a una clase política que los apoya ciegamente? ¿Cómo es posible que este cambio extremo se esté llevando a cabo mientras en la mayoría de los departamentos del país, ciertos felinos, ciertos ‘turcos’, los macacos y los bernas están imponiendo sus designios y recurriendo al miedo y al terror para acallar a sus contradictores? ¿Cómo es posible que mientras se adelanta este proceso de paz, según la Fundación de Libertad de Prensa (Flip), la autocensura se imponga como un hecho nuevo en las salas de redacción de los medios locales?
La segunda señal de preocupación tiene que ver con el problema del narcotráfico. Es evidente que por conseguir la paz con los ‘paras’ también se ha ido minimizando el tema de su relación con el tráfico de narcóticos, a pesar de que los organismos de seguridad del Estado afirmen que el 70 por ciento del narco está concentrado en Ralito. ¿Por qué negar esa realidad? ¿Podrá ser positivo que, por el afán de obtener la paz con los narcoparamilitares, el país termine cerrando los ojos al tema del narcotráfico –principal generador de una mentalidad ilegal– y considere suficiente la justificación de que todas las guerras “han estado financiadas por el componente ilícito”, como lo dijo tan campante el domingo la representante Rocío Arias en EL TIEMPO?
La tercera y última inquietud tiene que ver con el impacto y credibilidad que pueda tener este “cambio extremo” en Washington, especialmente en el Congreso, que aprobó el Plan Colombia como una estrategia en su lucha contra las drogas. Por el momento, esta metamorfosis estética ha suscitado algunas dudas en el Departamento de Justicia, donde se tuvo que elevar una consulta sobre si se podía o no apoyar y financiar a las Auc, teniendo en cuenta que ellos formaban parte de la lista de los grupos considerados terroristas en Estados Unidos. La consulta acaba de salir y, aunque aún no se conoce el contenido, al parecer es favorable a las Auc. Lo lógico es que el próximo paso sea el de sacar a los ‘paras’ de esa lista, lo que, a su vez, podría hacer desistir a los Estados Unidos de pedir la extradición de ‘Berna’ y compañía. De esta forma, estos últimos estarían listos para que, en pocos años, puedan llegar a ser ministros de Estado, como ya lo propuso Eleonora Pineda, e incluso puedan manejar el Plan Colombia. Es posible que este proceso nos lleve a la paz. Lo que no sabemos es si nos llevará a una pax mafiosa o a una paz donde no se tolere la ilegalidad.
MARIA JIMENA DUZAN
EL TIEMPO (12-09-2005)